Gustavo Rodríguez González fue vocero
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el
hombre que siempre estuvo en el centro de las decisiones para avalar las
multimillonarias campañas de publicidad oficial que proclamaban los supuestos
resultados de los programas sociales a cargo de su jefa, Rosario Robles
Berlanga, titular de las dos dependencias. Fue el funcionario público que se
encargó de difundir los logros inexistentes del combate al hambre en México con
miles de spots en radio y televisión, así como en periódicos, sitios digitales
y autobuses.
Mientras esos despliegues millonarios
se realizaban, Rosario Robles Berlanga se convertía en la funcionaria con más
insolvencias sin atender ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -un
cúmulo de cinco mil 321 millones hasta ahora- y se distinguía por su ineficacia.
La Unidad de
Datos de SinEmbargo revisó los indicadores en el Quinto Informe de Gobierno
para conocer los alcances del Gobierno. El
hallazgo fue que 18 de 31 objetivos están incumplidos; pero en 12, los relacionados
con el combate a la pobreza y que estuvieron a cargo de ella, ni siquiera hay
información suficiente.
“No te
preocupes, Rosario”, le dijo el Presidente Enrique Peña Nieto durante el
lanzamiento de la Cruzada en Zinacantán, Chiapas, frente a Inacio Lula da
Silva, en 2013, cuando la entonces Secretaria de Desarrollo Social había
recibido la primera acusación: la utilización de los programas sociales para
acarrearle votos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cinco años después las imputaciones
son más graves. Ahora debe explicar qué ocurrió con 700 millones de pesos
provenientes de convenios con universidades públicas que bajos esquemas de
subcontratación no comprobaron los recursos recibidos, tanto en la Sedesol como
en la Sedatu. A Rosario Robles Berlanga, la ASF le señala un complejo esquema
fraudulento en el que incurrió de manera sistemática en las dos Secretarías.
Ante los medios, ha dicho: “Estoy muy tranquila … Y que se me investigue por
debajo de las piedras”.
La suerte no ha sido la misma para su
vocero e impulsor de sus campañas de difusión. Gustavo Rodríguez González fue
inhabilitado y multado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el
presunto saqueo de dinero de la Sedesol a través de la campaña “Cruzada
Nacional. Dos años cumpliendo”.
Desde su
cargo en la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social en la
Sedesol en 2015, Gustavo Rodríguez
González habría liberado pagos a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) para
simular los servicios en la campaña de difusión “Cruzada Nacional Contra el
Hambre. Dos años cumpliendo”. El supuesto daño fue de 175 millones 411 mil 524
pesos.
Por esta razón, el 26 de septiembre,
la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso una sanción de
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público por 10 años, así como una sanción económica de 210 millones
493 mil 829 pesos.
Por un lado,
hubo un supuesto desfalco a través de un
esquema complejo y opaco, pero por el otro, los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal indican un gasto
frenético en la difusión de los logros inexistentes del combate a la hambruna
en México a través de esa misma campaña.
Los datos abiertos muestran que el
mismo ex funcionario avaló en un solo día -el 24 de febrero de 2015- 75
contratos por Adjudicación Directa para difundir dos años de la Cruzada por 211
millones 834 mil 256 pesos. Los mayores contratos fueron con Televisa que
recibió 102 millones 259 mil pesos y Estudios Azteca que tuvo 27 millones de
pesos.
El dinero aprobado ese día por
Rodríguez González es la mitad del presupuesto que en 2015 tuvo el Consejo
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el
órgano de la misma Sedesol que monitorea el desempeño de los programas sociales.
Ese año en que la Sedesol difundía
una campaña mediática de su trabajo para el combate al hambre, en México había
dos millones más de pobres que en diciembre de 2012, cuando se inició el Gobierno
peñanietista. El crecimiento de la población en esa tristísima condición había
pasado de 53.3 millones a 55.3, un 46.2 por ciento del total en el país, según
detectó el propio Coneval.
En efecto,
el número de mexicanos en pobreza extrema disminuyó en ese periodo al pasar de
11.5 millones a 11.4. Pero la disminución
fue de sólo 100 mil ciudadanos; es decir, apenas el 0.8 por ciento.
Sin que esto importara, el flujo de
dinero en torno a la Cruzada continuaba en gastos que no tenían -aún no la
tienen- explicación.
En la auditoría 13-0-20100-12-0269
sobre el primer año de la gestión de Rosario Robles en la Sedesol aparece una
factura de 32 mil 900 pesos en globos para adornar los actos de promoción del
programa. Cada uno salió en 212 pesos cuando el valor de mercado es de 15 a 35
pesos.
