Epigmenio Ibarra.
“Las decisiones referentes a los asuntos comunes
deben ser tomadas
por la comunidad”
Cornelius Castoriadis
El coro de opositores a
la consulta promovida por Andrés Manuel López Obrador repite, en los medios y
en las redes, una y otra vez, la misma cantaleta: ¿Por qué van a decidir la
ubicación del nuevo aeropuerto esos que nunca han tomado un avión? ¿Por qué ha
de consultarse a quienes nada saben de aeronáutica? ¿Por qué no dejar que
quienes nos gobiernan decidan sobre estos asuntos estratégicos? La respuesta es
sencilla y contundente: porque los dineros que han de emplearse en la construcción
de esa obra no pertenecen al gobierno.
Porque ese dinero es de las y los mexicanos,
de todas y todos los que pagan sus impuestos, aunque jamás hayan tomado o vayan
a tomar un avión en su vida.
Porque los miles de
millones de pesos que en esa obra se gasten pesarán sobre las espaldas de
quienes menos tienen.
Porque los lujos de
unos cuantos, las exorbitantes ganancias de las grandes empresas, la corrupción
en torno a la obra faraónica de Texcoco dejará sin hospitales, sin escuelas,
sin servicios básicos a millones de ciudadanos.
Hay un tufo clasista
evidente en el arsenal de argumentos de quienes se oponen a la consulta. El
populacho, piensan -aunque no tienen el valor de decirlo con todas sus letras
porque pretenden ser políticamente correctos-, no tiene por qué intervenir en
asuntos que sólo le competen al gobierno, a los ilustrados. Al populacho,
creen, sólo le toca callar y obedecer. Ya eligió presidente. Que no joda. No le
toca decidir. Muy pocos entre los detractores de la consulta (aunque es lo que
realmente piensan) tienen el descaro de decir como Vicente Fox Quezada que esos
que no viajan en avión son, además, una punta de ignorantes.
Clasismo, racismo,
discriminación son también los ingredientes de la democracia simulada que hace
décadas vivimos en este país. La supervivencia del régimen corrupto y
autoritario dependía tanto de su capacidad de manipular a las masas como de su
habilidad para desalentar e inhibir los intentos de participación ciudadana en
la vida pública. Sobre una población sumisa y apática era fácil imponerse. La
gente idiotizada frente a la TV, indiferente ante lo que en el país sucedía,
resignada a que la corrupción fuera destino y la impunidad ley, les dejaba
hacer y deshacer con México lo que les daba la gana. El voto era sólo un ritual
inocuo; la democracia, como ya lo he escrito en repetidas ocasiones en este
espacio, sólo la coartada para una partida de ladrones que se pasaban, cada
seis años, la banda presidencial.
Entre 2013 y 2018 Enrique
Peña Nieto gastó más de 52 mil 860 millones en su imagen pública y la de su
gobierno. Muchos de esos millones, de este gasto criminal, obsceno e
innecesario, fueron a dar a las arcas de los medios que hoy están empeñados en
la campaña contra la consulta. Una cantidad significativa de estos mismos
recursos fue empleada por Peña (que sigue aceitando a medios y redes con dinero
público) para vender a la opinión pública las bondades de la obra en Texcoco,
una especie de legado personal, de herencia faraónica, de este presidente al que
el descrédito y la infamia marcarán por siempre.
Unos cuantos millones
de pesos más, de ese dinero proveniente de nuestros impuestos, fueron a dar a
los bolsillos de columnistas y líderes de opinión que hoy desgarran sus
vestiduras porque López Obrador se atreve a preguntar al pueblo algo de lo que
el pueblo, según ellos, nada sabe y tratan por todos los medios, incluso
manipulando la información o sembrando el miedo y la incertidumbre (como Carlos
Loret de Mola), de desprestigiar este inédito ejercicio de participación
ciudadana.
No es la primera vez
que el régimen y quienes lo sirven usan el miedo para cerrar el paso a la
democratización de México. El hecho de someter a consulta la decisión del lugar
donde ha de construirse el nuevo aeropuerto ha servido para que Loret y otros
columnistas hagan una reedición de la campaña panista del “peligro para
México”. Otra vez se habla de la incertidumbre en los mercados, de la presión
sobre el peso, de la inminente caída de la bolsa. La única manera de evitar estos
males apocalípticos, dicen, es la continuación de la obra en Texcoco. Si esto
no sucede, si los resultados de la consulta llevan a la cancelación de la
misma, México, pregonan, habrá de pagar las consecuencias.
La esencia de la
democracia (de la auténtica) es la participación ciudadana. Si no se escucha la
voz de quienes pagan sus impuestos y esperan a cambio de ello bienestar,
servicios, oportunidades, no debe disponerse de los mismos. La consulta, el
referéndum, el sometimiento de los planes de gobierno a toda la población,
procedimientos normales en toda democracia que se respete, deben ser, en estos
nuevos tiempos, la norma. Toca ya a los ciudadanos mandar y a los gobernantes
obedecer. Toca a los ciudadanos alzar la voz y a López Obrador escucharla y actuar
en consecuencia. Así lo entendieron los 30 millones de votantes que el 1 de
julio dijeron al emitir sus votos: ¡Ya basta!, y aceptaron la tarea de
convertirse en impulsores, en protagonistas de la transformación de México.
Yo soy uno de esos que
quiere que su voz se escuche, que exige ser tomado en cuenta. Viajo mucho en
avión, pero no sé nada de aeronáutica. De lo que sí sé es que el silencio, el
miedo, la resignación, la apatía han servido sólo para someter, ensangrentar y
saquear a este país. Yo voy a participar en la consulta y a promover la
participación en este primer ejercicio, y en los que deban ser organizados en
adelante para, juntos, ir haciendo de este un país más justo, más equitativo,
más próspero, más democrático.
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