Mayra Cisneros, Gabriel Ángeles
Ovando y Apolonio Cruz son sólo tres de los reporteros que saben que, en
Frontera, Coahuila, ejercer el periodismo es vivir en el filo de la navaja.
Cisneros, incluso, tuvo que ser extraída de Coahuila por el mecanismo de
protección para periodistas para luego ser enviada a Europa a un lugar oculto
con el fin de proteger su vida. La vida de Ovando y Cruz, afirman, está en peligro.
Los tres habrían pagado el precio por
criticar al alcalde de Frontera, el príista Florencio Siller, y a su
administración.
El 26 de
febrero pasado el director jurídico de
Siller amenazó con demandar legalmente a cualquier ciudadano que se atreviera a
hablar mal del alcalde. La declaración se volvió un escándalo en redes y en
medios de comunicación en todo el país y terminó poniendo a Siller en el
banquillo.
La resonancia que alcanzó la amenaza
hizo posible una revisión de viejos agravios de Siller en su accidentada
relación con la prensa, y presentó a Frontera como un preocupante microcosmos
que, en buena medida, refleja la dura realidad que enfrentan los periodistas en
ese universo convulso que es el norte de México.
El Border
Center for Journalists and Bloggers hace esta recapitulación del caso, con la
convicción de que el aislamiento y el olvido son el maná del que suele nutrirse
la impunidad.
El escándalo.
Así, sin más, Alain Obed Mendoza
amenazó con retirarles a los habitantes de Frontera, Coahuila, el derecho a
expresarse libremente que la Constitución garantiza a todos los mexicanos desde
1917.
Mendoza, director jurídico del ayuntamiento,
consideró conveniente, junto con otros empleados de esa administración,
realizar una reunión el 26 de febrero para refrendar su lealtad a su jefe, el
alcalde Florencio Siller, víctima aparente de una ola de críticas infundadas.
Cuando tocó
el turno a su letanía, Mendoza soltó:
“No se va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que ninguna persona, ningún
ciudadano hable mal de nuestra investidura (sic), que es el alcalde, y mucho
menos de nosotros, porque somos un equipo de trabajo”.
Y agregó: “Entonces… la persona que nos percatemos
que está haciendo manifestaciones falsas, que está declarando ante Facebook,
Twitter, cualquier medio electrónico, desprestigiando a este ayuntamiento, a
este municipio, y sobre todo a nuestro alcalde… se tomarán las medias legales,
y los recursos legales pertinentes y se va a actuar conforme a derecho en
contra de todas y cada una de las personas…”.
Pese a la evidente confusión de
Mendoza con el término ‘investidura’, el alcalde Siller, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), agradeció asintiendo las palabras de su
asesor legal.
Luego Siller correspondió a la
muestra de devoción subalterna con una palmada verbal para todo su equipo: “No
se preocupen, no se me preocupe nadie de comentarios (negativos), yo a cada uno
de ustedes los puedo ver de frente”.
El episodio quizás hubiera pasado
desapercibido, de no ser porque uno de los asistentes encontró interesante
inmortalizar el encuentro en un video que de inmediato llegó a las redes
sociales.
En minutos, Siller y su asesor legal quedaron
sumergidos en un tsunami de críticas que alcanzó las redes sociales y, durante
varios días, un lugar prominente en las coberturas de importantes medios
regionales y otros de alcance nacional.
Lejanía,
impunidad.
El brete en el que se metieron Siller
y Mendoza bien pudo haber sido atribuido a la ignorancia que compartirían ambos
en materia de garantías individuales y libertad de expresión.
Pero no. Rodrigo Rivas, quien compitió por el
Partido Acción Nacional (PAN), sin éxito, contra Siller por la alcaldía, dice
que no, que es otra la explicación.
Rivas, actual regidor de Frontera, asegura que lo
que motivó al alcalde y a su jurídico a lanzar la amenaza fue la seguridad de
que no pasaría nada, de que tendrían impunidad garantizada.
Es la misma impunidad, agrega, de la
que tradicionalmente han gozado, cuando cometen cualquier tipo de abuso, las
autoridades de municipios pequeños y aislados, no sólo en Coahuila, sino en
prácticamente todo el norte del país.
“Es el aislamiento. Nos voltean a ver
muy poco desde el centro. Normalmente estamos fuera de la mira de los medios
nacionales”, dice Rivas. “Se sienten Reyes (autoridades como Siller), creen que
hagan lo que hagan no les va a pasar nada, y durante mucho tiempo efectivamente
ha sido así”.
Ciudad
Frontera es un municipio ubicado en el centro del estado de Coahuila, que forma
parte de la zona metropolitana de Monclova y tiene poco más de 80 mil
habitantes, según el conteo de población del 2015.
Se ubica a
poco más de mil kilómetros de carretera de la Ciudad de México y a 200 de la
capital del estado, Saltillo.
Maurilio
Romo coincide en que la falta de
reflectores facilita la aparición de autoridades que añoran el autoritarismo
del pasado. Romo también es panista. Ha sido funcionario en tres
administraciones municipales en Frontera y fue presidente local de su partido.
