Salvador
Camarena.
En México se
han desperdiciado varias oportunidades para revisar el pasado. La más clásica
fue la foxista, en la primera alternancia.
El medroso foxismo renunció a su deber histórico y poco relevante parió sobre
las violaciones a la ley y a los derechos humanos durante el autoritarismo
priista.
A Calderón no le daban los
equilibrios (el PRI le hubiera quitado el banquito), por lo que entre el acecho
del Peje y la guerra antinarco, en ese otro sexenio panista se perdió una
coyuntura más para conocer misterios de la negra noche del priato.
Al volver a
Los Pinos en 2012, el PRI no tenía
necesidad ni incentivos para revolver los secretos político-policiacos del
régimen del que emanó. Incluso hubo más cerrazón con una polémica ley de
archivos.
Pero un día de 2018 llegó a Palacio
Nacional Andrés Manuel López Obrador, y prometió abrir los archivos de la
Dirección Federal de Seguridad y del Cisen. Ese paso podría ser alentador si de
ajustarle cuentas al pasado hablamos, pero podría resultar muy insuficiente, o
de plano contraproducente, en al menos dos sentidos.
La prensa no aguanta las ganas de que
llegue la hora en que AMLO dé a conocer la ficha que le hicieron los del Cisen
(o los de la DFS, para el caso es lo mismo). Cada semana cuestionan sobre ello
al Presidente en la conferencia mañanera. Cualquier iniciativa a favor de la
transparencia es positiva, pero dar a conocer fichas de la DFS o del Cisen
podría redundar en mucho ruido y pocas nueces.
En otras
palabras, abrir los archivos es una
medida en el sentido correcto, pero debe ir acompañada de un esfuerzo
colectivo, uno que incluya al gobierno pero vaya más allá del mismo. Uno que
privilegie la búsqueda de las historias de las víctimas, pero que
simultáneamente vea esos casos como pedazos del rompecabezas que, de armarse,
dará un panorama sobre cómo desde el sistema priista se intentó –y no pocas
veces logró– someter a ciudadanos, opositores y líderes de todo orden.
Es bueno
abrir los archivos, pero es más bueno
abrirlos con un propósito nacional de encontrar verdad y justicia. Que los
archivos sean para que las instituciones, y los ciudadanos, se den a la tarea
de conocer cómo funcionaba la opresión, la represión, el cooptamiento en la
“dictadura perfecta”. Y, mediante las sanciones que todavía sea posible
aplicar, se garantice que nada parecido se repita. Si sólo recibimos fichas y
que cada quién se las apañe, podría ser un esfuerzo insuficiente.
Ahora bien. Eso del Cisen y la DFS sonará a distractor
si este gobierno –surgido de un hartazgo popular por la corrupción, crímenes y
abusos desde el poder– no manifiesta un compromiso claro para esclarecer otros
casos de espionaje. Y hay uno, grave y agraviante, a mano: Pegasus.
Los
especialistas han declarado que ese
sistema de espionaje del peñismo estuvo activo al menos hasta pasadas las
elecciones del 1 de julio. Se ha probado, además, que 24 defensores de derechos
humanos, activistas y reporteros (entre ellos los colegas de Javier Valdez,
luego de que éste fue asesinado) fueron espiados.
Qué será lo que frena al gobierno de
AMLO de manifestarse por la apertura total de los expedientes de Pegasus y por
la investigación a fondo sobre quienes compraron y operaron los mismos.
No vaya a resultar que eso de abrir
las fichas del Cisen y de la DFS sea puro fetichismo, maniobra que refuerza
sólo la narrativa oficial del cambio, mientras para otros crímenes de
espionaje, con autores en activo a la mano, se dispensa graciosa amnistía.
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