Alfonso
Durazo, próximo titular de la virtual Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, informó que para cumplir con
la primera etapa de reclutamiento, capacitación y adiestramiento de los nuevos
elementos que se incorporarían a la Guardia Nacional, se requerirían entre 10
mil millones y 12 mil millones de pesos para 2019.
Luego de la
presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, precisó que la virtual dependencia tendría
el mismo presupuesto que actualmente se está destinando a esta tarea, de casi
60 mil millones de pesos.
En entrevista,
señaló que esos recursos aumentarían de
manera gradual en los siguientes años para cumplir con el plan al 100 por
ciento en 2021.
Dijo que echarán mano de los recursos
que tiene el Estado mexicano en este momento, “pues no hay forma de salir a la
calle con 150 mil elementos, sino que hay que formar un cuerpo de seguridad
para enfrentar al crimen”.
Durazo consideró que en este momento no hay forma
de retirar las fuerzas militares de la calle porque la Policía Federal no tiene
la capacidad y las municipales son menores y no están preparadas, y en muchos
casos están infiltradas por el crimen; “preferimos tomar esta decisión y actuar
sin simulación”.
Las únicas instituciones con
capacidad para responder en este momento a la circunstancia de inseguridad es
el Ejército y la Marina, por lo que van a ser incorporados a las tareas de
seguridad pública mediante un proceso de formación académica basado en el
respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza pública y el trato con la
ciudadanía, reiteró.
“No es reforzar la militarización,
vamos a cambiarlo, nada más que no puede ser de un día para otro, toda la base
de este nuevo cuerpo de seguridad que será la Guardia Nacional”, expuso.
Alfonso
Durazo indicó que los actuales policías,
militares y marinos que tienen una formación distinta a la tropa, pues están
formados para trabajar de cerca con la ciudadanía.
Respecto a los beneficios legales a
las organizaciones criminales, dijo que el tema está sobre la mesa, pues de lo
que se trata es que cualquier criminal que se entregue y esté dispuesto a
colaborar con la justicia y ayudar al conocimiento de la verdad, y con ello
promover una rebaja en su condena.
“No tenemos por qué asustarnos de que
tomemos una iniciativa de esta naturaleza, que nos permita desestructurar las
redes criminales que tienen en el país en estos niveles de violencia”, acotó.
Destacó que será el presidente quien
ejerza directamente el mando de las fuerzas federales en la Guardia Nacional,
en tanto que en los estados se realizarían reuniones diarias encabezadas por
los propios gobernadores que atiendan directamente la problemática de
seguridad, y ya no los delegados.
“Invariablemente, el mando de la
fuerza local recaerá en un militar o en un marino, lo que estamos buscando es
darle eficacia al trabajo, el escaso estado de fuerza que tiene la Federación,
los estados y municipios para enfrentar a la criminalidad que sucede
actualmente”,
sostuvo.
Aclaró que se propone una adecuación a la visión que
establece la Constitución mexicana de la Guardia Nacional, que califica al
ciudadano como soldado y “nosotros lo planteamos con un carácter democrático,
de transparencia y respeto a los derechos humanos, que finalmente es lo que
importa”.
“Si logramos controlar el tema de las
violaciones a los derechos humanos, la ciudadanía estará satisfecha del trabajo
que haga esta Guardia Nacional”, puntualizó.
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