“Si un funcionario de una alcaldía de
la Ciudad de México hubiera dicho lo que dijeron Siller y su jurídico, medios y
ciudadanos se los hubieran comido vivos de inmediato… funcionarios como Siller
nos regresan al pasado”, dice Romo.
Periodistas
en la mira.
La reciente amenaza de Mendoza,
avalada por Siller, cobra relevancia porque contribuye a una funesta
estadística que en 2017 ubicó a Coahuila como el segundo estado del país donde
más agresiones contra periodistas se cometieron.
Ese año, de
acuerdo con Artículo 19, en la entidad
se registraron 41 denuncias, la mayoría por intimidación (15) y amenazas (10).
La cifra negra podría ser mucho mayor.
De acuerdo
con la organización, las agresiones
contra periodistas habrían tenido durante 2018 el repunte más significativo
justo en Coahuila y, para infortunio de prácticamente todo el norte del país,
en Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.
En su
informe Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas, Artículo 19 presenta varios datos que
dibujan un escenario desolador para los comunicadores.
Entre 2010 y
2018 se denunciaron en México 186 delitos contra la libertad de expresión, en
los que las víctimas fueron periodistas o medios de comunicación.
Del total de
estos delitos, “gracias a la ineficiencia de las autoridades”, 99.13% estaba
impune hasta la fecha en que se presentó el informe (25 de febrero de 2019) y, sólo
en 10 casos se había obtenido una sentencia condenatoria para el responsable.
El documento
agrega que, del año 2000 hasta la publicación del informe, 123 periodistas
fueron asesinados en el país:
48 en el
sexenio de Felipe Calderón.
47 en el de
Enrique Peña Nieto y,
tres durante
los primeros 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Un dato más:
de 2003 a la fecha, 24 periodistas siguen en calidad de desaparecidos.
El reporte llega a la conclusión de
que el periodismo y la libertad de expresión “se han convertido en un frente de
resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos,
criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen
su labor sin garantías y con un alto riesgo”.
Y en
Frontera, Coahuila, ha sido exactamente así.
Historia de
abusos.
La amenaza en Frontera también cobró
mayor notoriedad por los antecedentes del alcalde. Siller ha estado involucrado
en casos de violencia en contra de periodistas en el pasado. Quizás el más
delicado es el de la periodista Mayra Cisneros.
Alrededor de
las 1:45 de la madrugada del 3 de julio del 2018, Cisneros se paró a cargar
combustible en una gasolinera en Frontera. Tan pronto se retiró de la estación
de servicio una camioneta negra la interceptó. De ella descendieron tres
hombres con el rostro cubierto, la sacaron de su auto y la subieron en los
asientos traseros de la unidad.
De acuerdo con la reportera, los
sujetos manejaron durante varias horas mientras la golpeaban y torturaban
sicológicamente. Al menos tres veces la bajaron del vehículo, la hincaron en el
piso y simularon que le disparaban con un arma en la cabeza.
En algún momento le dejaron saber que
tenía que dejarse de meter con “Lencho”, como le dicen a Florencio Siller en
Frontera.
Después de varias horas, y poco antes
de liberarla, los sujetos le ordenaron retirar la denuncia por amenazas que
días antes había interpuesto contra el alcalde.
La denuncia a la que se referían fue
interpuesta por Cisneros el 28 de junio de 2018. En ella, la periodista relató
las amenazas que le profirió el alcalde dos días antes, el día 26 de junio.
La mañana de
ese martes 26, en su programa de radio, Cisneros
habló de la escasa asistencia que había registrado la noche anterior un evento
de campaña de Siller, quien buscaba reelegirse en los comicios que se llevarían
a cabo el 1 de julio.
Terminada la
transmisión, Cisneros salió de la
estación de radio para atender otros asuntos, cuando recibió una llamada de su
jefe. Le avisaba que el alcalde estaba furioso por sus comentarios, y le pidió
contactarlo para arreglar el problema. Cisneros le llamó varias veces, pero
Siller no le tomó la llamada.
Pasadas las
11 de la mañana, Siller finalmente la
llamó. “Me empezó a insultar –cuenta Cisneros, desde la casa de seguridad en la
que vive hoy en Europa–. Me dijo que yo sólo tenía que leer los boletines que
mandaban del ayuntamiento. Intenté decirle que yo no trabajaba para él… pero no
dejaba de gritarme”.
Según
Cisneros, antes de colgar, Siller le
prometió que, pronto, sabría de lo que era capaz.
Siller ganó la reelección el 1 de
julio y se reeligió para el periodo 2019-2021. Cisneros fue privada de la
libertad por los sujetos de la camioneta negra el día 3.
Ella no sólo no retiró la denuncia
por amenazas en contra del alcalde. Días después, en una ampliación de sus
declaraciones, relató que había sido “levantada”. La Fiscalía General del estado ordenó
de inmediato medidas de protección para ella.
