La Procuraduría General de la
República (PGR) llegó a su fin tras casi 45 años de estar en funcionamiento. La
ley que amparaba su creación fue oficialmente derogada con la publicación
oficial de la Ley de la Fiscalía General de la República y la declaratoria que
hizo el martes el Senado de su autonomía.
Pero la PGR hereda a la Fiscalía retos
importantes de arranque: poco personal para hacer frente a las cargas de
trabajo, más de 55 mil casos sin resolver, entre ellos investigaciones de alto
impacto, y el menor presupuesto que se haya asignado para procuración de
justicia de los últimos seis años, según la propuesta del Ejecutivo.
Dicho presupuesto, además, deberá
repartirse no solo para la operación de la institución sino para su transición.
En el decreto que avala la ley de la
nueva Fiscalía General se establece que absorberá todos los recursos humanos,
materiales y económicos con que cuenta la PGR para comenzar a funcionar, y que
además está obligada a darle continuidad a todas las carpetas de investigación
y averiguaciones previas pendientes.
En ese
contexto Animal Político presenta la situación de algunos de los principales
pendientes y recursos que hereda la Procuraduría a la nueva institución.
Cabe señalar que la persona que sea
designada como primer Fiscal General tiene la obligación legal de elaborar un
diagnóstico de los temas pendientes y de la situación actual de la PGR, para
diseñar en un periodo máximo de un año un esquema que finiquite el actual
procedimiento de transición.
Personal y
carga de trabajo.
La Fiscalía General hereda de la PGR
recursos humanos insuficientes para hacer frente de forma efectiva y rápida a
la carga de trabajo que la institución acumula, como lo confirman los propios
datos oficiales de la institución.
La
información revelada por transparencia arroja
que en los últimos dos sexenios la PGR perdió la mitad de los elementos de la
policía que tenía para investigar delitos federales y detener a probables
responsables. Pasó de contar con 8 mil efectivos en 2006 a 4 mil elementos este
año.
Esta situación ocasiona que, en
promedio, cada agente del Ministerio Público Federal solo tenga a su
disposición un policía de investigación para que lo apoye en los 35 nuevos
casos que se le suman cada año. Y esto sin tomar en cuenta que no todos los
policías realmente están asignados a indagar casos, pues hay algunos
comisionados como escoltas o vigilantes.
De 2012 a
2018 la Procuraduría dio de baja a 1 mil
59 elementos de la Policía Federal Ministerial por distintos motivos, entre
ellos que 332 que no superaron las pruebas de control de confianza y 55
incurrieron en diversos delitos y fueron sometidos a un proceso penal.
De acuerdo
con el sexto informe de gobierno que presentó en septiembre pasado el
presidente Enrique Peña Nieto, hasta ese
momento la PGR tenía más de 55 mil averiguaciones previas y carpetas de
investigación en trámite, es decir, pendientes de alguna resolución.
El problema de los recursos humanos
no solo es de cantidad sino de calidad. De acuerdo con un análisis que realizó
en su momento el exprocurador Raúl Cervantes, cerca de la mitad de los fiscales
federales que ocupaban ese cargo no provenían del servicio profesional de carrera,
sino que habían sido colocados directamente por funcionarios superiores.
Este es el
motivo por el cual las organizaciones ciudadanas del colectivo
#FiscalíaQueSirva exigen que no haya un pase automático del personal, sino una
evaluación cuidadosa de las capacidades y perfiles para determinar quién
continua en la Fiscalía General y quién no.
Presupuesto
menor para operación y transición.
El Proyecto
de Egresos de la Federación que el gobierno federal envió al Congreso prevé para 2019 un presupuesto de 15
millones 328 mil pesos para el área de procuración de justicia. En términos
reales se trata de un recorte del 9.1 % de los recursos en comparación con el
presupuesto aprobado para 2018. Pero no solo eso.
De aprobarse como está planteado este
presupuesto, será el más bajo de los últimos seis años. Hay que remontarse
hasta 2012 para encontrar un presupuesto ligeramente inferior al que se estaría
avalando para el próximo año.
Por ley el presupuesto que se apruebe
para 2019 es el que pasará a la nueva Fiscalía General y, en consecuencia, esos
son los recursos de los que dispondrá el que sea nombrado fiscal General para
hacer frente tanto a la operación de la dependencia como a su proceso de
transición.
El riesgo de
que la Fiscalía General tuviera un presupuesto inferior ya había sido advertido
por el colectivo #FiscalíaQueSirva. Esto luego de que el dictamen aprobado de
Ley General removiera un candado propuesto por las organizaciones y expertos en
la iniciativa original que señalaba que, en ningún caso, el presupuesto de la
institución podría ser inferior al del año anterior.
