Javier Risco.
La montaña
tiene mil metros de altura. He decidido comérmela poco a poco. Es una montaña
como todas las montañas: vegetación, piedras, tierra, animales y hasta seres
humanos que suben y bajan por sus laderas.
Todas las
mañanas me echo boca abajo sobre ella y empiezo a masticar lo primero que me
sale al paso. Así me estoy varias horas. Vuelvo a casa con el cuerpo molido y
con las mandíbulas deshechas. Después de un breve descanso me siento en el
portal a mirarla en azulada lejanía.
Si yo dijera estas cosas al vecino de
seguro que reiría a carcajadas o me tomaría por loco. Pero yo, que sé lo que me
traigo entre manos, veo muy bien que ella pierde redondez y altura. Entonces
hablarán de trastornos geológicos.
He ahí mi tragedia: ninguno querrá
admitir que he sido yo el devorador de la montaña de mil metros de altura.
Mientras leía el trabajo de la
periodista Laura Castellanos en mexico.com, sobre los 108 mexicanos asesinados
por defender nuestros bosques y ríos, no dejaba de pensar en el cuento con el
que inicia esta columna, una ficción titulada “La montaña” del grandísimo
escritor cubano Virgilio Piñera. Un personaje que cada mañana se apropia a
mordidas de una montaña, incapaz de contarle al vecino, él sabe que le ha dado
forma y que, aunque sus mandíbulas no resisten, la ha hecho suya.
Pienso que estos mexicanos asesinados
en la última década han hechos suyos ríos, bosques, selvas, al grado de pagar
con su vida; tampoco les han dicho a sus vecinos, tampoco han hecho
organizaciones estridentes, los defienden por todos.
Castellanos cuenta la historia de dos defensores del
río Apulco, Antonio Esteban Cruz, un modesto productor de pimienta, acribillado
en 2014 y de su sucesor Manuel Gaspar Rodríguez, asesinado con un arma
punzocortante el 14 de mayo de 2018. Habla con sus familias, sus amigos, nos
cuenta lo que defendieron y por qué resultaron incómodos, también habla de
carpetas de investigación sin final, de dos casos de impunidad, como muchos,
olvidados por la justicia mexicana.
De acuerdo
con la base de datos de mexico.com, surgida del cruce de documentos de Global
Witness, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), y de la tesis de la
investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en
México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el pueblo nahua registra
el mayor número de asesinatos a nivel nacional (45), seguido por el purépecha
(19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika (3), y con un caso, los pueblos yaqui,
ayuuki, tsotsil y mixteco.
De los 125 crímenes en la última
década en este país –108 asesinatos y 17 desapariciones– 82 son víctimas
indígenas; dos de cada tres. La numeralia es brutal “49 ocurrieron en el
gobierno de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En 2011, durante el
sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017, bajo el
gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14”.
El reportaje llega en un momento
fundamental, en la formación del nuevo gobierno, en posicionar este tema en la
agenda nacional, la exigencia por parte de Billy Kyte, de Global Witness, es
contundente: “López Obrador debe asegurar justicia para los activistas
asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para
personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su
consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”.
Partamos del desamparo, de luchas
alejadas de los medios, de esfuerzos periodísticos como el de mexico.com, para
dimensionar la tragedia de los que viven fuera de las ciudades y les toca
proteger lo poco que nos mantiene vivos. He aquí una causa de indignación, pero
también de acción, el gobierno entrante debe ponerlos en la primera línea, a
los cientos de defensores ambientalistas y reconocer que sin montañas y sin
ríos no hay país que gobernar.
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