Elementos de la Agencia de
Investigación Criminal recibieron la orden de resguardar su domicilio, pero
nada pudo detener el acoso, las amenazas, los vidrios rotos…
El caso llegó hasta la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
y, más tarde, después de una valoración del caso, el Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decidió, en los
primeros días de agosto, sacar a la periodista de Frontera.
Cisneros estuvo resguardada en la
Ciudad de México hasta el 15 de noviembre de 2018, día en que fue llevaba al
aeropuerto internacional de la ciudad de México, de donde partió hacia Europa,
donde habita desde entonces una casa de seguridad, en la más contundente de las
soledades.
Los abogados
del mecanismo de protección le
comunicaron a Cisneros hace algunas semanas que no había condiciones para que
volviera a Coahuila. Aun así, la periodista contemplaba la posibilidad de visitar
la Ciudad de México para someterse a una cirugía en los ojos, afectados por los
golpes que recibió cuando fue privada de la libertad.
Pero las recientes amenazas de Siller
y de parte de su equipo enrarecieron el ambiente en Frontera y reavivaron los temores
entre los familiares de Cisneros. “Llamé
a mi mamá y me dijo que no quería que volviera”.
No sólo temen que Cisneros pueda
sufrir más agresiones. Su familia siente que, si ella vuelve a Coahuila,
también a ellos los pone en riesgo.
Así, pensando en todo esto, pasa los
días Cisneros, extrañando a su madre, a su hija y a sus nietos desde un exilio
obligado, y sin una sola imagen, más o menos clara, de lo que será su futuro.
“Tranquilamente, me lo quitaron todo,
me quedé sólo con la ropa que traigo puesta”.
Otros
periodistas en la mira.
El 11 de
octubre de 2018, policías de Monclova y
Frontera que estaban de asueto decidieron estrechar lazos con un partido de
futbol. Todo bien hasta ahí. Lo que no parecía del todo apropiado era que cada
equipo tenía una nutrida porra de policías uniformados que estaban viendo el
juego en horas de trabajo.
Tantas patrullas y uniformados
llamaron la atención del periodista Gabriel Ángeles Ovando, que vive cerca del
campo de futbol. Ovando se acercó y empezó a grabar la escena con su celular. A
los policías no les gustó y algunos se le fueron encima.
José García Ramos, subdirector de
Seguridad Pública de Frontera, llegó a retirar a los policías, pero los
uniformados le quitaron al reportero su celular.
Un mes
después del incidente, Ovando denunció
ante el Ministerio Público a tres policías de Monclova y a García Ramos por
abuso de poder y por el robo de su equipo de trabajo.
El caso se fue oxidando pero, el 13
de diciembre pasado, Siller presentó su informe de gobierno. Ovando, quien
dirige hoy el medio digital elnorte.tv, llegó al recinto para escuchar lo que
tenía que decir el alcalde. Pero a la entrada, policías municipales le
impidieron el paso.
Primero le dijeron que requería
invitación. Les dijo que era un evento público, que podía entrar incluso como
un ciudadano más. Luego le dijeron la verdad: eran órdenes del alcalde. No lo
quería ver porque lo ponía “inquieto”. Al final, dos minutos antes de que
terminara el discurso en el Salón Cocoa de Frontera, a Ovando se le permitió el
acceso.
El incidente fue reportado por el
periodista Sergio Rodríguez, corresponsal del periódico El Siglo.
Por
teléfono, Ovando cuenta cómo está hoy:
¿Crees que
tu vida corre peligro?
Sí. Este
señor (Siller) está loco. Puede hacer cualquier cosa en cualquier momento.
¿Cómo
enfrentas el riesgo?
Vivo solo.
Mi esposa y mis hijos no viven conmigo porque no quiero que les pase nada. La
soledad es el precio. Y mandé poner ocho cámaras de circuito cerrado en mi casa
que monitoreo desde adentro.
¿Todos los
reporteros están igual en Frontera?
Muy pocos
pueden publicar lo que realmente pasa, como Sergio Rodríguez. Hay otros, pero
la mayoría no puede hacerlo. Casi todos los medios aquí viven de los convenios
de publicidad con el gobierno municipal y los dueños no quieren perder ese
dinero.
¿Hay más
reporteros en riesgo en Frontera?
Sí, Apolonio
Cruz. Él es muy crítico, es rudo, tiene un sitio en internet y un perfil en
Facebook. A él lo anduvo cazando la policía. Un día lo agarraron y se les
escapó. Se dio una persecución. Cuando llegó a su casa se bajó rápido y trató
de meterse, pero lo alcanzaron antes. Lo golpearon, lo gasearon y se lo
llevaron detenido. Lo tuvieron encerrado hasta el otro día en la noche.
¿De qué lo
acusaron?
De nada… era
una advertencia nomás.
Ovando,
quien también fue funcionario público en el pasado, cree que la amenaza del
jurídico de Frontera, avalada por Siller, iba dedicada para Apolonio y para él.
Sabe que ambos están en riesgo, pero también sabe que a su edad (46 años), es
difícil empezar de cero, reinventarse y hacer otra cosa para ganarse la vida.
“Esta es mi
vida, he hecho periodismo durante 21 años, no quiero hacer otra cosa”, dice.
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