Jenaro
Villamil.
Históricamente, detrás de cada mega-desarrollo
erigido en México subyace un turbio precedente de especulación inmobiliaria,
despojo de terrenos ejidales y todo tipo de violaciones a las leyes, entre
ellas las ambientales. La corrupción de sucesivos gobiernos priistas y
panistas, llevada a niveles insólitos durante el de Enrique Peña Nieto, ha
marcado también el nuevo proyecto aeroportuario. Aun cuando falta definir su
viabilidad en terrenos del ex lago de Texcoco, lo que ya es irreversible desde
1999 es la compra de terrenos aledaños a la zona por desarrolladores
inmobiliarios y la Comisión Nacional del Agua para levantar en ellos ese
monstruo llamado aerotrópolis.
En uno de los recientes anuncios del
sitio de bienes raíces Trovit se leen ofertas como ésta: “Excelente terreno de
10 mil metros cuadrados, excelente ubicación atrás de Walmart. Ideal para
centro comercial o bodegas de servicio para el aeropuerto… Bardeado, cuenta con
luz, agua, oficinas de 200 metros, caseta de vigilancia de 50 metros cuadrados.
Techado firme. 35 millones de pesos”.
Como éste, hay otros que se ofrecen en 32 millones, de
1 a 100 hectáreas, en la carretera Texcoco-Calpulalpan; o hasta en 60 millones
de pesos sobre la carretera Lechería-Texcoco, “a unos pasos del nuevo
aeropuerto” de la Ciudad de México.
Según la
Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Texcoco, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) ha disparado la especulación inmobiliaria en esta zona
conurbada a la capital, a tal grado que el valor de los terrenos se duplicó. Lo
que antes costaba 2 mil 500 pesos por metro cuadrado, ahora vale 5 mil.
No es el
único caso. En San Salvador Atenco, en
Teotihuacán, en Chimalhuacán, junto con las comunidades de Santa Isabel
Ixtapan, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, la especulación y el
acaparamiento de la tierra de los ejidos y comunidades aledañas a la zona del NAIM
se han convertido en un negocio más grande y conflictivo que el nuevo
aeropuerto, cuyo costo asciende ya a 285 mil millones de pesos, tan sólo en la
primera de sus dos fases.
Para
representantes de ejidos, ambientalistas, especialistas y conocedores de la
zona oriente del Valle de México, no son
los aviones sino los terrenos el auténtico gran negocio en torno al NAIM.
Así lo expresaron integrantes del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que en
la casa de transición del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en
los foros realizados en el Club de Periodistas denunciaron el despojo de más de
500 hectáreas del cultivo en los parajes de Xalapango y El Paraíso por parte
del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el consorcio responsable
de la construcción del NAIM.
Habitantes del ejido de Santa Isabel
Ixtapan entregaron al reportero denuncias del comisariado ejidal contra el GACM
porque “las parcelas de nueva creación 1210 y 1211 no se las venderemos hasta
en tanto no cumplan con los compromisos contraídos con el ejido, como son las
obras y la compra-venta de parcelas individuales de nuestros ejidatarios que no
han vendido”.
Desde junio
de 2016, los ejidatarios de Santa Isabel
Ixtapan, perteneciente al municipio de Atenco, demandaron el entubamiento de
las aguas provenientes de la termoeléctrica y de los consorcios inmobiliarios
ARA y GEO “que llegan sin tratar, hasta la planta tratadora de la ampliación de
Nueva Santa Rosa y almacenarlas en un estanque”.
(Fragmento
del reportaje especial publicado en Proceso 2189, ya en circulación)
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