En el
sexenio de Enrique Peña Nieto los tres titulares que dirigieron la Secretaría
de Hacienda, la encargada de las finanzas públicas del país, dieron prioridad a la estabilidad de
variables macroeconómicas, pero no lograron trasladarla al desarrollo social
ante el estancamiento en el crecimiento económico, coincidieron economistas.
Los responsables de la “ineficiencia”
en el manejo del ingreso, gasto y deuda pública durante este periodo han sido
Luis Videgaray Caso (2012-2016), José Antonio Meade Kuribreña (2016-2017) y José
Antonio González Anaya (2017-actual). Días antes de que Videgaray dejara el cargo se anunció un
recorte de 132 mil millones de pesos al gasto público por la situación de
Petróleos Mexicanos.
“González
Anaya le tocó recibir lo que ya estaba. Después estuvo Meade y antes Videgaray,
no bueno, unos genios. Desafortunadamente se centraron en la parte de las
variables macroeconómicas, aunque la tasa de interés e inflación subieron y el
tipo de cambio se incrementó [a 20 pesos por uno]”, dijo Abraham Vergara
Contreras, académico de la Universidad Iberoamericana, especializado en
finanzas públicas.
El país, aclaró, nunca entró en una
crisis económica, sino en un “estancamiento” al crecer en promedio un 2 por
ciento al año.
“Como
sexenios pasados, se han centrado en las variables macroeconómicas y no en el
beneficio microeconómico, los ciudadanos; que nos veamos con mejores salarios,
mejor infraestructura, mejores servicios de salud. Tuvieron algunos logros,
pero medianos, mediocres; se quedaron en esa medianía”, criticó el
especialista.
Consideró
que dejan un “gran reto” a la siguiente administración pública al heredarles un
país “relativamente estable con un crecimiento limitado”, lo que dificulta que
esos indicadores macroeconómicos “en semáforo amarillo” se vean reflejado en el
bolsillo de la gente.
El
economista de la UNAM, Benjamín García Páez, coincidió. “Si tú lo mides con la
congruencia que ha habido a un modelo en el cual se continúa manteniendo
estabilizada una economía en sus variables monetarias y financieras, que
generen condiciones para honrar deuda externa y la inversión extranjera venga,
ha sido un modelo recomendable”, dijo. “Pero
si lo evalúas en términos de combatir la pobreza, reducir la desigualdad entre
los perceptores de distintos niveles de ingreso y empleo bien remunerado, es un
fracaso porque no generaron bases de la economía y continuaron expuestos a la
evolución no controlada de la economía internacional”.
La cifra más
reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
señala que hay 53.4 millones de pobres en el país.
El pasado lunes, el Consejo de
Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) no avaló
el aumento de la remuneración básica (se pretendía que pasara de 88.36 a 98.15
pesos diarios) para “evitar en lo posible descarrilar las tendencias inerciales
positivas del crecimiento económico, el empleo y la inflación”, indicó la Conasami en un
comunicado”.
Y de acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir del tercer trimestre de 2008 la
inversión en obra comenzó a tener un aumento gradual, pero a partir de 2013,
volvió a presentar descensos. Además, de 2015 a 2016 el presupuesto asignado
para el rubro de obra pública se desplomó un 20.78 por ciento en 2016 y para el
año siguiente el monto representó 2.6 por ciento del PIB, el menor nivel
registrado en los últimos 10 años.
El Colectivo
Peso, conformado por organizaciones civiles como Fundar, IMCO, CIEP y México
Evalúa, destacó que aunque la
Constitución otorga amplias facultades al Congreso para fungir como contrapeso
en materia fiscal, los legisladores no han cumplido con sus atribuciones: cada
año el Decreto de Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación son
aprobados “sin discusión profunda” entre los legisladores, promoviendo un
presupuesto que “no corresponde con la realidad” de los recursos obtenidos y
ejercidos en años anteriores, ni “es pertinente” para las necesidades que se
prevén financiar en los próximos años.
Por ello han urgido a la creación de un Consejo
Fiscal autónomo para dar una opinión sobre el marco macroeconómico, un análisis
de las asignaciones de gasto propuestas respecto a su evolución histórica y
estimaciones de las necesidades de gasto en sectores prioritarios, una
evaluación del cumplimiento de la regla fiscal, hacer análisis prospectivo
sobre la sostenibilidad fiscal, costear las propuesta de política pública,
elaborar un reporte postelectoral de las propuestas de campaña más importantes
y sus costos, entre otras.
EL GASTO
INEFICIENTE.
El gasto público durante este sexenio
pasó de 26.1 por ciento del PIB en 2012 al 22.90 por ciento del PIB que se
prevé para 2018, de acuerdo con los datos de Hacienda. Los especialistas consultados
aseguraron que en 2016 la administración de Enrique Peña Nieto se comprometió a
ajustar el gasto público luego de la tempestad en Petróleos Mexicanos por la
crisis petrolera internacional y su gestión interna, pero continuó gastando en
comunicación social y en servicios personales más de lo aprobado por el
Congreso.
