Salud de los niños, subastada en el TLC.

Alejandro Calvillo.

Como cuando los españoles intercambiaban con los mexicas espejitos por oro, quienes renegocian el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ofrecen a las grandes trasnacionales de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, a puertas cerradas, la salud de los niños quién sabe a cambio de qué.

Con el terror para la industria de que suceda en México y Canadá lo que ha sucedido en Ecuador, pero especialmente en Chile, de que sus productos chatarra, causantes principales de la epidemia de obesidad que colapsa los sistemas de salud, deban portar en el frente de sus productos sellos de advertencia que indiquen que el producto es alto en azúcares, grasas y/o sodio, los principales cabilderos de México y Estados Unidos han propuesto que se establezca la prohibición de este tipo de etiquetados en los documentos del nuevo acuerdo trinacional.

Etiquetado frontal establecido en Chile, lo entienden los niños y la mayoría de los padres declara utilizarlo en la selección de alimentos para sus hijos.

Las grandes corporaciones de alimentos y bebidas lograron imponer en México un etiquetado frontal a su gusto, es decir, que sigue sin entenderse por los consumidores y que tiene criterios de azúcar que rebasan por mucho las recomendaciones internacionales. Sin embargo, el gobierno mexicano se enfrenta a la necesidad de modificarlo al haber declarado emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes y existir la evidencia de que este etiquetado frontal representa una amenaza a la salud como se lo han advertido la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y el propio Instituto Nacional de Salud Pública de México.

Etiquetado frontal establecido en México por COFEPRIS en contubernio con la industria. No lo entienden ni los estudiantes de nutrición y no es usado por los consumidores por incomprensible.

Un elemento más es la sentencia que un juez ha presentado frente a este etiquetado señalando que representa una violación al derecho a la salud y al derecho a la información. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha impugnado esta sentencia ya que es la responsable de haber establecido este etiquetado.

Documentos oficiales y publicaciones científicas confirman que este etiquetado fue elaborado por COFEPRIS en contubernio con la industria, sin consultar a los institutos nacionales de salud, encargados de dar la evidencia para elaborar este tipo de políticas.

La propuesta presentada a puerta cerrada en las renegociaciones del TLCAN y hasta ahora mantenida en secreto, fue introducida por el jefe del grupo de negociadores de Estados Unidos, Jamieson Greer, estableciendo la prohibición de que puedan desarrollarse en las tres naciones (Estados Unidos, Canadá y México) etiquetados frontales en los alimentos y bebidas que adviertan al consumidor si los productos son altos en azúcar, sodio, grasas y calorías.

La propuesta prohíbe lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, el tipo de etiquetado establecido en Chile y Ecuador y que se está proponiendo en Canadá, Uruguay, Brasil y México. Prohíbe el tipo de etiquetado chileno que ha sido reconocido no sólo por la OPS, también por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos.

El propio director de la Organización Mundial de la Salud dirigió, recientemente, una carta al presidente de Perú para recomendarle este tipo de etiquetado de advertencia que desgraciadamente la mayoría fujimorista acaba de desechar.

Frente a esta iniciativa se prevé una reacción en contra del gobierno de Canadá que lleva avanzada una propuesta de etiquetado frontal de advertencia y contra la cual esta propuesta pretende actuar. En este momento, en Canadá, se encuentran en consulta cuatro opciones diferentes de etiquetado frontal de advertencia para elegir el que se establecerá en todos los alimentos y bebidas empaquetados.

El etiquetado propuesto en Canadá ha sido el resultado del trabajo de un grupo de científicos y de su evaluación con consumidores, como se ha hecho en otras naciones, menos en México.

La información proveniente de varias fuentes señala que la propuesta presentada por los negociadores estadounidenses partió de México, de quien fuera jefe de negociación del TLCAN en 1993-94, Jaime Zabludovsky, y que hoy en día funge como asesor del sector privado mexicano en las renegociaciones del TLCAN.

Zabludovsky es director ejecutivo de ConMéxico, organismos empresarial que ha sido el actor principal para oponerse a todas las propuestas de políticas de prevención de la obesidad recomendadas por la OMS y que afectan los intereses de la gran industria de alimentos y bebidas: regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia, etiquetados frontales de advertencia en este tipo de productos, impuestos a las bebidas azucaradas, etcétera.

