Por Patricia
Dávila.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien
fue acusado de torturar a policías municipales cuando era procurador de
Aguascalientes, afirma que los diagnósticos en los que se basó la CNDH para
emitir su recomendación contra él fueron manipulados. Además, dice, no se tomaron en cuenta los certificados del Protocolo de Estambul,
aplicados por la entonces PGR y que demuestran la falsedad de los cargos. A
decir de Muñoz, actual subdelegado de Control Regional de la FGR, los
señalamientos son una maniobra de un grupo de funcionarios del Centro de
Reinserción Social de su entidad y el grupo delictivo La Oficina.
El 26 de noviembre de 2014, Felipe de
Jesús Muñoz Vázquez, entonces procurador de Justicia de Aguascalientes envió un
oficio a Sergio Reynoso Talamantes, secretario general de Gobierno:
“Le comunico que, durante el transcurso de
esta administración, en múltiples ocasiones se le ha informado de los posibles
vínculos que existen entre miembros de la delincuencia organizada,
específicamente el grupo radicado en Aguascalientes denominado La Oficina y
autoridades del Centro de Reinserción Social del Estado”.
En ese documento
–del que Proceso tiene copia– se explica: “Derivado
de la investigación que llevó a cabo la procuraduría del estado y de la cual
tuvo conocimiento y acceso a material video grabado en el que se advierte el
vínculo entre Luis Ricardo Benavidez Hernández, director general de reinserción
social del estado; Juan Carlos Barnola Ochoa, coordinador médico de los
servicios médicos de los centros de reinserción y Manuel González Rodríguez,
director del Centro de Reinserción Social, quien se encuentra en activo en la
Secretaría de Seguridad Pública”.
Indica que los funcionarios
mencionados se encontraban bajo el mando del secretario de Seguridad Pública,
el general en retiro Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien, afirma, no aprobó los
exámenes efectuados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Hasta este momento no se han tomado
las medidas necesarias al respecto, a pesar de la delicada información que se
le hizo saber (al secretario de Gobierno) en el oficio entregado en su oficina
el 12 de noviembre de ese año (2014)”, señala el documento.
En ese
oficio del 12 de noviembre –del cual este semanario también tiene copia– Muñoz Vázquez, actualmente subdelegado de
Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), indica que en
julio de 2011, en la Agencia del Ministerio Público número siete, se radicó la
averiguación previa DGAP/AGS/10342/07-11 por el homicidio de Jesús Camilo Reyes
Gutiérrez, entonces comandante de la policía municipal de Aguascalientes.
Se acusó del crimen a 14 personas, 12
de ellas policías municipales; aunque finalmente se levantó el cargo en contra
de tres uniformados: Genaro Macías Zapata, Juan Carlos Zamora Arenas y Salvador
Rangel Pérez.
(Fragmento
del reportaje especial publicado en Proceso 2211, ya en circulación)
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