La
Secretaría de la Función Pública (SFP)
debe informar la cantidad de casos de cohecho relacionados con México que han
sido documentados en cumplimiento a la convención de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ordenó el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El
comisionado Joel Salas Suárez recordó
que uno de los casos de cohecho internacional más prominentes de los últimos
años es el de Odebrecht, pues involucra el pago a funcionarios públicos para
obtener contratos de obra pública en países de América Latina, entre ellos
México.
“La utilidad de la información
pública va más allá de la rendición de cuentas, puede servir para que las
nuevas autoridades y la ciudadanía colaboren entre sí para asegurar que casos
como Odebrecht no ocurrirán con impunidad ni se repetirán”, subrayó Salas Suárez, de acuerdo con
un comunicado del Inai.
El
comisionado encargado de presentar el recurso ante el pleno consideró que la información es una vía para que el nuevo gobierno
federal conozca el estado en que recibe la administración.
Destacó que, de acuerdo con cálculos de la OCDE, un
soborno de un millón de dólares puede provocar pérdidas de hasta cien millones
de dólares en un país con pobreza, porque socava los planes de desarrollo y
provoca que funcionarios respondan a intereses particulares y no a las
necesidades de los ciudadanos.
“Esto es una amenaza para el
desarrollo económico y las instituciones democráticas de cada país. En primer
lugar, impide que las empresas puedan competir en un plano de igualdad. En
segundo lugar, infla las ganancias de una empresa a costa de recursos públicos
que debieron gastarse para financiar servicios públicos como caminos, agua,
electricidad, hospitales o escuelas”, indicó.
El
comunicado detalla que un particular
presentó un recurso de revisión ante el Inai debido a que la SFP la clasificó
con el argumento de que fue entregada por la OCDE con el carácter de
confidencial, por lo que revelarla podría menoscabar las negociaciones o
relaciones internacionales.
Sin embargo,
en el análisis del caso, se advirtió que
la información solicitada es de carácter estadístico y solo es parte de la
información documentada en la Matriz de Posibles Casos de Cohecho, y no la
Matriz en sí, “por lo que no contiene datos que hagan identificables a las
personas que pudieron haber cometido el delito en cuestión”.
De hecho,
Salas Suárez resaltó que clasificar esta
información contraviene el objeto mismo de la convención anticohecho de la
OCDE, pues sin conocer datos estadísticos no pueden establecerse parámetros de
rendición de cuentas que evidencien el cumplimiento de los estados parte con
los acuerdos suscritos.
El pleno del
Inai, por unanimidad, resolvió modificar
la respuesta de la SFP y le instruyó a entregar al particular el número anual
de casos relacionados con México, desglosando la cantidad de los que fueron
informados por nuestro país y otras naciones.
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