Por Efrén
Flores.
Los recursos del Programa de Apoyo a
la Comunidad (PAC) del Gobierno del Estado de México eran un mecanismo “muy
perversivo” de control, ya que permitía que el Poder Ejecutivo estatal “tuviera
un brazo, una mano metida en el Congreso”, dijo a SinEmbargo la presidenta de la Mesa Directiva
de la LX Legislatura mexiquense, Azucena Cisneros Coss.
Según lo
informado ayer por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la Coordinación del PAC desvió
2.5 millones de pesos en junio de 2017, “sin justificación aparente”, en apoyo
a una estrategia de “propaganda negra” en contra de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), durante el proceso electoral 2017-2018.
Este dinero (presuntamente) formó
parte de los 206.1 millones de pesos que recibió la empresa Bufete de Proyectos
de Información y Análisis, para orquestar la campaña negra en contra de AMLO,
“particularmente con la construcción de la serie ‘El populismo en América’”.
El “misil” lanzado por Santiago Nieto
es un “triunfo y una reivindicación” para quienes han sufrido de campañas
negras en el Estado de México, dijo Cisneros. La diputada del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) recordó que desde la campaña política de 2017,
la guerra no cesó.
“Llevábamos dos años de vivir en carne
propia la guerra sucia en el Estado de México. Con la maestra Delfina [Gómez
Álvarez] no se tentaron el corazón; y luego con Andrés [Manuel López Obrador]”, explicó la legisladora, quien
aguarda con buenos ojos a que los crímenes electorales constituyan un delito
grave.
Por lo
pronto, la Diputada local confirmó a
SinEmbargo que “sí se va a indagar” el uso de recursos del PAC al interior del
Congreso estatal, ya que a pesar de que el programa fue cancelado a principios
de la actual Legislatura (en septiembre del año pasado) y que los nuevos
congresistas no hicieron uso del dinero, los recursos anuales ya “habían sido
utilizados al 100 por ciento por los diputados anteriores”.
El
coordinador de la bancada de Morena, el
Diputado Maurilio Hernández González, ya anunció que así será. Asimismo, el
Diputado Faustino de la Cruz “ya tenía en revisión –para que subiera– una
propuesta donde pedía y exigía que se transparentara el tema del PAC de 2018”,
indicó Cisneros. “En una semana –dijo– se subirá el punto” de acuerdo.
EL PAC Y LA
OPACIDAD.
Hace dos años y medio, en octubre de
2016, el entonces vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Javier Salinas Narváez, acusó que el Programa de Apoyo a la Comunidad
debía desaparecer porque era utilizado para “maicear” (o sobornar) a los
legisladores.
El PAC –antes llamado “Programa de Gasto de
Inversión Sectorial”– es un mecanismo estatal cuyo objetivo es contribuir “al
mejoramiento de la calidad de vida” de los mexiquenses, “mediante el
otorgamiento de apoyos” para la adquisición y suministro de bienes y servicios
de infraestructura urbana y rural, así como de servicios para el desarrollo
comunitario, se lee en los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del
Presupuesto Asignado al Programa de Apoyo a la Comunidad”.
La información
pública refiere que el PAC nació en la
década de los setenta, durante la administración de ex Gobernador mexiquense
(1969-1975) Carlos Hank González. Pero en septiembre del año pasado, los grupos
parlamentarios de la nueva Legislatura mexiquense (2018-2021) acordaron
modificar el Presupuesto de Egresos local para eliminar el PAC.
Derivado de
la reforma, el presupuesto estatal –para
este año– ya no menciona el importe de 187.5 millones de pesos del PAC, que al
menos desde 2008 y hasta septiembre del año pasado, era ejercido por los
legisladores, según lo establecido en el presupuesto para el ejercicio fiscal
2018.
Para la
morenista Azucena Cisneros Coss –y su bancada– era “muy importante” eliminar el programa, no sólo para evitar el uso
de recursos etiquetados por el Poder Ejecutivo estatal en el Congreso local,
sino también porque su ejercicio “contravenía la función de los legisladores
que están para hacer leyes”, cuando es tarea del Poder Ejecutivo “aplicar
recursos o materiales”.
Durante más de 40 años, no obstante,
año con año los 75 legisladores del Congreso mexiquense tuvieron la opción de
ejercer, cada uno, 2.5 millones de pesos del PAC. Pero tratándose de un
programa “de carácter público”, debía ser “ajeno a cualquier partido político”
y estaba “prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”, de acuerdo con sus lineamientos.
“Para nadie es una sorpresa que estos
señores hayan financiado la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel [López
Obrador]”, dijo a SinEmbargo el abogado Paulo Díez Gargari.
