Legisladores de oposición sostuvieron que el Gobierno federal
obstaculiza la justicia en los supuestos sobornos entregados por Odebrecht a
funcionarios mexicanos para evitar que el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) pierda las elecciones de 2018, y alertaron
que además opera para dejar incondicionales en puestos clave que le permitirán
impunidad luego de que finalice el sexenio.
“En 10 países de
Latinoamérica ya actuaron y aquí lo que se ve claro es que van esperar a que
pasen las elecciones e, incluso, hasta que pase el Gobierno federal actual,
porque parece ser que está involucrando el presidente [Enrique Peña Nieto], no
alguien cercano, sino él mismo”, señaló Francisco Búrquez Valenzuela, Senador del Partido
Acción Nacional (PAN).
Dos meses después de
que las primeras declaraciones de directivos de la empresa brasileña Odebrecht
salieran a la luz pública señalando el pago de sobornos a Emilio Lozoya Austin,
ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el titular de la Procuraduría
General de la República (PGR) Raúl Cervantes Andrade renunció al cargo.
En un último mensaje, Cervantes
aseguró la conclusión de la investigación en una alusión directa a este
escándalo internacional.
“La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de
los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México
se hayan visto. El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener
contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder dinero mal
habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras
instituciones”, dijo el pasado 16 de noviembre. Tres meses han pasado y esas investigaciones no han derivado en acción
penal alguna.
Ayer, el Comité de
Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitó a la PGR que
emitiera un informe sobre la situación actual de la investigación por el caso
Odebrecht. Las carpetas de investigación por este caso han sido abiertas en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(Seido) y Fepade.
Carlos Fadigas, ex director de Odebrecht, testificó que la
filial Braskem transfirió 1.5 millones de dólares a una empresa presuntamente
vinculada con Emilio Lozoya, otrora coordinador de Vinculación Internacional de
la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Las
sumas de Odebrecht llegaron a 3.1 millones de dólares en tiempos de proceso
electoral.
Para el Senador Mario
Delgado, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es la
complicidad del Gobierno federal y la PGR lo que ha impedido avances en el
caso. “Hay una complicidad absoluta al más alto nivel y, segundo, la
responsabilidad de personajes de muy alto nivel. Que no se les olvide que Raúl
Cervantes dijo que la investigación estaba lista sobre su escritorio. Lo que
hemos visto de Odebrecht en otros países es que corrompían directamente al
cabeza, como es el caso de presidentes en Colombia y Perú que fueron
investigados”.
Cuestionado sobre si la
salida del Fiscal de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo se
suma a la complicidad, Delgado dijo:” Fue muy visible que [el Gobierno]
prefirió quitar al Fiscal de Delitos Electorales cuando se tocó el tema de
Odebrecht”.
El Senador Ernesto Ruffo Appel, uno de los impulsores del
Sistema Nacional Anticorrupción, apuntaló
que las personas que encarnan a las instituciones del sistema no han querido
dar resultados.
“El sistema de
investigación, averiguación, evaluación de los asuntos del delito en este caso,
de corrupción está en manos de autoridades asignadas al presidente de la
República, que es del PRI. No funcionan estas instituciones, como ves, o no han
querido dar resultados porque esto precipitaría que con más ganas perdieran las
elecciones”,
consideró.
A seis meses de las elecciones la presión para que haya
detenidos por los supuestos sobornos en México podría venir desde la Cámara de
Diputados. El legislador de Morena Vidal Llerenas Morales, quien preside la
Comisión de investigación de Empresas de Participación Estatal Mayoritaria,
adelantó la petición de documentos a distintas instancias.
“Vamos a solicitar los
contratos que faltan [celebrados por Odebrecht]. Falta mucho por conocer, es
increíble que no se esté actuando, hay información muy puntual por parte de
testigos brasileños que pueden tener incluso penas mayores a las que iban a
tener”, dijo el
Diputado federal.
“Hay que aceptar que hace falta robustecer las facultades del
Sistema Anticorrupción, se necesita hacer una revisión para que haya una
reforma de segunda generación. Y darle mayores facultades”, dijo Rafael
Hernández Soriano, Diputado federal por el Partido de la Revolución
Democrática.
