La
Procuraduría General de la República (PGR) inició el actual sexenio con una
carga negativa de efectividad. Los fracasos y las pifias cometidos en los
procesos de investigación durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa
obligaron al Presidente Enrique Peña Nieto, a casi dos meses de asumir
funciones, a llamar al Poder Judicial a evitar casos como el de Florence
Cassez.
El caso de Florence Cassez culminó la
serie de tropiezos procesales en contra del crimen organizado durante el
sexenio calderonista –por ejemplo, la “Operación Limpieza” (2008), la
“Operación Cancún” (2009) y el “michoacanazo” (2009)– e inauguró los
desaciertos que tendrían las autoridades judiciales en lo sucesivo.
Al cierre de
2013, cuando Peña Nieto cumplió su
primer año de mandato, el 13 por ciento de las investigaciones de la PGR eran
devueltas o desechadas por los jueces, según datos estadísticos del “Sexto
Informe de Gobierno” del Ejecutivo Federal.
Entre enero
y junio de 2018, cuatro de cada cinco
carpetas de indagación (el 80.2 por ciento) fueron desestimadas. Y de las
carpetas atendidas que llegaron a un juzgado, una de cada cinco (14.3 por
ciento) resultó en el ejercicio de una acción penal (en 2014, menos del nueve
por ciento de los casos fueron penados).
Esto implica
que, durante los primeros seis meses de este año, el 9 por ciento (real) de los casos de la PGR incluyó un castigo por la
comisión de un delito. Sólo en el tres por ciento de ellos, el culpable fue
detenido.
La falta de eficiencia de la
Procuraduría no sólo es cuestión de cifras.
A principios
de este año, por ejemplo, el diario New
York Times reveló que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas
en inglés) se negó a cooperar con la PGR en el caso de espionaje gubernamental
a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos (2017) por considerar
que las autoridades mexicanas no estaban conduciendo una “investigación seria”.
Asimismo, entre 2015 y 2016, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) hizo 47 observaciones a la PGR “para preservar y
garantizar los derechos humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de
manera irreparable” (por fallas en el estricto apego a derecho). Pero al cierre
de 2017, el órgano judicial sólo había cumplido con nueve.
Esto en un país en que los casos “más
representativos” del actual sexenio –Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato,
Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán– involucran violaciones a derechos humanos y
reflejan la “debilidad institucional del país”, acusó en marzo de este año el
ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
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