Patricia
Mayorga.
La Consejería Jurídica del gobierno
de Chihuahua presentó esta tarde el recurso de reclamación en contra de la
admisión de la controversia presentada por el presidente Enrique Peña Nieto
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que no sea
investigado por actos de corrupción por el gobierno estatal.
Ello, luego de que el pasado 29 de octubre el
ministro Eduardo Medina Mora admitió el recurso que protegería a Peña, sus
funcionarios y exfuncionarios de la actual administración federal.
De acuerdo
con el consejero jurídico del gobierno de Javier Corral, Jorge Cortés Espinoza,
con la reclamación buscan que se deseche
la controversia por improcedente.
Con la
admisión del amparo, apuntó, se otorgó a
Peña Nieto la suspensión definitiva contra cualquier investigación o acto legal
que pretenda promover el gobierno de Chihuahua contra él o su gabinete, durante
y después de su gestión.
Anteriormente
Espinoza Cortés informó que solicitarán
al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que una vez que entre en
funciones se desista de esa medida.
En la
promoción de la controversia constitucional, el consejero jurídico de la presidencia de la República, Misha Leonel
Granados Fernández, solicitó el recurso “contra las investigaciones,
averiguaciones previas, carpetas de investigación, solicitudes de información,
órdenes de investigación, solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o
relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales”, que tengan
relación directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el ministro que
decidió admitir la controversia, es procedente porque hay antecedentes donde se
plantea la invasión del gobierno de Chihuahua a la esfera del gobierno federal,
por lo que, explicó, la admisión no prejuzga si lo demandado es o no
inconstitucional. De igual manera, detalló que no se conoce qué funcionarios
podrían ser investigados, información que podría conocerse cuando la SCJN
reciba las constancias.
Si no se le
otorga la suspensión a Peña Nieto y sus funcionarios podría generarse una
situación grave de impunidad generalizada, ya que no hay certeza sobre los
fiscales y jueces que podrían ser competentes en los casos presuntamente
investigados, destaca el documento de admisión del recurso.
La medida cautelar otorgada por el
ministro suspende las investigaciones y procesos hasta que la SCJN determine si
las conductas delictivas que buscan investigar deben ser conocidas por las
autoridades federales o locales.
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