Por Ricardo
Ravelo.
En la época del régimen priista,
quizá una la más oscura que se recuerde, ningún actor social escapó al
espionaje del Estado mexicano. A través de sus órganos de inteligencia, el
Gobierno federal pudo conocer la vida privada de todos o casi todos los
personajes importantes de México: nadie se escapó de la escucha telefónica
clandestina ni escondió pasaje alguno de su vida privada que no se conociera en
las altas esferas del poder.
Mediante la práctica del espionaje,
el Presidente de la República conocía la vida privada de amigos y enemigos: qué
negocios manejaba, cuánto gastaba, a dónde viajaba, si tenía amantes, si era
homosexual y con quien o quienes desataba sus correrías, si la esposa lo
engañaba o si tenía pareja del mismo sexo, si tenía vicios o era adicto a las
drogas…
Amplia y discreta era la red privada
de informantes que trabajaban para el Gobierno –la Secretaría de Gobernación,
la Presidencia de la República o la Secretaría de la Defensa Nacional – que se
dedicó por décadas a espiar a artistas, activistas sociales, periodistas,
líderes sindicales, pintores, fotógrafos y hasta personajes internacionales de
la talla de la reina Isabel II de Inglaterra y los revolucionarios Fidel Castro
Ruz y Ernesto Che Guevara, quienes planearon el ataque al Cuartel Moncada desde
México y con el apoyo del Gobierno mexicano para derrocar a Fulgencio Batista,
entonces poderoso Presidente de Cuba.
En la etapa
civil, el primer grupo de élite que se
abocó a estas tareas fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la siniestra
policía política del régimen, creada por Miguel Alemán Velasco. En una parte su
historia este ejército del mal fue dirigido por Fernando Gutiérrez Barrios,
considerado “el policía político del régimen”.
Más tarde lo secundó en el cargo
Miguel Nazar Haro, otro personaje de la historia negra de México que fue
acusado de tortura, desaparición forzada y de espionaje. También se dedicó a la
importación de vehículos “chocolates” e hizo una buena mancuerna con Javier
García Paniagua. Ninguno de ellos estuvo ajeno al narcotráfico.
Y es que desde las filas de la DFS emergieron, pujantes, la mayoría de los
capos del narcotráfico. Ahí están los casos de Rafael Aguilar Guajardo, Amado
Carrillo Fuentes –ambos cabezas del Cártel de Juárez en la década de los
noventa –y Manuel Bitar Tafich, operador financiero de Carrillo Fuentes, quien
ahora es un próspero empresario hotelero en la Comarca Lagunera.
La historia
negra de Nazar es elocuente. Se afirma
que tenía contactos por todos lados. Él y Gutiérrez Barrios disponían de
informantes por doquier. A su servicio había taxistas, meseros y las
prostitutas finas de los burdeles de postín de la Ciudad de México a donde se
daban cita políticos y empresarios.
La red de prostitución, por ejemplo,
era muy eficaz en las tareas de espionaje: tan pronto un cliente abandonaba el
hotel después de una noche de placer con alcohol y drogas las mujeres
contratadas para la orgía se ganaban un dinero adicional al pasar el reporte
correspondiente a la DFS. Nazar y su equipo se encargaban del pago y de recompensar
“el gran servicio” con algunos regalos. Era una maquinaria muy bien aceitada y
funcionaba muy bien, según se decía entonces.
En aquellos
tiempos, cuando la tecnología no era tan sofisticada como ahora, estos personajes disponían de recolectores
de basura especiales para robarse los desechos de algunas residencias. La
basura es información, decían. Y todos los días la analizaban y después
elaboraban un reporte.
Los archivos del Cisen, por ejemplo,
abiertos en el Palacio de Lecumberri, dan cuenta de amplios informes donde se
cuentan pasajes de la vida sexual de Juan Gabriel, María Félix, Lola Beltrán y
algunos capos de la droga como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca,
Don Neto, y Rafael Caro Quintero, famoso en la década de los ochenta porque
solía regalarle a sus amigos automóviles Grand Marquíz y porque ofreció pagar
la deuda externa de México, la ostentación y el poder económico sin límites.
El famoso Servicio Secreto –una
policía que operó en el país y que era todo un cártel al servicio del
narcotráfico – en realidad actuaba como una red de espías que se dedicaban no a
la prevención de los delitos sino a darle seguimiento a las actividades de
activistas políticos, sociales y a la protección del narco.
En su lista de objetivos también se
incluyeron a líderes sindicales, esposas, amantes e hijos de políticos. En
miles de casos, los servicios de inteligencia también mantuvieron durante años
–y hasta el Gobierno de Enrique Peña Nieto era una práctica ordinaria –otra red
de informantes: la que integraban mujeres del servicio doméstico, fuente
directa de información de la vida privada de cuanto personaje despertaba el
interés del Gobierno para ser espiados.
Desde la DFS
Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar tenían
una numerosa lista de teléfonos particulares interceptados para grabar las
conversaciones de cientos de actores políticos. Resultó muy eficaz, por
ejemplo, disponer del servicio de vehículos de las tiendas comerciales de la
época que se estacionaban cerca de una residencia u oficina y desde ahí
disparaban un chupón que se pegaba en una ventana y que permitía escuchar las
conversaciones de los hombres de la vida pública.
También controlaban a los choferes de políticos y
artistas, estaban a sueldo y por eso se ocupaban, también, se espiar a sus
jefes. Los jardineros y hasta los mozos de confianza formaban parte de la red
de informantes de la DFS.
En las altas esferas del poder se
sabía todo, ningún detalle se pasaba por alto. En el sexenio de Gustavo Díaz
Ordaz, por ejemplo, fueron ampliamente espiados periodistas de la talla de
Carlos Denegri, Julio Scherer García y algunos otros de Televisa, a pesar de
que éstos últimos eran aliados del poder y recibían pagos por informar sobre
las bondades del Gobierno. Por su puesto, los más afamados abogados también
fueron espiados a través de sus asistentes o secretarias.
La decisión de abrir los archivos del
Cisen permite ahora consultar la información acumulada por décadas por este
órgano de inteligencia que devino en un instrumento descaradamente dedicado al
espionaje político y no a la seguridad del país.
Ahora se puede confirmar lo que desde
hace mucho tiempo se sabía con certeza: que el Gobierno federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, mantuvo por años esta tarea del espionaje político y
social, signo de un régimen perverso del que sólo quedó el archivo negro que
ahora se exhibe en Lecumberri.
Y aquí cabe
preguntar: ¿En realidad el Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador no espía? ¿Y la seguridad nacional? ¿Y los actores
políticos?
Es claro que un hombre desconfiado
como él conoce los entretelones de esta práctica histórica, base del ejercicio
del poder de todos los tiempos. Si el Cisen desapareció, otros instrumentos
deben sustituirlos en aras de la seguridad del país y no precisamente para
hacer espionaje político.
Pero lo cierto es que ningún país del
mundo, por muy democrático que sea, ha renunciado a esa práctica que, ahora con
las nuevas tecnologías, resulta más fácil y discreta.
El
espionaje, sin duda, continúa.
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