La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, informó que Rosario
Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin “están siendo investigados en su
patrimonio”.
Durante su comparecencia en San Lázaro, legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y los partidos Acción
Nacional (PAN), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), preguntaron una y
otra vez a la funcionaria federal sobre los casos Odebrecht, la estafa maestra
y el Paso Exprés, pero ésta evitó salirse del guion y se limitó a presentar la
misma relatoría que ofreció ante el Senado de la República la semana pasada.
“Se ha inhabilitado a
tres funcionarios por los contratos de la empresa Norberto Odebrecht y a ésta
se le multó con 543.8 millones de pesos; se inhabilitó a uno más y se multó a
Odebrecht e Ingeniería en Construcción con otros 543.4 millones de pesos… a
Pemex se le multó con 1.25 millones, 2.5 millones y 119 millones de pesos por
diferentes acciones”.
Ningún dato nuevo.
Ante la repetición del guion, los legisladores insistieron: “Sabemos que usted no finca
responsabilidades judiciales, pero de acuerdo con los protocolos que están en
su página de internet ¿se encarcelará a algún funcionario como en otros países?
¿Se investiga a Rosario Robles? ¿Se le podrá juzgar a Emilio Lozoya por
presuntos sobornos?”.
Gómez no se resistió
más y soltó: “No habrá impunidad por parte de la Secretaría de la Función
Pública en materia administrativa”.
Luego, palabras más,
palabras menos, dijo que se ha sancionado por irregularidades en la ejecución
de contratos, por pagos indebidos, por duplicidad de servicios, y por
simulación en el cumplimiento de garantías y obligaciones contractuales.
Y puso nombre y apellido a las indagaciones: “Sí existen verificaciones patrimoniales
instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya, sin embargo, en el ejercicio de
derecho de audiencia que les otorga la ley, están en etapa de aclaraciones, por
lo que respetando su derecho de defensa no puedo darles más información al
momento”.
La exprocuradora general de la República no aclaró si encontró inconsistencias en esas declaraciones
patrimoniales o si existen denuncias que explícitamente lo señalen, sólo reveló
que, tanto a Robles como a Lozoya, se le ha solicitado información al respecto,
pues “están en etapa de aclaraciones”.
En los dos últimos años, abundó, la SFP ha trabajado en los
“lamentables hechos ocurridos en julio de 2017” (el socavón en el Paso Exprés
de Cuernavaca, Morelos, donde perdieron la vida dos personas), la contratación
y subcontratación con universidades (estafa maestra), Odebrecht y sus filiales,
y las actividades de rehabilitación por el sismo de septiembre de 2017.
Fue entonces cuando
reveló que por esos cuatro casos se está indagando a diversos servidores, pero
sólo dio los nombres de Rosario Robles y Emilio Lozoya.
“Hay una gran cantidad
de servidores públicos relacionados tanto con el caso del Paso Exprés como con
Odebrecht, como con la estafa maestra, donde se está revisando el patrimonio de
servidores públicos y van en distintas etapas de este trámite. Tenemos varios
servidores públicos, ya sea de SCT, de Pemex, de Sedatu, y no sólo de ellos…”
La diputada panista Sandra Paola Castañeda reviró: pues sí, pero “no hay ningún funcionario en
la cárcel, y no sólo de esos casos, hay denuncias de por lo menos dos
gobernadores que juntos suman una afectación de 258 mil 829 millones 185 mil
pesos, según distintas denuncias penales y reportes de la Auditoria Superior de
la Federación”.
Arely Gómez compareció ante las comisiones unidas de Transparencia
y Anticorrupción y la de la Función Pública. Y aunque no logró atemperar el
malestar de los diputados, presumió que la secretaría a su cargo ha rescatado
19 mil 549 millones de pesos como resultado de las 15 mil 360 auditorías
practicadas a distintas oficinas de la administración pública federal.
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