El Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) documentó
que el Gobierno de Chiapas, presidido por Manuel Velasco Coello, ex Gobernador,
Gobernador interino y actual Senador con licencia, destinó 158 por ciento más
en gastos de comunicación social, y gastó 420 por ciento más en ceremonias
oficiales.
Además, el Gobierno de Chiapas destinó 8 por ciento
más de lo aprobado por concepto de gasto burocrático.
En su
“Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018. Prepuestos estatales:
simulación y discrecionalidad”, el IMCO
catalogó a Chiapas en la posición 18 de entidades con mal uso de su ejercicio
de gastos del año 2017.
El índice
mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del
gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales, según informan en su página web.
Chiapas, con una calificación de
53.8, debajo de la media nacional de 58.7, se colocó en el puesto décimo octavo
del IIEG 2018, debido a que de los 61.7 mil millones de pesos (mmdp) aprobados
de presupuesto, gastó 8.5 mil millones más (14 por ciento más), siendo un
egreso total de 70.1 mil millones.
Por otra
parte, el gobierno de Chiapas gastó un
21 por ciento menos de lo aprobado para infraestructura, sin que esté fuera
justificado.
El IMCO encontró que al no alcanzar el 100 por
ciento de desempeño, ninguna entidad da cumplimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, instrumento normativo que, a más de 10 años de
aprobado, ordena mecanismos de transparencia, armonización y homologación de
información sobre el ejercicio de los recursos públicos.
Subrayó que las entidades subestiman sus ingresos,
gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado. Agregó “la
falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son
un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas”.
Por lo que recomendó reducir la
discrecionalidad en el ejercicio de los recursos público, al establecer
controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos
estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo.
En paralelo,
pidieron eliminar el margen de
interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental emitida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicar la información
financiera en formato de datos abiertos, lo que llevaría a la mejora de la
calidad de su información financiera.
El IMCO es
un centro de investigación que propone soluciones a los desafíos más
importantes de México. Toda crítica con propuesta, toda propuesta con
fundamento.
MALA GESTIÓN.
El estado de Chiapas está reprobado
en todos los indicadores económicos importantes, comenzando por el PIB, que en
el primer trimestre de 2018 cayó un 1.6 por ciento, de acuerdo al estudio
Semáforo Económicos del think thank México ¿Cómo Vamos?
El 69 por ciento de la población no
puede ni siquiera adquirir la canasta básica alimentaria con los ingresos que
tiene por su trabajo –ya sea formal o informal– y durante los primeros seis
meses del año únicamente se generaron mil 723 empleos formales para una
población de 4.7 millones de habitantes.
El 65.9 por ciento de la población en
edad de trabajar se desempeña en la informalidad, es decir, sin contrato,
prestaciones o servicios de seguridad social.
La deuda pública del gobierno se ha
mantenido alta durante todo el sexenio. Durante 2017 y 2018 el Estado ha
presentado una deuda equivalente al 5.7 por ciento del PIB, más del doble que
la media nacional, que es de 2.6 por ciento.
Al menos el 77.1 por ciento de la
población en Chiapas vive en situación de pobreza. Un 49 por ciento está
pobreza moderada y 31.8 por ciento en pobreza extrema, es decir, al menos 4
millones 114 mil personas que viven en pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los datos también muestran que el
90.9 por ciento de los chiapanecos viven con al menos una carencia social y el
40.6 por ciento de los ciudadanos sufren de al menos tres carencias sociales.
El 81.1 por ciento de la población no
tiene acceso a la seguridad social, el 52.3 de los ciudadanos no cuenta con
acceso a los servicios básicos de vivienda. Además de que el 29 por ciento
tiene un rezago educativo.

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