El hombre
que denunció y litigó (desde 2015) en contra de la empresa española OHL en el
Estado de México, refirió que el uso
discrecional de recursos públicos, la opacidad y la falta de castigo y de
aplicación de la Ley es “la triste realidad del Estado de México durante las
últimas cuatro administraciones estatales”.
A pesar de
ello, mencionó que “hoy algo empieza a
cambiar con la Legislatura estatal. Empiezan a poner frenos al estado, porque
esto no era opacidad; era total oscuridad y te enfrentabas a una impunidad
extraordinaria”.
Díez Gargari
también dijo ver “con cierto optimismo”
el anuncio de Santiago Nieto, tanto en el tema de OHL –que dio 186 millones de
pesos para la campaña negra contra AMLO– como en el del PAC.
“Hay evidencia suficiente, tanto en
el Instituto Nacional Electoral, como en la ahora Fiscalía General de la
República o la Auditoría Superior de la Federación, de que estos señores [OHL]
financiaron la campaña de Eruviel Ávila en el 2011, la [campaña] federal de
[Enrique] Peña [Nieto] en 2012, y luego la de [Alfredo] del Mazo [Maza]”.
LA OSCURIDAD
TOTAL.
De acuerdo con los lineamientos del
PAC, la Secretaría de Finanzas del Edomex es “la dependencia responsable de
administrar el programa” que era “ejercido por los Legisladores, sus grupos
parlamentarios y las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal”.
En septiembre
del año pasado, los diputados locales
revivieron lo que Salinas Narváez acusó tres años antes, señalando que los
recursos, en lugar de ser destinados a los 41 conceptos de infraestructura,
bienes y servicios para el desarrollo social que marca la Ley, eran utilizados
para generar “clientelas electorales” y castigar a representantes populares.
Inclusive, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) refiere que el uso de los recursos del PAC por parte de
los legisladores mexiquenses es “una mala práctica institucionalizada”, sobre
todo considerando que el año pasado, en términos nominales, la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México y el Congreso mexiquense “fueron los dos
órganos legislativos que más recursos ejercieron en ayudas sociales” a nivel
nacional (576 mdp en total).
Las ayudas sociales, más que una
tarea parlamentaria, son una función de una Secretaría de Desarrollo Social,
señala el IMCO en su “Informe Legislativo 2018”.
El documento
añade que “año con año los congresos de
las entidades federativas registran gastos por este concepto sin que se rinda
cuentas de ello. No es posible conocer quiénes fueron los beneficiarios,
quiénes los ejecutores, ni bajo qué reglas de asignación y operación se
manejaron”.
Tan sólo el año pasado, “los
congresos de 25 entidades federativas destinaron casi 2 mil millones de pesos
en funciones que legalmente no les corresponden” (IMCO). Además, si
consideramos que de 2008 a 2018 los legisladores mexiquenses echaron mano a
187.5 millones de pesos anuales, en esos 11 años hubo cerca de 2 mil 062
millones 500 mil pesos del PAC cuyo destino desconocemos.
SinEmbargo
intentó acceder a los datos de “Obligaciones de Transparencia” del Congreso del
Estado de México.
En la sección de “programas de
subsidios, estímulos y apoyos” (fracción XIV A), así como la del “padrón de
beneficiarios” de los mismos (XIV B), lo único que aparece es la siguiente
leyenda: “De acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables a este sujeto
obligado, no se generará en ningún momento la información de esta fracción [XIV
A y/o B] por no estar especificada dentro de sus facultades, competencias y
funciones”.
Lo mismo sucede con las fracciones
sobre “deuda pública” (XXVI), “personas que usan recursos públicos” (XXXI),
donaciones realizadas “en dinero” (XLVIII A) y “en especie” (XLVIII B), así
como las del “padrón de cabildeos” (XIX) y los “listados con información de
interés público” (I, II y III A).
Según lo
marcan los lineamientos del programa, cuando
los apoyos no sean destinados para los fines establecidos en la Ley, “se
aplicarán, en lo conducente, los procedimientos y sanciones […] en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con
independencia de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en
que se incurra en términos de la legislación aplicable”.
En más de 40 años de gasto discrecional
y opaco, nadie denunció los hechos. Pero los lineamientos y la Ley indican que
cuando las autoridades competentes –la Coordinación del PAC, las secretarías de
la Contraloría y de Finanzas estatales, los órganos de control interno, o
“cualquier otra instancia”– tengan conocimiento o reciban quejas o denuncias de
que los apoyos no fueron destinados para los fines establecidos, deberán
comunicarlo para investigar y lindar o deslindar responsabilidades.
Para Díez
Gargari, hace falta “labor de
inteligencia profunda con información confiable”. Y aunque eso pueda empezar
con el anuncio de Santiago Nieto, la esperanza sigue siendo que castiguen a
quienes hayan incurrido en delito, como a quienes omitieron dar parte a la
autoridad fiscalizadora.
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