José Gil
Olmos.
Los primeros días del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador han sido de anuncios de transformación que han
generado distintas reacciones entre los actores involucrados, principalmente de
desacuerdo y confrontación. Se trata de una lucha de poderes o un choque de
trenes que habrá de traer consecuencias.
Con un
estilo de gobierno basado en su propia personalidad, acendrado ahora en su
papel de presidente de la República, López
Obrador y su partido Morena que tiene mayoría en el poder legislativo, impulsan
una serie de iniciativas en el marco de la lucha contra la corrupción y la
austeridad en los órganos, autoridades e instituciones oficiales.
Con razones de sobra, lo que el
presidente de la República lleva a cabo es responder a un clamor popular que se
reflejó en el voto mayoritario que recibió el pasado 1 de julio: terminar con
los privilegios y la impunidad de los funcionarios públicos, principalmente en
las cúpulas, que viven con ingresos estratosféricos, lujos, prebendas,
escoltas, teléfonos, autos y gasolina gratis. Nada que ver con la realidad de
millones de mexicanos.
La brecha entre este grupo de
funcionarios públicos con el resto de la población se ha ensanchado con el paso
de las últimas administraciones. También se ha hecho evidente la falta de
compromiso social de estos funcionarios cuya tarea y responsabilidad es
impartir justicia, transparentar el ejercicio de gobierno, mantener el equilibrio
en las finanzas públicas, manejar con responsabilidad los recursos financieros
públicos y atender las necesidades más apremiantes de la población como es la
seguridad.
Este alejamiento entre funcionarios
públicos y ciudadanía es tomado por la mayoría de la población como una afrenta
inmoral y, en algunos casos, como una traición a su quehacer y responsabilidad
social, sobre todo cuando hablamos de justicia.
El enojo social ha crecido conforme
se han hecho públicas actuaciones y decisiones de ministerios públicos, jueces,
magistrados y ministros que afectan a la mayoría, como el nepotismo,
compadrazgo, la aprobación de sus elevados salarios, la protección a los bancos
con el Fobaproa, la liberación y protección de políticos corruptos y
delincuentes, así como la indolencia y hasta el maltrato diario a los
contribuyentes.
Todo esto y otros más han sido actos
ofensivos para una sociedad que sufre, por un lado, la fragilidad económica, y
por el otro, la vulnerabilidad por la falta de justicia y seguridad.
Esta lucha
de poderes entre el ejecutivo y el legislativo frente al poder judicial,
llámese jueces, magistrados y ministros, que son los que lo encabezan, puede
llegar a terrenos peligrosos de desestabilización gubernamental.
El choque de trenes puede suscitar,
un descarrilamiento o una crisis que ya está llegando a las calles donde grupos
sociales se están organizando para protestar por la decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación de amparar a más de cuatro mil funcionarios
públicos que rechazan el ajuste salarial por debajo de lo que ganará el
presidente de la República.
Los tiempos de cambio son tiempos de
transformaciones y estas generan y habrán de generar diferencias,
confrontaciones y crisis.
Este es el inicio de la llamada
Cuarta Transformación, que viene con una sacudida en todos los órdenes de
gobierno y que también podrían alcanzar al propio poder presidencial.
Quizá esto es lo que nos hacía falta
desde hace tiempo, una sacudida del tamaño del problema que se enfrenta y que
forma parte de una crisis estructural que no puede corregirse con acciones o
decisiones superficiales o cosméticas y no caer en lo que versa el dicho
popular: cambiar para que todo siga igual.
Por cierto… Durante los últimos años, la burocracia se
ha incrementado considerablemente. Según datos consultados por el diario
Reforma en agosto pasado el aumento en el número de trabajadores en distintas
secretarías gubernamentales es de casi 200 mil trabajadores en la última
década. Esto es, el 30% más en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto.
La intención del gobierno de López
Obrador es reducirlo en al menos ese 30% que integra el personal de confianza,
así como reducir salarios a funcionarios que rebasen los 40 mil pesos de
ingreso mensual.
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