La Procuraduría General de la República busca una nueva estrategia para obtener una sentencia condenatoria
contra Javier Nava Soria, contador que estaría involucrado en el desvío de
recursos junto con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego de que un
juez calificó como ilegal la información financiera que presentó el agente del
Ministerio Público de la Federación.
Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador
especializado en investigación de delitos federales, expuso que el problema es
que los jueces están aplicando de manera retroactiva un criterio de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual establece que toda información
bancaria y financiera sería declarada nula si no se obtiene por orden de un
juez.
Refirió que se corre
peligro de que se caigan los casos de los probables involucrados en el caso
Javier Duarte, ya que “cuando tenemos criterios a modo generamos impunidad”.
Continúa: “En el
juicio contra Nava Soria buscamos una estrategia que nos permita tener sentencias
condenatorias en el resto de los involucrados”.
En la audiencia intermedia del 8 de noviembre, el juez de control del Centro de Justicia
Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, invalidó 11 documentales, 12
testimoniales y dos dictámenes en materia de contabilidad.
“El juez de control
consideró que la información financiera allegada a la carpeta de investigación
vulneraba el derecho a la vida privada, por los planteamientos ya expuestos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, es decir, que se requirieron y obtuvieron sin previo
control judicial, siendo ello necesario para no vulnerar el referido derecho
fundamental.
“En audiencia intermedia celebrada inicialmente el 8 de
noviembre de 2018 en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el
Reclusorio Norte, derivada de la causa penal 97/2016, en contra del
exfuncionario de Javier Duarte, el juez de control resolvió que, de conformidad
con lo establecido en lo dispuesto por el artículo 346, fracción II, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, fueran
excluidas 11 documentales, 12 testimoniales, y la parte conducente de dos
dictámenes periciales en materia de contabilidad, relacionadas, todas ellas,
con la información financiera obtenida por el agente del Ministerio Público”.
Determinación que fundó, esencialmente, en lo adoptado por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo
directo en revisión 502/2017, así como, en lo resuelto por el Primer Tribunal
Unitario en Materia Penal del Primer Circuito dentro del toca penal 156/2018
formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Elba Esther
Gordillo Morales.
De acuerdo con el funcionario, el juez de control estimó que no pudo adoptar una determinación
diferente, pese a que el Ministerio Público de la Federación se ajustó en su
momento a las disposiciones legales acordes a su actuar y al principio de buena
fe, sin embargo, ello había quedado rebasado por el pronunciamiento de la SCJN.
Asimismo, adujo que no
compartía lo resuelto por su homologo, el Juez de Control en la audiencia de 31
de enero de 2016, en la que se solicitó la técnica de investigación para la
obtención de la información financiera, pues a su parecer era factible otorgar
dicha técnica para que el Ministerio Público obtuviera la referida información,
ya que la institución ministerial había obrado de buena fe, tratando de no
vulnerar derechos fundamentales de los imputados.
Finalmente, consideró
que tampoco era obstáculo que la Representación Social de la Federación hubiera
solicitado dicha información financiera conforme al artículo 9, de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada pues, aun tratándose de delincuencia
organizada, no puede haber excepción para no respetar los derechos
fundamentales.
El 9 de noviembre de 2018, dándose continuidad a la audiencia
intermedia y concluida la misma, en
total para la Fiscalía de la Federación le fueron admitidas: 12 testigos, de
los cuales 8 hablaran de 27 pruebas documentales aceptadas, dos pruebas
periciales, como son contabilidad y valuación inmobiliaria.
También cuatro pruebas
referidas como otros medios de prueba que son fotografías y tablas Excel,
mismos que serán incorporados por testigos.
La defensa ofreció seis
testimoniales, de la cuales cinco ya había ofrecido la Representación Social de
la Federación en su escrito de acusación.
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