La activista
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una de las organizaciones del
colectivo, advirtió el martes que si el
presupuesto no se modifica se corre el riesgo de que el cambio de la PGR a
Fiscalía General sea sólo de membrete.
Casos clave
pendiente.
Entre los casos que la Fiscalía
General hereda de la PGR se encuentran varias investigaciones de alto impacto
relacionadas con hechos de violencia y de corrupción, que no se han logrado
finiquitar.
Destaca, por
ejemplo, las dos carpetas de investigación
que en su momento abrió la PGR por los presuntos sobornos que la constructora
Odebrecht pagó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos
años, a cambio de la concesión de diversos contratos de obra.
Mientras que
en otros países de América Latina ya hay incluso altos funcionarios indiciados
y presos por el caso, en México la investigación inicial no se ha cerrado. El
exprocurador Cervantes, previo a dejar el cargo a finales de 2017, había
señalado que la carpeta de investigación estaba casi lista, pero la PGR luego
aclaró que la supuesta falta de cooperación de la fiscalía brasileña había
retrasado el cierre del mismo.
A la falta de resultados en el caso
Odebrecht se suma la opacidad. Pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la
Información (INAI) ha ordenado a la PGR que entregue una versión pública de las
investigaciones del caso por ser de interés público, la dependencia ha puesto
en la mesa múltiples causas para no hacerlo, e incluso ha interpuesto una
demanda de amparo contra dicha determinación.
Por otro
lado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado más de 900 denuncias penales ante la PGR por el mal
manejo de recursos públicos tanto a nivel federal como en los gobiernos
estatales. Animal Político publicó que menos del 2% de las investigaciones
iniciadas por dichas denuncias ha sido consignada ante un juez, y a la fecha no
hay una sola persona detenida.
Entre las
denuncias presentadas destacan las
vinculadas con la denominada “La Estafa Maestra” en donde se involucra tanto a
dependencias federales como Sedatu, Sedesol y Sagarpa, así como diversas
universidades públicas por un posible desfalco superior a los 3 mil millones de
pesos. Hasta ahora ni uno solo de esos casos ha sido resuelto.
La ASF también ha presentado más de 70 denuncias
por el posible desvío de aproximadamente 60 mil millones de pesos en Veracruz,
la mayoría de ellas en la gestión del exgobernador Javier Duarte. La PGR dijo
en octubre pasado que algunos de esos casos habían sido judicializados y
existían órdenes de aprehensión pendientes, pero se desconocen mayores
detalles.
Cabe señalar
que la PGR consiguió en septiembre una sentencia de 9 años de prisión por
lavado de dinero y asociación delictuosa en contra de Javier Duarte. No obstante,
en relación con este exgobernador la Procuraduría deja varios pendientes como,
por ejemplo, obtener el aval de Guatemala para ejecutar una orden de
aprehensión en su contra por desaparición forzada.
La Fiscalía también hereda de la PGR un proceso de extradición
en curso sobre Karime Macías, esposa de Javier Duarte, quien en México tiene
acusaciones e investigaciones por presuntos hechos de corrupción y delitos
fiscales. Otro proceso de extradición que no se ha finiquitado es el del
exgobernador de Chihuahua César Duarte, a quien también se le acusa por malos
manejos durante su administración.
El proceso penal que la PGR ha
imputado en contra del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es otro de
los asuntos inconclusos, pues el exmandatario ha conseguido amparos que han
frenado el proceso de su juicio.
Y además de estos y otros casos de corrupción
pendientes están los de violencia y violaciones a derechos humanos. El de mayor
impacto es el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigación
que no se ha podido cerrar y donde la hipótesis oficial sobre la posible muerte
de los estudiantes en un basurero de Cocula, Guerrero, ha sido cuestionada por
abogados y víctimas.
En este caso
la Fiscalía recibe una carpeta de
investigación compuesta por más de 200 tomos, pero que a su vez acumula
importantes reveses como, por ejemplo, la liberación de algunos de los
probables responsables por presuntos hechos de tortura cometidos en su contra.
En el mismo
tenor se encuentran carpetas de investigación
y averiguaciones previas abiertas como las relacionadas con presuntas
ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México y en
Apatzingán, Michoacán, donde hasta ahora la Procuraduría no ha conseguido
cerrar los procesos penales exitosamente.
Otro caso que sigue sin esclarecerse
completamente es el de la fuga del Penal Federal del Altiplano de Joaquín el
Chapo Guzmán. Además,
hay órdenes de aprehensión en contra de
líderes criminales que no se han conseguido cumplimentar pese a que incluso se
han ofrecido recompensas, como la ordenada en contra de Nemesio Oseguera alias
el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
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