El presidente de la
mencionada comisión esperará a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
publique un nuevo paquete de revisiones a la Cuenta Pública para profundizar
las averiguaciones.
“La Auditoría ha estado auditando Odebrecht, y algo
interesante es que encuentra que el modus operandi de Odebrecht en otros lados
inicia con contratos pequeños”, expuso Llerenas.
El caso Odebrecht no
sólo ha tenido secuelas en los nombramientos de la PGR, sino en la agenda
legislativa del periodo de sesiones que tendrá lugar entre febrero y abril.
De acuerdo con el Diputado federal por el partido Movimiento
Ciudadano Víctor Sánchez Orozco, la
reforma que transformará la PGR en Fiscalía General -que deberá dar mayor
autonomía a la dependencia y dejará a un titular durante nueve años- se
encuentra varada por la falta de voluntad de acabar con los casos de
corrupción.
“Al no haber voluntad
política de parte del Ejecutivo federal para poner a la Fiscalía General,
evidentemente, ha bloqueado de todas las formas posibles el avance hacia una
Fiscalía autónoma”,
dijo Sánchez.
El mismo 16 de octubre, quien había fungido como asesor de la
subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán,
ascendió a encargado de la PGR.
“El Presidente no ha
permitido que quien llegue al frente de la PGR se alguien que no sea un
incondicional a sus intereses. Están buscando que siga al frente el interino y
personajes afines que se protegen”, dijo Orozco.
Ruffo Appel insistió
en que nombramientos clave en el Congreso, entre febrero y abril, podrían
terminar por garantizar un manto de impunidad si no se asegura la idoneidad de
los funcionarios.
En ese periodo se
pretende el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la
Federación, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, del Fiscal General de la
República, y de Magistrados en Asuntos Administrativos. Así como mejorar
proceso de licitación de obra pública, el marco nacional del Ministerio Público
en el fuero común y la Ley Orgánica de la PGR.
“Quieren dejar
instalados a personajes que los protejan, eso es lo que yo especulo detrás de
plan acción legislativa”, alertó Ruffo.
Los legisladores de oposición advirtieron que a menos de seis
meses de las elecciones, no hay
garantías de que recursos públicos no sean desviados hacia campañas políticas
del PRI.
Hoy Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del
tricolor, enfrenta un proceso judicial en Chihuahua por la presunta
triangulación de recursos públicos que fueron a dar a la campaña estatal del
2016.
“La base electoral del
PRI depende del aceite del dinero producto de la corrupción y del cobro de piso
para la delincuencia organizada. Este caso de Chihuahua nos demuestra cómo se
rebasaron todos los escrúpulos, es meter la mano en el dinero público con
facturas falsas”,
dijo Búrquez.
El escándalo de los
desvíos en Chihuahua alcanza a otros personajes como el ex Gobernador César
Duarte Jáquez, o el ex presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, de acuerdo
con los testimonios recogidos por las autoridades.
El 12 de septiembre pasado, el actual Gobernador de
Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó 10 acusaciones penales en contra de
César Duarte Jáquez, y la solicitud de detención con fines de extradición.
“Después de más de 12
órdenes de aprehensión, curiosamente, la PGR no ha pedido la extradición, ni el
mismo Gobierno federal. El presidente Peña Nieto tiene temor de que hable César
Duarte, o de que confiese algunos otros ilícitos”, acusó Sánchez Orozco.
Llerenas Morales
insistió en que, si bien los 250 millones de pesos fueron desviados en el
estado de Chihuahua, al provenir de una bolsa federal de la Secretaría de
Hacienda pudo haber complicidad por la falta de controles estrictos. “¿Por qué
hay una transferencia de los estados a un proyecto que no es de
infraestructura? Se envía dinero a un proyecto que es fácil de desviar. Hay presunciones
de testigos y evidencia de que quien envió el dinero pudo haber estado de
acuerdo en cómo se hacía todo”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.