Legalizar el cultivo de amapola.

José Gil Olmos.

Desde el 2016 existe una propuesta gubernamental que plantea legalizar el cultivo de amapola con fines médicos y científicos a fin de responder al aumento de personas que padecen enfermedades con fuertes dolores como el cáncer y no tienen acceso a los derivados del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la adormidera e impactar en el crimen organizado que gana al año más de mil millones de dólares por trasiego de heroína y opio a Estados Unidos.

En marzo de hace dos años, en su edición 2056 Proceso publicó en su portada este proyecto elaborado desde el 2015 en el cual se evalúa la posibilidad de reformar Ley General de Salud, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Derechos en materia de protección a la salud para permitir la producción legal de amapola en México.

La iniciativa que hoy vemos es apoyada por distintos sectores, incluido el Ejército a través del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos, aprovechar los cultivos que ya existen y se concentran en al menos cinco estados del país –Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y principalmente Guerrero— de los 13 donde se han erradicado 15 mil 633 hectáreas de amapola en los últimos dos años.

La propuesta sostiene que existen amplias posibilidades de avanzar porque hay marcos normativos internacionales que lo permiten y países como Turquía e India donde ya se realizó con éxito desde 1933 y 1947 respectivamente. Pero advierte la posibilidad de que genere malestar en algunos países como Estados Unidos donde existe el mercado más grande de consumo de los opioides ilícitos producidos en México.

La iniciativa parte del diagnóstico de que el número de pacientes enfermos que necesitan de algún derivado del opio se ha incrementado de manera sustantiva en México, pero sin tener posibilidades de acceder al medicamento ante la escasez de sustancias como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la buprenorfina. Por ejemplo, el 90% la población con cáncer no tiene acceso a medicamentos derivados del opio por lo que sufren dolores severos.

De acuerdo con información oficial, el consumo per cápita de medicamentos derivados del opio en México tiene una tendencia creciente desde el año 2000 cuando el consumo era de 2.44 miligramos y para el 2013 se estimó en 3.92 miligramos, que representa un aumento de 61%.

Dicho proyecto indica que en el 2010 el crimen organizado de México tuvo un ingreso de 1.1 mil millones de dólares anuales por la producción y trasiego de heroína hacia Estados Unidos y que en el caso de que se legalizara el cultivo de la amapola, podrían modificarse los ingresos de las organizaciones criminales ya que podría impactar en el precio de los insumos para la producción de los opioides como son la goma de opio o la resina de la amapola que se trafican principalmente hacia Estados Unidos o los centros de consumo nacional.

No obstante, se cree que el impacto no sería sustancial sino marginal en los ingresos de dichas agrupaciones criminales pues la principal fuente de ingresos de estas no es la siembra de amapola sino el trasiego ilícito de la heroína y otros opioides hacia el mercado norteamericano que es el de mayor consumo en el mundo con el 4% de los 16 y medio millones de consumidores a nivel mundial.

La propuesta mantiene la idea de que si se legaliza la siembra de la dormidera se podría ayudar a los sembradores que en su mayoría son campesinos sumamente pobres. Afirma que habría posibilidades de más empleo e incremento de rentas generadas por la siembra de la amapola entre los agricultores a quienes habría que convencer de los beneficios económicos.

Sin embargo, destaca que tanto las licencias de producción, la cantidad de sembradíos, las organizaciones de agricultores y los precios estarían bajo la tutela y control gubernamental:  la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal se encargarían de vigilar las plantaciones y disuadir el desvío de la producción al mercado ilegal; mientras que la extracción o cosecha estaría vigilada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Se propone crear una empresa paraestatal que se encargaría de la transformación de la paja de la amapola en alcaloides y el procesamiento en el cual también podrían participar la industria farmacéutica. En tanto que la distribución de los medicamentos derivados de la adormidera lo harían el IMSS e ISSSTE, sin dejar a un lado a las farmacias particulares que atiendan a los consumidores con prescripción médica.

Por cierto…Este proyecto de ley ya está en manos del gobierno saliente, solo falta que le den curso a una idea cuya intención es sublimar un problema y transformarlo en una solución. A ver si no se atoran entre tanto escándalo de vodevil.