Contra el ex
Gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no sólo no han avanzado
las carpetas de investigación iniciadas por probables actos de enriquecimiento
ilícito.
Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde
una corriente considera que estos probables actos de corrupción provocaron la
derrota en la elección del pasado 5 de junio, el mismo estancamiento tiene una
denuncia que no ha logrado expulsar al chihuahuense de ese instituto político.
“Estamos ya a tres meses de retraso”, dijo Armando Barajas,
dirigente de la corriente interna priista Solidaridad y que, en julio de 2016,
interpuso la denuncia interna para la expulsión de Duarte Jáquez y otros tres ex
mandatarios del tricolor.
El plazo para
resolver estos procedimientos fue fijado por el propio Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien, en octubre, en entrevista,
aseguró que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se pronunciaría sobre
Duarte Jáquez y sobre el quintanarroense Roberto Borge Angulo antes del fin de
2016.
“Tiene que seguir la investigación. Es uno de los
procedimientos que sigue la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y también
que sigue la autoridad federal”, dijo Ochoa Reza entonces, cuestionado por el
caso de Duarte Jáquez.
“El primero que se analizó fue Veracruz, ya con la
resolución de suspenderlo del partido del partido cuando aún era Gobernador y
ahora la expulsión (…) ahora sigue el caso de Quintana Roo y el de Chihuahua
bajo estudio de la comisión (…) y lo que me ha señalado la comisión es que
estarán resueltos antes de terminado este año”, agregó el dirigente.
A ocho meses del
inicio de la denuncia y más de cuatro de la fecha anunciada por el dirigente,
sin embargo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha procedido
sólo contra el veracruzano Javier Duarte de Ochoa –ya expulsado y, además,
prófugo–, y contra el quintanarroense Roberto Borge Angulo –suspendido en sus
derechos como priista–, mientras que el ex mandatario de Chihuahua continúa en
las filas del tricolor.
Barajas solicitó el
inicio de procedimientos de expulsión de los cuatro hoy ex gobernadores
priistas –los citados, más el neolonés Rodrigo Medina de la Cruz– luego de
las derrotas del tricolor en siete de las 12 gubernaturas disputadas el 5 de
junio, entre ellas las entidades de los Duarte y de Borge Angulo.
Desde el inicio de
este procedimiento interno, diversos analistas observaron que se trataba de una
medida “cosmética” y que contrastaba con otras decisiones del tricolor, como
dejar la Secretaría Jurídica y de Transparencia a la cuñada del ex Gobernador
de Coahuila y ex dirigente nacional, Humberto Moreira Valdés, pionero en los
escándalos por endeudamiento y, además, mencionado en una corte penal de Texas
como probable responsable de lavado de dinero.
“Creo que hay mucho escepticismo entre la gente de hasta
dónde quiere llegar el PRI, o de si van a ir a fondo contra la corrupción”,
consideró en entrevista José Antonio Crespo, académico del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE).
“El mensajes que
mandan es que son cambios cosméticos, simbólicos y que, a final de cuentas, no
van a ir a fondo, de que son selectivos y de que se decide contra quién irán en
función de los compromisos”, agregó entonces Crespo, autor de libros como “PRI,
de la hegemonía a la oposición” y “2006, hablan las actas”, entre otros.
Pero, en el PRI, la
corriente Solidaridad considera la expulsión de los ex gobernadores como parte
de las medidas “preventivas” que el tricolor debe tomar ante un eventual voto
de castigo en las elecciones federales de 2018, cuando se renovará la
Presidencia de la república.
Los cuatro ex
Gobernadores mencionados en la denuncia interna, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Hacienda, acumularon las deudas públicas más altas de la
República y, expone la denuncia de Barajas, fueron sujetos de señalamientos de
corrupción que “constituyen un hecho público y notorio y que influyeron
negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de
nuestro instituto político”.
Tan sólo Duarte de
Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo, argumentó la denuncia, acumularon al menos
78 procedimientos legales por probables irregularidades cometidas durante sus
Gobiernos; los tres iniciados en 2010.
DUARTE JAQUEZ, INMUNE.
La misma falta de
avances que la denuncia partidista contra Duarte Jáquez registra el expediente
AP/PGR/UEAF/001/2014-09, iniciado ante la Procuraduría General de la República
por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y que fue promovida por el
abogado y activista chihuahuense Jaime García Chávez.
Sin consignación por meses, la investigación sufrió en
octubre pasado, a juicio del promovente, un nuevo revés con el nombramiento del
priista Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República, debido,
dijo García Chávez, a la amistad entre los dos integrantes del tricolor.
En Chihuahua tampoco
ha sido consignada la carpeta de investigación 19–2016–16230, reiniciada contra
Duarte Jáquez por la nueva administración del Gobernador panista Javier Corral
Jurado, que además fue parte de la organización que promovió la denuncia ante
la PGR.
En ambas, se exige
establecer la forma en la que Duarte Jáquez obtuvo los 65 millones que aportó a
un fideicomiso para la creación del Banco Progreso.
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