Para el gasto de comunicación social
del Poder Ejecutivo federal, en 2017 fueron aprobados 1, 447 millones de pesos,
pero hubo una variación de más de 6 mil millones de pesos adicionales, por lo
que se ejercieron más de 8 mil millones de pesos, equivalentes al monto
destinado para las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México, tras los
sismos de septiembre de 2017, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México 2018,
equiparó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“A pesar de
que en 2016 anunció varios recortes y programas de austeridad, en la realidad
eso no se ha logrado. Seguimos con un presupuesto inercial, y el margen que
tiene el Gobierno federal para manipular el Presupuesto es menos del 10 por
ciento del total del presupuesto. En ese sentido tenemos un reto para las
finanzas de eliminar programas o fondos de duplicidad”, aseguró Manuel
Guadarrama, investigador de finanzas públicas de IMCO.
Además, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria en su artículo 33 establece que el gobierno federal
no puede ejercer más de lo que se le aprueba en el capítulo 1000 “Servicios
personales”, como lo son sueldos, salarios, honorarios, prestaciones sociales y
pago de estímulos a servidores públicos, destaca la organización México
Evalúa en su herramienta La Caja Negra.
Pero de 2012 a 2018, el monto gastado siempre ha sido mayor al permitido. En
2017, el Congreso dio luz verde a 414 millones 344 mil pesos para ese rubro,
pero se gastó 477 millones 019 pesos, revelan datos oficiales.
“El gobierno sigue siendo un elefante
blanco, es decir, hay duplicidad de funciones y está gastando mal esos ingresos
que le están entrando al país”, consideró el académico Abraham Vergara.
LOS INGRESOS
INSUFICIENTES.
Los ingresos
públicos en esta administración, luego
de la Reforma Hacendaria y Fiscal, pasaron de 23.70 por ciento del PIB en 2012
al 20.70 por ciento del PIB que se calcula para 2018. Aunque en el 2016 se
ingresaron 25 por ciento del PIB. Los economistas entrevistados expusieron que
el ajuste a la recaudación de impuestos no fue suficiente para compensar la
caída de los ingresos petroleros tras la crisis de precios de crudo a nivel
internacional, lo cual arrastró a Pemex.
“Tuvimos
menos ingresos por el tema petrolero, el precio del petróleo se cayó casi de
100 dólares por barril hasta abajo de 30 y hoy ya va otra vez a los 50 dólares.
Pero la economía ya no está basada en el petróleo y con las coberturas
petroleras México recibió más dinero de lo que costaba el barril en el
mercado”, afirmó el economista Abraham Vergara. Por el lado de ingresos
tributarios, aunque “este gobierno logró incrementar la recaudación, al mismo
tiempo hay informalidad como nunca (30 millones de trabajadores, más del 50 por
ciento de la población trabajadora)”.
Este 2018 se
calcula ingresar 33 por ciento del Presupuesto por Impuesto Sobre la Renta
(ISR), 18.5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 8.9 por ciento
del Fondo Petrolero, entre otras fuentes, como se aprecia en la tabla. En el
caso del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), incluyendo ya el
gasolinazo de inicios de 2017, se planea recaudar 5.6 por ciento del
Presupuesto.
“No somos lo
suficientemente buenos para producir lo que se requiere de consumo; importamos
cerca del 50 por ciento de la gasolina que se consume, luego entonces el IEPS
le sirve al gobierno para ir cubriendo sus necesidades del gasto corriente”,
expuso Vergara.
Como resultado del manejo de los
ingresos y los gastos de este sexenio, quedó la deuda pública en niveles
históricos.
Durante la presente administración de
Enrique Peña Nieto, la deuda del sector público federal ha pasado de 33.8 por
ciento por ciento del PIB con la que inició en 2012 a 46.4 por ciento del PIB
al cierre de 2017, y llegó a 48.2 por ciento en 2016, un nivel sin antecedentes
en sexenios pasados pese a que se registraron recesiones económicas en esos
años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
El aumento de la deuda de hasta 14.4
puntos del PIB en este sexenio ocurrió sobre todo en la gestión de Luis
Videgaray Caso del 1
de diciembre de 2012 al 7 de febrero de 2016. Aumentó 10.2 puntos porcentuales
de 33 a 44 por ciento del PIB, frente a los 13.9 puntos que subió durante los
dos sexenios panistas juntos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
En este periodo panista se elevó de 19.9 por ciento del PIB en 2000 a 33.8 por
ciento del PIB en 2012 alcanzando un mínimo de 17.9 por ciento del PIB en 2007,
antes de la crisis económica global, de acuerdo con Hacienda.
Entre los
tres Secretarios de Hacienda de Peña Nieto, Luis Videgaray –quien fue
destituido del cargo tras la visita del presidente Donald Trump– la subió a un
mayor ritmo que José Antonio Meade Kuribreña (7 febrero 2017-27 noviembre 2017)
y José Antonio González Anaya (27 noviembre 2017-actual), revelan los datos de
la deuda pública del sector público federal.
El ahora Canciller aumentó la deuda
pública un 37.30 por ciento durante su gestión de tres años; Meade un 4.09 por
ciento en dos años; y González lleva un 0.93 por ciento en cuatro meses.
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