La Fiscalía General del Estado de
Durango (FGED) investiga desde hace cuatro meses el presunto desvío de 226
millones de pesos de recursos estatales provenientes del Secretariado Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad Pública a dos empresas de operaciones
simuladas durante 2016, el mismo periodo electoral indagado en Chihuahua.
Durango fue gobernado por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) durante su historia reciente hasta este 2016
con la llegada del Gobierno panista de Jesús Rosas Aispuro.
La Fiscal
Ruth Medina Alemán explicó que iniciaron
con la indagatoria a raíz de seis denuncias formales que se interpusieron desde
agosto pasado por parte del actual Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública de Durango, Omar Carrazco Chávez.
“Encontramos la presencia de algunas
empresas que estaban consideradas como fantasmas que también habían sido
beneficiadas con algunos contratos de aquí”, dijo la Fiscal duranguense.
Del total de
las demandas penales, dos ya se han
judicializado y vinculado a proceso a dos ex funcionarios del Secretariado de
la administración pasada del priista Jorge Herrera Caldera (2010-2016), quien
ha promovido más de 40 amparos para no ser detenido, de acuerdo con el
Consejero Jurídico Galdino Torrecillas Herrera. Otros 100 ex funcionarios
públicos han recurrido a la misma medida.
En octubre recibieron prisión
preventiva el entonces Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública de Durango y la administradora del órgano.
De esas dos denuncias ya
judicializadas en carpetas, y a partir de la declaración de uno de los dos
vinculados, agregó la Fiscal, siguen analizando la presunta responsabilidad de
otro ex funcionario del Secretariado estatal.
La Fiscal de
Durango, Ruth Medina Alemán, añadió en
entrevista que “creemos que puede estar enmarcado” [en dicha operación]
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, empresario priista actualmente vinculado a
proceso por el pago de 1 millón 740 mil pesos de la Secretaría de Hacienda de
Chihuahua a dos empresas, Jet-Combustibles [de su propiedad] y Promotora de
Señalamiento Integral [representada por su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez], a
cambio de servicios presuntamente no prestados, de acuerdo con lo expuesto por
el Ministerio Público en una audiencia de enero de este año.
El 31 de
octubre, en conferencia de prensa el Gobernador de Chihuahua Javier Corral
Jurado afirmó que en el caso del estado de Durango se investiga a las mismas
empresas relacionadas con las triangulaciones de recursos descubiertas en
Chihuahua.
“Estamos
dispuestos a colaborar en cuanto nos soliciten esa ayuda, toda vez que las
consignaciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado de Durango coinciden
con tres empresas que también acá funcionaron en el esquema de triangulación de
recursos públicos hacia el PRI nacional por virtud de empresas fantasma. Dos de
esas empresas fantasmas son las mismas que fueron consignadas en el expediente
de Chihuahua conocido como educación, 250 millones de pesos. Y una tercera,
Jet-Com[bustibles], que también ha sido consignada en el expediente del estado
de Durango coincide también con la empresa que consignó el estado de Chihuahua,
propiedad o bajo la titularidad del hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”,
declaró.
La Fiscal Medina, por su parte,
prefirió reservarse los nombres de las empresas porque no han concluido la
investigación y porque forman parte de otras carpetas, pero reveló que ya se
ampararon las empresas Sinax y Sissa, dos de las cuatro empresas fantasmas del
caso de los 246 millones de pesos distraídos en la Secretaría de Educación de
Chihuahua.
Actualmente la Fiscalía de Durango se
ha reunido con tres fiscales del país para compartir información, entre ellos
con Chihuahua, compartió Medina Alemán.
CHIHUAHUA LE
DICTA A DURANGO: GUTIÉRREZ
En entrevista
con SinEmbargo, Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez desestimó las declaraciones de la Fiscal de Durango pues dijo que en
cualquier investigación “no pueden descartar a nadie. Ni al Papa”, por lo que
le parece “tramposo y perverso” decir que puede estar relacionado con el caso
de Chihuahua, y aludió que quien está “dictando” a las autoridades duranguenses
es precisamente el Gobierno de Chihuahua.
“Yo no sé, que lleven a cabo la
investigación que corresponde”, afirmó el ex Secretario adjunto del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sobre el proceso en Durango. “Si es dictado de Corral,
adelante […] Quien solicitó eso [la investigación en Durango] fue Peniche [el
Fiscal de Chihuahua César Augusto Peniche]”.
Hasta el
momento, “no he tenido ningún requerimiento
de información” por parte de las autoridades de Durango, aclaró.
Gutiérrez afirmó que funcionarios públicos y medios
de comunicación lo han relacionado con lugares que ni siquiera conoce.
