La Fiscalía de Veracruz informó este
martes sobre la detención de dos exfuncionarios de seguridad, que trabajaron en
el gobierno de Javier Duarte, por su presunta responsabilidad “en el
ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos”, en enero de 2016.
Los detenidos son el exdirector
general de Servicios Periciales, Gilberto “N”, y la exdelegada regional de la
Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”.
Ellos fueron colocados en esos cargos
por Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal durante el gobierno de Duarte, quien
ahora está encarcelado.
El 19 de
enero de 2016, detalló la Fiscalía, fueron
localizados los restos de al menos 19 personas en un lugar conocido como La
Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
“Sin embargo, presuntamente por instrucciones de
Gilberto ‘N’ y de Carlota ‘N’, el personal bajo su mando únicamente reportó el
hallazgo de seis cuerpos”, apuntó la Fiscalía.
“De los 13 cuerpos que ocultaron, uno
de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero,
donde simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento de haber sido
simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado
positivamente como quien en vida llevara el nombre de David Lara Cruz, elemento
de la Secretaría de Seguridad Pública, quien desapareció el día 12 de enero de
2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia
corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de
Confianza de esa Dependencia”, agregó.
En cuanto a los 12 cuerpos restantes,
se desconoce su identidad.
La Barranca
de la Aurora, apuntó la Fiscalía, “es señalado por testigos como el lugar en
que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.
En febrero
pasado, se informó que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ejecutó el
operativo denominado “Tiro de Gracia” que permitió cumplimentar 19 órdenes de
aprehensión en contra de exmandos de la Secretaria de Seguridad Pública durante
el gobierno de Javier Duarte.
Esto, por su
presunta implicación en un esquema organizado a través del cual se cometieron
por lo menos quince desapariciones forzadas en 2013.
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