Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado
defensor César Duarte Jáquez, desmintió que el rancho San Isidro, asegurado el
sábado pasado en el municipio de Parral, pertenezca al exmandatario
chihuahuense.
Sánchez
Reyes Retana aseveró en un comunicado de
prensa, que el gobernador Javier Corral Jurado emitió información falsa.
“Categóricamente rechazamos cualquier
vínculo de propiedad o posesión con el predio anunciado y hago una cordial
invitación pública a Javier Corral Jurado, para que se conduzca con verdad ante
el pueblo de Chihuahua”.
El
gobernador y la Fiscalía General del Estado dieron a conocer hoy que aseguraron
otro rancho a César Duarte, quien se encuentra prófugo de la justicia por los
delitos de peculado agravado y peculado electoral.
El rancho asegurado tiene una
superficie de 2 mil 385 hectáreas, en las que se encuentra una pila de agua, un
molino de viento, un presón y un arroyo, según dijo la FGE después de que
Corral anunció el aseguramiento.
Las autoridades aseveraron que el
predio fue adquirido personalmente por César Duarte cuando era gobernador de
Chihuahua.
El litigante
insistió en el comunicado: “Mi defendido
no es propietario ni poseedor del rancho denominado San Isidro, siendo
absolutamente falsa la afirmación del gobernador del estado de Chihuahua que
este predio le pertenece”.
El mes
pasado, la FGE incautó otro predio en el municipio de Camargo, que comprende
cuatro ranchos y Sánchez Reyes Retana dijo que esos cuatro ranchos son bienes
rústicos que pertenecen a una misma propiedad llamada San Rafael del Agostadero
o Agostadero de Jáquez o Agostadero de Moreno.
El abogado defensor aseguró que son
potreros y no ranchos, que han pertenecido desde hace casi cien años, a la
familia del exgobernador. Sobre el ganado, dijo que es de Nueva Zelanda,
criollo y no fue adquirido con recursos públicos.
De los búfalos que se encontraban en
los ranchos de Camargo mencionó que fueron donados; el pie de crías de jabalíes
también fue una donación y el par de llamas se las regaló la familia Portillo,
antes de asumir el cargo de gobernador.
El abogado
de Duarte insistió en que esas
propiedades tampoco son de su cliente y acusó que cada imputación se ha
convertido en órdenes de captura y anunció que las propiedades aseguradas son
analizadas por el Poder Judicial de la Federación, ya que no confía en la
procuración e impartición de justicia de Chihuahua porque, asegura, han
incurrido en graves violaciones al debido proceso, presunción de inocencia e
intimidación.
Los casos
penales se encuentran en proceso, por lo que ambas partes tendrán que demostrar
la información que han emitido a través de medios de comunicación.
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