Salvador
Camarena.
En el
informe Perspectiva Política y Electoral 2018, elaborado por la dirección de
Estudios Económicos de Banamex y que tiene fecha de 27 de febrero, saltan a la
vista un par de datos sobre el contexto social previo a las elecciones.
En el reporte se consigna que López
Obrador está mejor posicionado que en 2006, y citan encuestas en las que dos
terceras partes de la población quiere un cambio en el rumbo del país, y
similar porcentaje está a favor de un cambio drástico antes que uno gradual.
Pero al mismo tiempo se advierte que
las campañas aún no comienzan, y que éstas serán impactadas por factores como
el “clientelismo, los medios, el spin generado por los debates, la propaganda
(…) y la exposición más intensa ante el electorado podría cambiar la tendencia
de alguna de las campañas. En cuanto inicien las campañas, el puntero se volverá blanco de todos
los ataques”. El informe advierte que
“la maquinaria electoral y el gasto social favorecerán al PRI”.
A pesar de
lo anterior, los datos que me parecen más destacables del reporte tienen que
ver con las reformas.
En primer lugar, citan una encuesta sobre éstas. En cosa de dos años (de mayo de 2015 a
septiembre de 2017), quienes decían estar de acuerdo con la frase de que “estas
reformas nunca beneficiarán a la población en general” pasaron de 43 a 60 por
ciento. No hay que ser genio para saber que los aumentos en el gas y en las
gasolinas no harán que tal porcentaje mejore.
La segunda
mención sobre las reformas es relativa a qué pasaría si gana AMLO y qué si
ganan Meade o Anaya con ellas. Del primero, en el informe se dice que
“disminuiría el paso de las reformas”, y de los segundos, que lo esperable es
el “mismo respaldo a las reformas”.
Es cierto
que es complejo, y quizás incluso equivocado, hablar de las reformas en general
cuando son tantas y tan distintas entre ellas. Pero una afortunada coincidencia
quiso que la publicación del informe de Banamex apareciera el mismo día del
reporte La Escuela que Queremos, Estado de la Educación en México en 2018, de
la organización Mexicanos Primero, presentado el miércoles.
Ese día,
David Calderón, cabeza de Mexicanos Primero, advirtió de que el país no se puede permitir que agendas como la de la
educación se queden en “animación suspendida” de aquí a julio. Calderón
planteaba además una realidad donde ha habido avances en torno a la reforma
educativa, pero donde es indispensable que se atiendan los pendientes de la
misma.
Falta, por
ejemplo, “pasar de las leyes generales y
estatales a normas y reglamentos aterrizados, resolviendo pendientes tan
delicados como las reglas efectivas para la depuración de la nómina docente en
los estados, o para la verificación continua de los nombramientos y la
plantilla de personal en cada escuela. Falta resolver el atraso en el
reglamento de las Normales y promulgar normas nacionales para zanjar las
inquietudes de los maestros en la revisión de su asignación de horas, de su
participación en evaluaciones, las normas que precisen las características de
sus nombramientos y que detallen sus medios de queja, denuncia, defensa
administrativa y orientación general, así como el sistema paralelo con que
deben contar las familias y que hoy está sólo en la Ley General, pero no
disponible en la realidad”.
Entonces, la
moraleja en torno a la reforma educativa sería que el “mismo respaldo” que
implicaría un triunfo de Meade o Anaya, o uno menor por parte de AMLO, estarían
muy lejos de ser lo que necesita la reforma educativa. O lo que es lo mismo,
qué preocupante panorama con cualquiera de los tres.
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