El gobernador de Sinaloa, Quirino
Ordaz, presume que en su administración “lo más importante es la
transparencia”; pero en esa materia sale reprobado.
Un estudio
realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala a la entidad por el alto nivel de
opacidad en el ejercicio del gasto.
El dato:
Sinaloa es uno de los 15 estados con calificación reprobatoria en el índice
nacional.
De acuerdo
con el documento Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad, Sinaloa se colocó siete puntos por debajo
del promedio nacional, debido a que no trasparentó sus ingresos recaudados,
gastos ejercidos, gasto en viáticos, comunicación social, infraestructura y
burocráticos, entre otros.
En el
ranking nacional del IMCO, la entidad
gobernada por el priista se ubicó en el lugar 23 de los 32 estados, con un
nivel de cumplimiento de 51.7 en las disposiciones que por obligación deben
presentar en tiempo y forma el ejercicio de gasto, para este caso, de 2017, el
primer año de gobierno de Ordaz.
Para el año
de referencia en el estudio, el
mandatario tuvo un presupuesto de egresos de 47 mil 983 millones de pesos.
El instituto
hace hincapié en que una cosa es lo que
los gobiernos estatales dicen en qué van a gastar y otra en lo que finalmente
gastaron.
“El cumplimiento a los presupuestos
de egresos de las entidades federativas es un acto de simulación y
discrecionalidad. Las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo
presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado”, refiere el IMCO.
Y agrega que la falta de acción por
parte de los Congresos locales es también una muestra de que no son un
contrapeso real para los gobernadores y sus respectivas Secretarías de
Finanzas.
Para el caso
de Sinaloa, detalla, dichos gastos no
estuvieron disponibles a la población, por lo que los ciudadanos no pueden saber
con precisión en qué se emplean sus impuestos.
“Una mala planeación y/o ejecución de
los recursos públicos dejan a la vista las verdaderas prioridades de las
administraciones estatales. Los gobiernos estatales asignan recursos a rubros
que no tienen un impacto directo en la población. Lo anterior no significa que
se deba eliminar el gasto burocrático, pero sí auditarlo, analizar las
necesidades de la población y replantear su tamaño”, asegura el instituto en su informe.
Acota que de Sinaloa no se tuvo
reportes en gastos relacionados con publicidad oficial, gasolina, ceremonias,
traslados y viáticos, entre otros, rubros que la mayor parte de las entidades
evaluadas sí proporcionaron.
Al respecto,
la sinaloense y diputada federal por
Morena, Merary Villegas Sánchez, dijo que no es de sorprenderse la opacidad con
que opera el gobierno y opinó que el mal manejo de información provoca la
corrupción en el país.
No obstante,
públicamente el gobernador se justificó
al decir que los análisis del IMCO se basaron en el tiempo que comenzó su
mandato, por lo que el resultado no es objetivo.
“De 2017 a 2018 se hizo mucho trabajo
precisamente en la adecuación de leyes, en la compatibilidad de la armonización
contable, porque en mi gobierno lo más importante es la transparencia;
seguramente en la nueva revisión que hará el IMCO Sinaloa va a dar un brinco
muy importante”,
consideró el mandatario.
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