“Han mencionado tantos estados;
lugares donde ni siquiera sé dónde quedan. Dicen Milpa Alta. No tengo ni la más
remota idea de dónde es”, aseveró el empresario.
El 21 de
diciembre del año pasado, durante la audiencia de vinculación a proceso en
contra de Alejandro Gutiérrez por el caso de 250 millones de pesos, el
Ministerio Público leyó una declaración del ex Secretario de Educación de
Chihuahua, Ricardo Yáñez Herrera, quien
aseguró que el mismo esquema de desvíos que ocurrió en Chihuahua también se
habría repetido en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango. Yañez fue
sentenciado a cuatro años de prisión por su participación en el peculado de 246
millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal.
En octubre de este año, el Secretario
general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, sugirió lo mismo.
“Tenemos información de que se
presentó el mismo modus operandi de triangulación de recursos no solamente en
el estado de Chihuahua o el estado de Durango, hay otras entidades que también
participaron del mismo esquema”, declaró a la prensa local.
SinEmbargo publicó este lunes que la Fiscalía General
de Chihuahua tiene una investigación en proceso que menciona a Alejandro
Gutiérrez Gómez, un hijo de Alejandro Gutiérrez, segundo hombre más importante
del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario
Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones fue el
dirigente.
“Manlio es mi amigo. Va a seguirlo
siendo toda la vida, porque es mi amigo más allá de la política”, aclaró Gutiérrez Gutiérrez.
De acuerdo
con la Fiscalía de Chihuahua, Alejandro
Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de Señalamiento
Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles fueron contratadas
por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740 mil pesos para servicios
presuntamente no prestados. En junio solicitó una suspensión para no ser
detenido.
“Claro que se amparó. Cómo no se va a
amparar ante un loco como este [el Gobernador Javier Corral Jurado], para
seguir adelante con las empresas”, detalló Gutiérrez Gutiérrez.
Contó que por el proceso judicial que
enfrentó por el caso de 250 millones de pesos, por el cual vivió nueve meses en
prisión preventiva pero ya está exonerado por falta de pruebas, ya no tiene
nada qué perder.
“No tengo
nada qué cuidar más, solo que sigan mis empresas, mis socios. Tengo 30 mil
trabajadores”, afirmó. Solo en Chihuahua cuenta con 12 mil empleados.
Precisó que ha presentado 46
denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), entre
ellas, contra el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el Secretario de
Educación estatal, Pablo Cuarón Galindo; el Consejero Jurídico, Jorge Espinoza
Cortés; y el Juez Alejandro Legarda Carreón, a quien –enfatizó Gutiérrez– lo
ascendieron a Magistrado después de que lo vinculó a proceso en enero por los
1.7 millones de pesos.
Pero en seis meses, destacó, “la PGR
tiene pruebas y no ha avanzado”.
DURANGO
CUIDA QUE NO SE FEDERALICE.
La Fiscal de
Durango Ruth Medina aseguró que el
proceso de investigación sobre el presunto desvío de 226 millones de pesos es
reciente y lo están realizando con cautela, ya que la mezcla de recursos
estatales con los federales podría provocar un amparo por parte de los
imputados o que, al igual que en Chihuahua, las autoridades federales atraigan
el caso.
“Tenemos ahorita acreditados la
presunta desviación de 226 millones de pesos, y solo hemos ejercido acción
penal por 60 millones de pesos [por dos vinculados]”, detalló. “Logramos
obtener por lo menos dos empresas con un monto determinado que sus entregables
no estaban acreditados”.
Hasta el momento, el Gobierno federal no ha manifestado la intención de tomar el caso.
“Advirtiendo el tema de Chihuahua, Durango fue muy cauteloso justamente en ver
el origen de los dineros [estatal o federal]”, dijo Medina.
SinEmbargo publicó ayer que el Consejero Jurídico de
Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, y la Secretaria de la Función Pública de
Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, aseguraron en entrevista que la PGR atrajo
el caso de los 250 millones de pesos con irregularidades y con la intención de
parar la indagación. En agosto, Gutiérrez Gutiérrez fue exonerado por falta de
pruebas.
El
Gobernador de Chihuahua Javier Corral, en la conferencia de prensa del 31 de
octubre, también dijo que “este caso nos fue arrebatado por una serie de
argucias y componendas entre los defensores y la PGR, y algunos jueces
federales”.
La Fiscal de Durango reiteró que para
evitar lo mismo “hemos sido muy cuidadosos en ir determinando porque en un
periodo de 2016 se cruzaron recursos estatales y federales en esas mismas
cuentas”, dijo. “Tenemos exclusivamente observado y judicializado en estas
carpetas el recurso estatal. Nos llevó mucho tiempo poderlo analizar y
desmenuzar al interior de la Secretaría de Finanzas”.
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