Los legisladores de la Comisión
Permanente impulsan una investigación “por diversas irregularidades en el
ejercicio de las participaciones federales”, recibidas por el gobierno estatal,
“que presumiblemente representaron 960 millones de pesos”.
La revisión incluye la actualización
“sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a la Cuenta Pública
2016”.
El documento
sostiene: “El gobierno de Morelos
incurrió en distintas irregularidades que podrían representar un daño al erario
público por casi 960 millones de pesos”.
Señala que
“De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1138,
correspondiente a la Cuenta Pública 2016, el
gobierno estatal realizó pago por “Servicios Personales” por más de mil 601
millones de pesos; no obstante, no presentó la información comprobatoria y
justificativa del pago de más de 451 millones de pesos”.
Además, “La
Auditoría Superior de la Federación detectó
que se realizaron pagos por más de 72 millones de pesos por “Servicios
Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios”, sin embargo, la
documentación no corresponde a las Participaciones Estatales”.
Precisa que
“En el ejercicio de los recursos
transferidos al concepto 4100, “Transferencias Internas y Asignaciones al
Sector Público”, el gobierno de Morelos no comprobó más 249 millones de pesos”.
“La ASF señaló un probable daño al erario por más
de 53 millones, porque el gobierno del estado no presentó la documentación del
ejercicio de recursos del concepto 9200 ‘Intereses de la Deuda Pública’”.
El gobierno
de Morelos “realizó transferencias
indebidas de los recursos de Participaciones Estatales por un monto de más de
63 millones de pesos. La ASF identificó pagos por trabajos que no se
concluyeron por más de 4 millones de pesos”.
“De igual forma realizó pagos en
exceso respecto de la plantilla de personal autorizada, por lo que se presume
un daño al erario por casi 12 millones de pesos. Asimismo, la ASF detectó que
el gobierno estatal realizó pago por concepto de percepciones que no se
encuentran autorizadas, por más de 50 millones de pesos”, se añade.
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