El papel de ConMéxico no ha sido sólo fundamental en bloquear las políticas contra la obesidad en México y convertirla en una gran simulación, también lo ha sido como uno de los miembros más radicales en contra de las políticas de salud al interior de la Alianza de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas de América Latina (ALIAB).

La ALIAB se ha declarado públicamente en contra de los criterios de consumo diario de azúcar establecidos por la propia Organización Mundial de la Salud, se ha opuesto activamente contra los etiquetados frontales de advertencia ya establecidos en Ecuador y Chile y a los propuestos en Perú y Uruguay, así como se ha opuesto a los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos con alta densidad calórica en México. Como diría la exdirectora de la OMS, son las grandes empresas de alimentos y bebidas el principal obstáculo para las políticas contra la obesidad.

Las grandes corporaciones de la llamada comida chatarra y las bebidas azucaradas están actuando como lo hizo y lo sigue haciendo la industria del tabaco y la industria del alcohol. A través de diversas estrategias, niegan el daño que provocan sus productos y bloquean cualquier tipo de regulación que afecte sus ventas, es decir, sus ganancias. Si se le permitiera a la industria del tabaco hacer publicidad dirigida a niños, lo haría, de hecho, lo hizo con la publicidad de Camel.

De igual manera, la industria del alcohol estaría realizando una publicidad aún más invasiva sobre los adolescentes sin importar si eso aumenta la incidencia de alcoholismo o la accidentalidad y muertes.

No está muy lejos de eso realizar estrategias para que un niño consuma una bebida que tiene 12 cucharadas de azúcar sin proporcionarle a él y a sus padres ninguna información entendible sobre su contenido de azúcar, incluso, señalando que el azúcar que tiene esa bebida representa solamente el 70 por ciento de los “nutrimientos diarios”, cuando esa bebida rebasa el máximo tolerable para un adulto durante todo un día. Ese es el etiquetado que COFEPRIS impuso en México y que los cabilderos de México y Estados Unidos quieren imponer en la renegociación impidiendo que la etiqueta de esta bebida pueda, al menos, advertir con un sello: “Alto en Azúcar”.

No se trata de nada más que de eso, de informar sobre el alto contenido de azúcar o de sodio o de grasas. Pero esa información debe mantenerse como un secreto, no debe ser clara. Esa información básica, mínima, que deberíamos tener sobre estos productos, representa una amenaza para una industria que oculta sus daños y que tiene una responsabilidad central en la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes que se ha decretado en México.

Algo negocian, algo buscan a cambio los negociadores mexicanos para entregar la salud de la población, especialmente de los niños. El etiquetado frontal de advertencia es la única información comprensible que pueden tener los consumidores sobre el contenido en los productos, de los ingredientes críticos (azúcar, grasas y sodio) que tienen una gran responsabilidad en el incremento acelerado de las enfermedades no transmisibles.

La propuesta de prohibir la posibilidad de un etiquetado de advertencia al frente d en los productos que contienen altas cantidades de azúcar, grasas y sal atenta contra recomendaciones para enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes que vivimos.

Esta prohibición en un acuerdo comercial es violatoria de nuestra Constitución que establece que no puede establecerse ninguna medida que atente contra los derechos humanos y existen una serie de tratados internacionales y jurisprudencia internacional que indica claramente que los intereses y derechos comerciales no pueden estar por encima del derecho a la salud.

No se trata de un etiquetado que debe informar del contenido de un producto, como se exige internacionalmente en los acuerdos comerciales y que puede estar regido por ellos, se trata de un etiquetado especial que ha sido propuesto para combatir la obesidad que se ha convertido en una epidemia global.

Esta epidemia ha sido provocada por los cambios en la dieta que ha generado la introducción masiva e invasiva de alimentos ultraprocesados y bebidas con muy altos contenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías.

En la renegociación del TLCAN se está subastando la salud de los niños mexicanos y de América del Norte al tratar de prohibir una de las herramientas esenciales para combatir la epidemia de obesidad y diabetes, la única herramienta que puede brindar información útil y sencilla a los consumidores para que hagan elecciones más saludables, especialmente de los productos que compran para sus hijos.