Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza alertó que
México está en condiciones de “alto riesgo” para ejercer un voto libre por el
debilitamiento “deliberado” de las instituciones, el nombramiento de operadores
en puestos clave y porque el aumento en el empleo discrecional de presupuesto
federal en los más de 6 mil programas sociales (algunos duplicados) contrasta
con la disminución a la escasa asignación de recursos a observación electoral.
“El problema no está en las casillas
ni en el conteo de votos, sino cómo llegan los votos mediante uso clientelar”, aseguró Santiago Nieto, ex titular
de la FEPADE. “Cuando se compra un voto y se condiciona, se afecta la base de
la democracia. Se pervierte”.
De 2014 a
octubre 2017, documentó, Chiapas, Oaxaca
y el norte de Puebla concentró más denuncias de compra o condicionamiento del
voto y el PRI, al tener más presencia estatal, fue el más denunciado. En Puebla
fue el PAN y en la delegación Coyoacán, Ciudad de México, el PRD.
Ante ello, el colectivo de más de 60 organizaciones
presentó una herramienta digital para vigilar, denunciar y prevenir el uso
electoral de programas sociales, el cual es “inútil contra la pobreza, inmoral
e ilegal”, aseguró su coordinador, Alberto Serdán, y ocurre en “todos los
partidos políticos, en todos los estados y en todos los niveles de gobierno”.
El monitoreo a nivel nacional se
enfocará más en Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Estado de México, estados
con altos niveles de pobreza, de todos los colores y donde algunos renovarán
gobernador, detalló.
La información que la ciudadanía vea
o experimente y reporte en el formulario en www.democraciasinpobreza.mx será de
manera anónima. Acción Ciudadana lo verificará y notificará
al área de Fiscalización del INE, quien tendrá 45 días para fiscalizar el gasto
de campaña tras el día de elecciones.
El ex
titular de la Fepade Santiago Nieto aseguró
que el principal delito electoral denunciado es el condicionamiento de programas
sociales a cambio del sufragio. También, dijo, se busca desincentivar el voto a través de “terrorismo electoral” como
dejar cabezas de puerco o hacer llamadas telefónicas en la madrugada.
“La corrupción inicia en los procesos
electorales” a través, por ejemplo, de empresas fantasma. Por eso “es
impresionante” que
el país siga sin Fiscal general ni Fiscal Anticorrupción.
El
coordinador de Acción Ciudadana Arturo Serdán afirmó que también se
“desestabilizó” la FEPADE y la Auditoría Superior de la Federación. El ex
fiscal electoral Santiago Nieto fue
despedido en octubre del año pasado luego de decir en una entrevista con el
diario Reforma que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, le pidió que no lo
investigara en el marco de la relación de los sobornos de la constructora
brasileña Odebrecht con la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto.
Sobre los
fallos del Tribunal Electoral (TEPJF), como
permitir la entrega de Tarjetas Rosas en el Estado de México donde, dijo Nieto,
los funcionarios públicos se ampararon contra la investigación de la FEPADE
tras las elecciones mexiquenses en 2017, “no ayudan” para generar condiciones
de equidad de voto, consideró.
El candidato
priista a la Presidencia, José Antonio
Meade Kuribreña, entregará encuestas prometiendo dinero a través del programa
“Avanzar contigo”. El ex fiscal electoral Santiago Nieto afirmó que la ley prohíbe prometer eso, pero el Tribunal Electoral lo
avaló.
Además,
agregó Alberto Serdán, en octubre de
2017 el PRI y Partido Verde apelaron la revocación de los criterios del INE que
representan uso electoral como programas sociales sin reglas de operación o sin
padrón.
Acción
Ciudadana también destacó que los fondos
nacionales de observación electoral disminuyeron un 81 por ciento al pasar de
93.6 millones de 2012 a 18 millones en 2018.
Por el
contrario, uno de los rubros de gasto
que más ha crecido es el de materiales y suministro como alimentos, materiales
de construcción o combustible. Aumentó 51 por ciento respecto a enero-febrero
de 2017 al saltar a 58,928.5 millones de pesos.
Además, el gasto de SEDESOL aumentó 21 por ciento
de enero-febrero de 2017 (23,352.9 mdp) al mismo mes de 2018 (28,051.6 mdp) y
el de Diconsa, un 31 por ciento en el mismo periodo (de 2,630.7 mdp a 3,443.2
mdp). El gasto para la Coordinación Nacional de Prospera subió un 34 por ciento
de 14,245.3 a 19,132.9 mdp, el mayor monto desde 2009) y el de Protección
Social, como Programa para Adultos Mayores, brincó 492 por ciento de 2,176.2 a
12,888.2 millones de pesos en el periodo referido.
Alberto
Serdán, coordinador de Acción Ciudadana, aseveró
que ex titulares de SEDESOL, que tuvieron acceso a información “sensible” sobre
padrones y distribución de recursos, ahora tienen puestos clave. Es el caso de
los ex titulares de Prospera, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Miranda Nava,
ahora candidato priista a la Presidencia y el operador del PRI-Chiapas,
respectivamente.
La
coordinadora de Prospera, Paula
Hernández, es candidata a Diputada, al igual que el director general de
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez. Además, el Subsecretario de Desarrollo Social y
Humano, Ernesto Nemer, está en la lista de plurinominales del PRI.
“Los programas sociales son
trampolines para puestos políticos no para combatir la pobreza”, dijo Serdán.
El actual titular de SEDESOL, Eviel
Pérez Magaña, no tiene experiencia en política social, “pero sí sabe de
operación electoral y por eso fue nombrado”, afirmó. Asimismo, Arturo Osornio, subsecretario de
Desarrollo Social de SEDESOL, fue alcalde y diputado priista en Oaxaca, una
entidad donde creció la pobreza.
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