La ASF
señaló que esos artículos no correspondían con los objetivos que establecía el
decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre que son: cero
hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”.
Así se gestionaba el programa estelar
para combatir la crisis alimentaria en México. Pero no resultaba extraño. El
gasto en publicidad oficial fue un estilo en la comunicación gubernamental de
la Administración que está por concluir.
Un estudio de Fundar Centro de
Análisis reveló que de 2013 a 2016, rebasar los presupuestos aprobados por la
Cámara de Diputados era una constante en las entidades gubernamentales. En tres
años, el Gobierno había gastado 71.86 por ciento más, del monto aprobado para
este rubro.
Era la
Sedesol la que protagonizaba la danza de estos dineros. En 2015, el Gobierno anunció diversos recortes presupuestarios,
incluido un 10 por ciento para publicidad oficial. En la dependencia gestionada
por Rosario Robles, las cifras mostraban que más bien, esta erogación creció de
manera exponencial. Desarrollo Social tuvo un recorte de 2 por ciento de su
presupuesto en 2015 y de 3 por ciento en 2016. Aun así, ejerció un monto
superior en mil 210 millones de pesos respecto a lo aprobado.
De 2013 a 2016, las dependencias que
más erogaron en publicidad oficial fueron Promotur (9.69 por ciento); el IMSS
(7.22 por ciento); la SEP (5.83 por ciento); Pronósticos para la Asistencia
Pública (5.10 por ciento); y la Sedesol (6.57 por ciento).
En la Sedesol, la responsabilidad de
estas campañas estuvieron bajo Gustavo Rodríguez, un funcionario que percibió
un sueldo bruto de cuatro millones 265 mil pesos mientras ocupó la Jefatura de
la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social de esa
dependencia. En la Sedatu, como Director General y Coordinador General de la
misma área, completó una percepción bruta de cuatro millones 265 mil 904 pesos.
Cuando, en
enero de 2011 ingresó al servicio público (era el último año de Gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa), declaró que era dueño de una casa en un terreno de
90 metros cuadrados con 70 de construcción que obtuvo mediante un crédito.
Además, tenía dos coches adquiridos al contado. Uno era un Dodge Neón 2001 y
otro, un Honda CRV 2005. Los dos los había comprado al contado.
Le informó a
la Función Pública que en ese momento cursaba la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad del Valle de México, que había sido reportero
del periódico Excélsior y después, Director Corporativo de Comunicación de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
En cuanto tomó posesión en diciembre
de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Rosario Robles Berlanga en
el cargo principal de la Sedesol. Gustavo Rodríguez se convirtió entonces en
Jefe de la Unidad de la Oficina de la Secretaría de Comunicación Social. A
partir de ese momento, impidió que su fortuna fuera pública. La consulta de sus declaraciones
patrimoniales sólo arroja su Currículum en el que se observa que mientras
trabajó en la dependencia, se licenció en Comunicación y luego, obtuvo una Maestría
en Administración Pública en la Universidad del Valle de México.
A punto de
concluir la Administración, Gustavo
Rodríguez se convirtió en el primer funcionario sancionado mientras la Función
Pública investiga los desvíos multimillonarios en las gestiones de Rosario
Robles al frente de la Sedesol y la Sedatu porque no tiene constancia de los
entregables de un convenio de la campaña “Cruzada Nacional contra el Hambre.
Dos años cumpliendo”.
Como vocero
de Rosario Robles, estuvo siempre mientras ella se defendía en los medios de
comunicación de las acusaciones sobre desvío de dinero. Pero el 26 de
septiembre apareció solo en el despacho de abogados Hernández Pliego. Ahí dijo
que entregaba su cargo para defenderse. Luego, en varias entrevistas refirmó
que los entregables que se le reclaman se encuentran en la Sedesol y que
además, la ASF admite en sus auditorías que “… el prestador del servicio hizo
entrega a la (dependencia) de los trabajos solicitados de los que se verificó
la existencia de los testigos del trabajo realizado (audios, videos, etc).
Más allá de la campaña efectuada y
del supuesto desvío de dinero, respecto al combate al hambre, México está igual
o peor. Los logros de la Cruzada no están claros. Es la hora en que la Sedesol
no ha acreditado que los beneficiarios fueran individuos en extrema pobreza y
no ha comprobado en qué medida se atendieron sus carencias. Ha quedado muy
claro que para difusión había dinero, pero no se sabe cuánto fue destinado para
abatir el hambre.
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