Arnoldo
Cuellar.
Más allá de que los altos mandos de
la política estatal impongan una ley del silencio sobre la violencia que azota
a la entidad y que el gobernador se refugie en el chabacano discurso de la
“grandeza de Guanajuato”, lo cierto es que la constante de este 2018 en la
entidad será la espiral criminal que se abatió sobre el estado.
Diego Sinhue
Rodríguez insiste en su visión de que la
responsabilidad de la crisis de inseguridad es de los municipios de Guanajuato
que dejaron hundirse a sus policías y obligaron a la entrada del mando único de
facto, el cual es a todas luces insuficiente.
La explicación parece real, pero no
suficiente y mucho menos exacta. Si alguien conoce el nivel municipal de la
policía es Alvar Cabeza de Vaca, cuya mayor experiencia parte de su paso por la
dirección y la secretaría de seguridad de León. El secretario de seguridad del
estado sabía bien a qué se metía cuando orquestó la disolución de las
corporaciones municipales y el arribo de sus muchachos como relevo.
Además, el gobierno del estado ejerce un control
sobre el reclutamiento de los policías municipales y su permanencia, a través
de los exámenes de control de confianza. Más aún, en buena parte de las
corporaciones que se hunden frente al embate o la cooptación criminal, los
mandos han sido “sugeridos”, por no decir impuestos, desde las oficinas de Cabeza
de Vaca y de Carlos Zamarripa.
Así que la versión en la que se
escuda el gobernador, cuando habla en corto de la misma pues su ayuno de
intercambio con la prensa se mantiene a mes y medio de su toma de posesión, es
la que a su vez le venden sus ratificados colaboradores para construir una
coartada.
Más allá de las “explicaciones” bajo
las cuales se quiere acomodar la realidad, lo cierto es que en todos los
indicadores Guanajuato se ha ido a los máximos, incluido el de ataques del
crimen organizado contra elementos de las corporaciones policiales municipales
y estatal.
Pero las
cosas no se quedan allí. Aunque no
ocurrieron por primera vez, en este año atestiguamos el escalamiento de los
ataques en contra de integrantes de la clase política y de sus familiares.
Ninguno de ellos ha sido esclarecido, salvo el del alcalde electo de Jerécuaro,
acontecido hace tres años.
Ese será el marco en medio del cual
los diputados de Acción Nacional con la complacencia del PRD y probablemente
del Panal y Movimiento Ciudadano, buscarán entregarle a Carlos Zamarripa la
fiscalía general de Guanajuato por un largo periodo, bajo la irresponsable
premisa de que más vale malo conocido…
No es la
única mala noticia. Ya vimos este fin de
semana reaparecer a Miguel Márquez Márquez para explicarnos algo que según él
“no hemos entendido”: que proyecto Escudo “es solo una herramienta tecnológica,
pero no la solución al problema de la inseguridad”.
No recuerda ya el amnésico
exgobernador cuando vendía las cámaras y los arcos de Escudo como el gran
blindaje que mantendría a Guanajuato alejado de la violencia que se vivía en
otras entidades, incluidas las vecinas.
Porque, de creerle a Márquez,
deberíamos concluir que Escudo hizo su parte, pero los que no la hicieron
fueron sus operadores, los funcionarios estatales que debían utilizar esa
información para la prevención y la reacción oportuna frente a las amenazas de
la delincuencia.
En ese caso,
la discusión ya no debería ser si Escudo
se queda o se cambia, sino la necesidad de cambiar a los poco confiables
funcionarios que no supieron extraer las ventajas de la excelsa y
multimillonaria tecnología cuya compra fue el primer acto de gobierno de
relevancia de Miguel Márquez, hace seis años.
Ante este panorama, ante la exigencia
creciente y sostenida desde la sociedad para que se evite la designación de un
fiscal carnal por parte de un congreso sometido al Ejecutivo y a los designios
de un grupo político donde aún se forma con mucho ascendiente el ex gobernador
Márquez, el recurso de Diego Sinhue de querer ejercer el gobierno a base de
encabezar presídiums y enviar tuits, está totalmente fuera de lugar.
La circunstancia reclama
un gobernador firme, decidido, trabajador y abierto al diálogo, pues la
necesidad más urgente es la construcción de consensos mínimos frente a retos
que nunca habíamos tenido. Lo paradójico es que eso sería lo que uno podría
esperar de un político joven que apenas está por construir su historia, de
quien se tendría que esperar que estuviese ávido de dar resultados, de imponer
estilos y de tomar riesgos.
Seguiremos esperando a que al
gobernador le caiga el veinte del millón de votos que recibió, de los
compromisos que hizo en campaña y de las necesidades que le fueron planteadas.
Incluso, egoístamente, de que le surja el impulso de hacer historia y de
contribuir a que su partido salga del profundo bache en el que sigue hundido.
¿O es mucho
pedir?
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