El Comité de
la ONU sobre Desapariciones Forzadas lamentó
hoy que persista “una situación de desapariciones generalizadas en gran parte
del territorio” de México y que “imperen la impunidad y la revictimización“.
En el
informe final divulgado al término de una sesión en la que examinó la situación
en México -junto con la de otros dos países-, el Comité critica que no existan datos confiables sobre desapariciones
forzadas y que las condenas sean escasas en el país latinoamericano.
Asimismo, afirma que el alto número de cadáveres sin
identificar y de fosas clandestinas sin atención constituyen una “emergencia”
que las autoridades deben atender.
El órgano de
la ONU considera también que hay
obstáculos para la participación de las víctimas y sus organizaciones en los
mecanismos oficiales de búsqueda e investigación, así como para que obtengan
verdad, justicia y reparación integral.
La existencia del Grupo de Trabajo
para la Identificación Humana de México es a todas luces insuficiente debido a
que escasean los servicios forenses capaces de acompañar los procesos que
deberían conducir a exhumaciones e identificaciones, según han concluido los expertos del
Comité.
Asimismo, en el informe se pide a las autoridades
mexicanas que pongan rápidamente operativo el Registro Nacional de Personas
Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos
Forenses y el Registro Nacional de Fosas.
Por otra
parte, se expresa la preocupación que ha
causado el rol otorgado a las fuerzas militares en las tareas de seguridad
pública en la mayor parte del territorio nacional, así como la creciente
militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley.
Se teme que todo ello pueda
contribuir al aumento de la desaparición forzada y de la impunidad.
Por ello, se recomienda “fortalecer a las fuerzas
civiles del orden y establecer un plan de retiro gradual, ordenado y
verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.
En otro
apartado de su informe, el Comité
lamenta no haber podido realizar la visita de trabajo a México que planteó al
gobierno en 2013 y sobre la que ha insistido sin éxito.
Por ello, aprovechó este informe para pedir al actual
gobierno que dé su consentimiento para que esa misión pueda realizarse.
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