El general Alejandro Ramos Flores,
quien hace 12 años participó de forma activa en el proceso para desaforar a
Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno capitalino, ahora es la voz
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para defender el dictamen de
la Ley de Seguridad Interior (LSI) que el Senado busca votar en comisiones el
próximo lunes.
Dicha ley ha sido cuestionada por su
posible uso con fines electorales en los comicios presidenciales del 2018,
debido a la discrecionalidad que el dictamen otorga al jefe del Ejecutivo para
el manejo de las fuerzas armadas y a su injerencia en labores que son de
carácter civil, incluyendo el uso de la fuerza pública contra manifestaciones
pacíficas.
Académicos
mexicanos y organismos internacionales comparten su preocupación por la nueva
norma.
Actual jefe
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Alejandro Ramos participó esta semana en dos reuniones del Senado de la
República para defender el contenido de la Ley de Seguridad Interior de cara a
las elecciones presidenciales del próximo año,
Durante su participación en el
proceso de desafuero iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR)
contra AMLO en el año 2004, Ramos Flores era un militar comisionado a funciones
civiles que ostentaba el grado de teniente coronel y estaba bajo el mando del
entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, un general de línea
dura que se vio obligado a renunciar al cargo tras el fallido desafuero de
López Obrador.
El 18 de febrero del 2005, cuando ya
se había iniciado el proceso de desafuero de López Obrador y Alejandro Ramos se
desempeñaba como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR,
el militar en funciones de fiscal declaró que la violación a una suspensión de
amparo del entonces Jefe de Gobierno ameritaba “pena de prisión”.
Además, advirtió que una vez sometido a proceso
penal, Andrés Manuel López Obrador no podría ser candidato a la Presidencia de
la República, puesto que no cabía la posibilidad de que se le otorgara un
amparo por dicha causa penal.
Ambas
declaraciones forman parte de una entrevista concedida por el mando castrense
al periodista de La Jornada, Gustavo Castillo, quien cuestionó al entonces
Subprocurador por el proceso de desafuero que el gobierno de Vicente Fox inició
contra López Obrador.
“¿Qué sanción podría recibir el jefe
de Gobierno por este desacato?”, preguntó el reportero.
-El Código Penal Federal establece la
pena de prisión para esta violación a la suspensión, respondió Ramos.
Otras dos preguntas clave de la
entrevista, dejaron en evidencia la postura del militar en contra de las
aspiraciones presidenciales de AMLO.
¿Jurídicamente, puede una persona
sometida a proceso penal conservar sus derechos políticos y ser candidato a la
Presidencia de la República?, cuestionó Gustavo Castillo.
–Es un discurso meramente mediático
decir que sí se puede.
-¿Hay amparo que proceda contra eso?
“No hay posibilidad, cualquier
alusión a que puede uno contender para un cargo de elección popular desde la
prisión es algo que no tiene sentido”, concluyó Ramos Flores.
Un militar
que ha entrado y salido de la PGR por 12 años.
Su desempeño
en cargos civiles y militares durante los últimos 17 años nunca frenó la
carrera castrense de Alejandro Ramos Flores, un licenciado en derecho que
ascendió a general de Brigada el 20 de noviembre del 2016, grado que le fue
otorgado con el aval del presidente Enrique Peña en su calidad de Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo
con el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública
(SPF), el general Ramos Flores ha alternado cargos en la PGR y en la Secretaría
de la Defensa durante 12 años, primero bajo el mando directo de Macedo de la
Concha como Procurador de la República y posteriormente bajo las órdenes de dos
procuradores civiles.
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