En 2015, la Sagarpa entregó a la
Universidad Autónoma de Zacatecas casi 220 millones de pesos para que diseñara
planes y proyectos a favor del campo, pero en vez de eso, el dinero fue
transferido a empresas y personas que no tenían el perfil para hacerlos, entre
ellos edecanes, policías, columnistas, carniceros y recepcionistas.
Los proyectos que se debían ejecutar
terminaron en documentos con párrafos copiados de sitios como Wikipedia,
monografias.com o buenastareas.com.
El caso forma parte de un nuevo
paquete de averiguaciones iniciadas por la PGR en noviembre pasado y que
involucran esquemas de fraude entre dependencias federales y universidades,
modelo denunciado en “La Estafa Maestra”. Todas las averiguaciones fueron impulsadas
por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este fraude
en particular, que involucra a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), fue
descubierto gracias a una revisión de la Auditoría, cuya denuncia penal ante la
Procuraduría se presentó el pasado 31 de octubre.
Lo que los auditores encontraron es que,
burlando todo esquema de licitación o transparencia, la SAGARPA le entregó
fondos a la Universidad por servicios que esta se comprometió a hacer, pero que
luego transfirió a proveedores y personas contratadas por honorarios, que eran
incapaces de llevar a cabo lo contratado.
Cuando los auditores pidieron la
comprobación de esos proyectos realizados, la dependencia y la Universidad
entregaron informes que resultaron ser una copia de múltiples páginas de
Internet, Y cuando se buscó a las empresas y personas involucradas en este
esquema se encontró que la mitad de ellas negaron haber participado en estos
procesos o firmado convenios.
En teoría, los firmantes de estos contratos fueron
representantes de los 36 beneficiarios, el rector de la Universidad, y como
testigos, el Director de Administración de Riesgos y la Subdirectora de
Calidad, dependientes de la SAGARPA.
En este
esquema de fraude, según la auditoría, estarían
involucrados tanto el rector de la Universidad, así como directivos de SAGARPA
que participaron en la firma de los convenios irregulares. La denuncia penal es
contra quien resulte responsable por un posible daño al erario de 219 millones
de pesos.
Preparando
la estafa.
De acuerdo
con los hallazgos de la Auditoría Forense 15-0-08100-12-0340 practicada por la
ASF, los 219 millones de pesos manejados irregularmente a través de este
esquema fraudulento pertenecían al presupuesto del Programa de Productividad y
Competitividad Agroalimentaria de SAGARPA, que forma parte del Plan Nacional de
Desarrollo.
Lo recursos públicos fueron
transferidos a través de una serie de movimientos que permitieron eludir
controles de licitación, gracias a la complicidad de la Universidad y varias
empresas y personas involucradas.
Todo inició
en la propia SAGARPA que emitió, entre enero y octubre de 2016, cinco
convocatorias para acceder a recursos del mencionado programa y cuya finalidad
era la ejecución de estudios, investigaciones, diagnósticos, sistemas de
información, asistencia técnica y capacitación en diversas actividades.
“Supuestamente”, señala la Auditoría,
36 beneficiarios de estos recursos emitieron propuestas para acceder a ellos,
pero a su vez pidieron, sin excepciones, que todo el presupuesto (219 millones
de pesos) fuera transferido a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La SAGARPA firmó entonces convenios
con cada uno de los 36 beneficiarios en donde éstos aceptaban que el recurso
federal no les fuera transferido a ellos sino a la universidad. Los 36
beneficiarios también firmaron un contrato de cesión de derechos con dicha casa
de estudios.
Finiquitado lo anterior la SAGARPA
firmó directamente con la Universidad cinco convenios de colaboración y le
transfirió los recursos cedidos ya por los beneficiarios: en total 219 millones
430 mil pesos.
“La Universidad declaró que contaba
con los profesionales especializados, así como con los recursos técnicos y de
capacitación, necesarios para la ejecución, supervisión y seguimiento de las
acciones encomendadas en los mismos, así como, con los recursos humanos,
materiales y técnicos suficientes para ejecutar con eficacia y calidad los
servicios solicitados por la SAGARPA, por lo que sería la única responsable de
su ejecución”,
señala la auditoría.
Pero lo
anterior, como es el común denominador
en los fraudes con la modalidad de La Estafa Maestra resultó ser falso. La
Universidad no ejecutó los servicios, sino que transfirió el dinero otras
empresas y personas en condiciones opacas e irregulares.
Carniceros,
policías, edecanes, columnistas…
Violando el
acuerdo firmado con SAGARPA, la Universidad transfirió los 219 millones de
pesos que recibió de dicha dependencia a terceros para “realizar los servicios
contratados”. Esto sin ningún tipo de licitación o mecanismo que garantizara
condiciones óptimas en el manejo de los recursos públicos.
