“El Chapo”, un juicio politizado.

Dolia Estévez.

Por más verosímiles que parezcan los alegatos de Jesús “El Rey” Zambada contra Genaro García Luna, los fiscales en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán no han producido una sola prueba que corrobore los alegatos de sobornos millonarios contra el otrora poderoso titular de Seguridad Pública de Felipe Calderón. O, en su defecto, contra políticos, militares y policías mexicanos de altos vuelos a quienes el hermano de “El Mayo” Zambada también asegura haber pagado millones de dólares.

Hasta ahora, el gran ausente en la sala donde el capo es juzgado en Brooklyn, Nueva York, ha sido un cuerpo de evidencias probatorias. Las acusaciones de sobornos que lanzó Zambada son las mismas que hizo en su testimonio inicial tras ser extraditado en 2012. El peso jurídico está en que dice haber sido partícipe en la comisión del delito. Es decir, no es la narrativa de un tercero. Sin embargo, me dicen, no hay videos, audios y fotografías que acrediten sus imputaciones. El miércoles de la semana pasada, en un intercambio privado, el Juez Brain Cogan pidió pruebas a los abogados de las partes acusadora y acusada. Jeffrey Lichtman, defensor de Guzmán, y Gina Parlovecchio, de la Fiscalía, dijeron no tenerlas. Aquí el diálogo, hasta ahora inédito, según transcripción de la Corte:

Lichtman–…lo que me gustaría argumentar es que “El Mayo” Zambada le puso una trampa a Guzmán… y lo hizo sobornando al gobierno mexicano….

Juez–¿Tiene evidencia de eso? ¿Tiene evidencia?

Lichtman–¿Si tengo evidencia? ¿Si tengo evidencia de que “Mayo” Zambada estaba sobornando al gobierno?

Juez—Para efectos de desviar la culpabilidad [del “Chapo” al “Mayo”]. Ese es el problema que tienes.

Lichtman—entiendo que es un tanto forzado llegar a esa conclusión, pero es un argumento. ¿Por qué no puedo hacer ese argumento?

Juez—Es un argumento siempre y cuando puedas presentar pruebas para que el Jurado pueda razonablemente ver eso. Por eso pregunto si hay alguna evidencia. No vi evidencia en los preparativos para el juicio. Todos Ustedes conocen el caso mejor que yo. Como dije antes, tengo que pedirles que tengan cuidado en prometer al Jurado cosas que no pueden darle…

Juez–¿Cuál es la posición del gobierno?

Parlovecchio—Su Señoría, estamos de acuerdo con Usted. No hay pruebas de las que tengamos conocimiento de que “Mayo” Zambada sobornó al gobierno mexicano con el propósito de mantener como blanco al acusado…

El Juez “selló” el acceso de la prensa a las transcripciones de las conversaciones privadas. En otras palabras, clasificó como secreto el expediente completo, lo que incluiría pruebas. No le gustó que los medios reportaran que Lichtman pidió la anuencia del Juez para hacer una revelación explosiva sobre un presunto soborno por 6 millones de dólares “al presidente en funciones” de México. Se deduce que es Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el nombre de Peña Nieto no ha sido explícitamente mencionado.

El objetivo de la Fiscalía es condenar a Guzmán al menor costo político posible para sus socios mexicanos y para la DEA, así como defender una sangrienta estrategia fallida en la que el gobierno de Estados Unidos es cómplice. El nivel de secrecía, insólito según especialistas, buscaría no embarrar demasiado a la clase política mexicana, por un lado, y proteger a la DEA, por el otro. “Tu hipótesis de que el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la comunidad de agencias están tratando de mitigar cualquier daño a la cooperación bilateral, probablemente es correcta”, me dijo Dave Gaddis, ex director de la DEA en México y actual CEO de G-Global Protection Solutions, Inc., consultara especializada en análisis de riesgo.

En retrospección, la extradición de Guzmán a Estados Unidos fue un cálculo arriesgado, no sólo para el gobierno mexicano sino para la DEA. “Siempre se dijo que el gobierno mexicano había querido evitar su extradición porque sabía demasiado. Pero la presión de Washington por entregarlo fue demasiado y el gobierno mexicano no quería poner en riesgo otros asuntos de suma importancia para el país y decidieron mejor aguantar la tormenta de lo que pudiera decir ‘El Chapo'”, me dijo Tony Payan, director del Centro México del Instituto Baker en Texas.

Según el también catedrático de la Universidad Rice, las agencias gubernamentales estadounidenses juegan un papel mucho más perverso de lo que se percibe. “Es un juego de gatos y ratones. Al final, uno se pregunta hasta dónde los ‘gatos’ de este juego perverso terminan siendo también ‘ratones'”. Payan dice que hay mucha información que no “deja bien paradas” a la DEA y a la CIA. “Ambas han tenido un acceso sin precedente al juego narco en México desde hace por lo menos doce años, y claramente ellos prefieren que, si se puede, el caso se lleve a cabo con sólo aquella información que sea suficiente para llevar el juicio a su éxito, pero sin salpicar sus actividades encubiertas y a veces no tan encubiertas”.

La acusación contra García Luna es quizá la más convincente. En 2012, fue implicado por el capo Édgar “La Barbie” Valdez Villarreal, de haber recibido dinero de sobornos. También se le ha relacionado con la tortura y violaciones a los derechos humanos.

Gaddis dice que García Luna nunca fue sometido a un examen de confianza (vetting) por la DEA, pues los mandos superiores no son objeto de ese tipo de escrutinio. “Uno juega la mano que le toca”, dijo en alusión a una partida de cartas. Gaddis conoció a García Luna. Compartió muchas horas con él en reuniones de trabajo, en su finca de fin de semana y en su residencia en la Ciudad de México. “Fue un servidor público trabajador y dedicado. Sería una lástima que tuviera un lado oscuro. No puedo decir con certeza si tiene o no”, comentó.

El juicio del famoso capo de Sinaloa, que tiene embelesada a la opinión pública, ha tenido enorme eco en las redes sociales donde la gente exige juzgar a los narco-corruptos. Sin embargo, de no haber un cambio de timón que despolitice el proceso y de pie a investigaciones penales de los señalados, pasará a la historia como el juicio que pudo haber sido y no fue.