Politólogos, periodistas, escritores,
defensores de derechos humanos, académicos y artistas enviaron una carta a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para manifestar su preocupación
por el trato discriminatorio hacia las personas trabajadoras del hogar,
manifestado en el proyecto de sentencia propuesto en la Segunda Sala.
En su misiva, los firmantes resaltan la legitimación de
un orden jurídico que obstaculiza a ese grupo de trabajadoras el acceso a una
vida digna, al negárseles los derechos sociales de los que son titulares el
resto de las personas trabajadoras formales.
“El trato discriminatorio del Estado
en su conjunto hacia las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar y la
negativa, muy notoria en los últimos años, a avanzar en el reconocimiento de
sus derechos laborales, preocupa profundamente a quienes trabajamos por
impulsar una agenda para la igualdad en México”, destaca el documento.
Señala que el proyecto de sentencia
“evidencia una vez más la discriminación estructural” de la que es objeto este
grupo poblacional, en su mayoría mujeres de escasos recursos, y “legitima un
trato asimétrico en materia de seguridad social argumentando que el tipo de
labor que realiza este grupo de trabajadoras es de carácter especial y que por
ello deben negárseles los derechos sociales de los que son titulares el resto
de las personas trabajadoras formales”.
Entre otros
puntos, los firmantes destacan que la
negativa o dilación inexplicable del Ejecutivo a enviar el Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Senado para su ratificación,
“revela la falta de voluntad política para sentar las condiciones de igualdad
necesarias para combatir las graves prácticas discriminatorias hacia las
trabajadoras del hogar”.
Por su
parte, agregan, el Poder Legislativo ha
demorado en legislar los cambios necesarios a la Ley Federal del Trabajo y la
Ley del Seguro Social para terminar con esta desigualdad de trato contraria al
mandato constitucional de derechos humanos.
Finalmente, hacen “un llamado urgente
al Estado en su conjunto para revertir desde ahora las prácticas
discriminatorias que históricamente han atentado contra los derechos
fundamentales de una de las poblaciones más vulneradas, y que han colocado a
México en una posición vergonzosa y de retraso internacional en el
reconocimiento y protección de los derechos de este sector.
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