Del total de dinero recibido 128
millones de pesos fueron entregados a 16 proveedores que a cambio entregaron
facturas por diversos conceptos relacionados con la supuesta ejecución de los
proyectos, mientras que otros 76 millones se distribuyeron entre 624 personas
contratadas por honorarios para ejecutar servicios relacionados con los mismos
proyectos.
Cuando los
auditores verificaron el perfil de las personas externas contratadas por
honorarios se encontraron que estos no eran especialistas en temas de
desarrollo rural y agropecuario ni ingenieros industriales. De hecho, no tenían
ni remotamente el perfil de un especialista que pudiera proporcionar el
servicio supuestamente realizado.
“En su mayoría no contaban con el
perfil requerido para realizar los proyectos ya que, de acuerdo con la
información contenida en los documentos que muestran su experiencia laboral,
existen personas cuyos perfiles corresponden a recepcionistas, encargados de
hoteles, vendedores de seguros, columnistas de medios informativos,
mercadólogos, diseñadores gráficos, asistentes administrativos, edecanes,
telefonistas, auxiliares contables, carniceros, policías, responsables médicos,
cajeros, nutriólogos, entre otros”, revelaron los auditores.
La ASF detectó además que la
Universidad había erogado 14 millones de pesos por supuestos “pagos
administrativos” de los que no existió la más mínima comprobación. A esto, se
suman otros 561 mil pesos que se destinaron para boletos de avión, prendas de
vestir, gastos de seguros médicos mayores, comidas en restaurantes, compra de
laptops, entre otras cosas que nada tenían que ver con los convenios.
Copy-paste
de internet.
Como parte
del procedimiento de auditoría se solicitó a SAGARPA y a la Universidad
Autónoma de Zacatecas copia de los proyectos que fueron realizados con los 219
millones de pesos transferidos. Ambas instancias entregaron exactamente las
mismas carpetas de documentos.
Cuando los auditores verificaron la
información recibida encontraron documentos construidos en su mayoría con
extractos (en algunos casos idénticos) de distintas fuentes portales digitales.
“Los proyectos fueron extraídos de
diversas páginas de Internet, y por tanto, no fueron realizados por la UAZ, por
los proveedores ni por los prestadores de servicios contratados, no obstante la
Universidad distribuyó a través de diversos pagos, los recursos otorgados por
la SAGARPA a empresas y personas físicas, sin que se llevaran a cabo los
trabajos para los cuales fueron contratados”, apunta la Auditoría.
Para
confirmar lo anterior, el informe de los
auditores incluyó un cuadro completo con cada proyecto entregado y las fuentes
de donde fue sustraída la información, ya sea con textos idénticos o con
formatos similares.
Así se advierte,
por ejemplo, que en el proyecto denominado “Análisis de la Estrategia Actual de
Atención Territorial e Impacto de los Programas de Apoyo al Sector Rural, en
los municipios de la Cruzada contra el Hambre o de Alta Marginación”, la información fue copiada de cuatro
fuentes: Wikipedia y Buenas Tareas, así como del sitio web de la Cruzada contra
el Hambre y un pdf del Estado de Campeche.
Otro
ejemplo. En el proyecto denominado “Estudio de Factibilidad para el
Establecimiento de cultivo de Nopal en Tierras ociosas en los estados de
Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas con fines Alimenticios,
Energéticos y Ambientales”, la
información fue copiada de cinco portales, dos de ellos eran artículos alojados
en el sitio www.monografías.com.
Este fue el común denominador en
prácticamente todos los documentos entregados por SAGARPA y por la Universidad,
lo que llevó a los auditores a concluir que en realidad no se había hecho
estudio o proyecto alguno, o por lo menos no uno serio.
Robo de datos
y operación fantasma.
Como parte
de las revisiones, los auditores también
acudieron a visitar al grupo de 32 beneficiarios iniciales de los recursos de
SAGARPA que supuestamente presentaron una proporción conjunta cediendo todos
los derechos de dichos convenios a la Universidad de Zacatecas y lo que
hallaron fueron más irregularidades.
Resultó que 15 de los 32
beneficiarios rechazaron haber firmado cualquier tipo de convenio con la
dependencia federal o con la Universidad, e incluso haber hecho propuesta
alguna, por lo que los auditores presumen que hubo un mal uso de datos
personales. Otros cinco no fueron localizados ni hay
certeza de su existencia, a dos más sí se les ubicó, pero no quisieron entregar
información y el resto sí aportó datos pero llenos de contradicciones.
Cuando se le hicieron estas
observaciones a la dependencia federal, entregó supuestas actas con firmas de
convenios que en realidad no coincidían con la de los beneficiarios.
En este
contexto los auditores denunciaron no
solo que se pagó por proyectos que no se realizaron, sino que incluso se quiso
simular la comprobación de los mismos.
“Para la comprobación de los recursos
(SAGARPA) proporcionó información y documentación irregular. Lo anterior fue
propiciado por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su
gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos
convenidos, lo que ocasionó un daño al erario”, finalizó la ASF.
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