El Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) no ha definido si procede la queja de Morena contra la entrega
del salario rosa en actos masivos y, por tanto, tampoco ha determinado si cabe
la suspensión de la distribución de los apoyos de manera grupal.
La denuncia originalmente fue
entablada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del gobernador
Alfredo del Mazo y Erick Sevilla, secretario de desarrollo social estatal, el
pasado 27 de febrero.
No obstante,
por tratarse de un tema que el INE
consideró local, hace un par de semanas remitió la impugnación al Consejo
General del IEEM.
El consejero presidente, Pedro
Zamudio, precisó que a la fecha ni siquiera se ha determinado si la denuncia
será admitida: “nuestra área de quejas está por resolver si la admite”, dijo.
Sólo una vez
que se declare procedente, se podrá decidir si existen elementos jurídicos para
atender las medidas precautorias que solicita el quejoso, a fin de que el
reparto de los apoyos cese.
“No tenemos un plazo, es un
procedimiento, en este caso ordinario sancionador, porque no tiene que ver con
propaganda”, detalló.
Después,
explicó, también será necesario llamar a
las partes involucradas para que manifiesten lo que a su derecho convenga y
presenten las pruebas correspondientes.
Ricardo
Moreno, representante de Morena ante el IEEM, apeló a que el Consejo General resuelva con prontitud para que apliquen
las medidas precautorias y se detenga de forma inmediata la entrega de las
tarjetas bancarias, en lugar de desahogar, como ocurrió durante la contienda de
gobernador, las denuncias hasta después de la jornada.
Para Morena,
la distribución de los monederos
electrónicos en eventos masivos viola la obligación constitucional de los
servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su
responsabilidad para que no influyan en la equidad de la competencia.
Horacio
Duarte, dirigente estatal de Morena, recordó
que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) determinó, en una tesis jurisprudencial, que los beneficios de los
programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos.
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