Las puertas
del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz se
abrieron de par en par para el círculo cercano del exmandatario priista Javier
Duarte de Ochoa, el lunes salió de
prisión el exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac
Murillo acusado de peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad,
coalición, desvío de recursos e incumplimiento de un deber legal.
Con una sonrisa que no podía ocultar,
Audirac soslayó a la prensa: “La justicia nos hizo el favor de darnos la
oportunidad de salir”.
Mientras que
este martes dejó la prisión, el
exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y exdirector de la
Comisión del Agua para el Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia García,
luego de que su defensa solicitara a la Jueza de Control la revisión de medidas
cautelares.
“Por fin ha vuelto la justicia a
Veracruz, con el cambio de gobierno nuevamente prevalece la división de
poderes, hay justicia”, expresó a los reporteros Valencia.
Al
exdirector de la CAEV se le acusó de los
delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias e
incumplimiento del deber legal. Al imputado le cambiaron las medidas cautelares
de prisión preventiva oficiosa, por la firma periódica ante el juzgado y no
salir del distrito judicial, además de acudir al órgano jurisdiccional “las
veces que así se requiera”.
El
exfuncionario de Javier Duarte fue
señalado como presunto responsable de las irregularidades en la CAEV, durante
su gestión en 2014, las cuales presuntamente ascendieron a 25 millones de
pesos.
En el caso
de otros duartistas que han dejado la
prisión, se encuentran el exdirector del DIF con Karime Macías –esposa de
Duarte-, exsecretario particular del gobernador y exsecretario de Salud, Juan
Antonio Nemi Dib y el exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, ambos
dejaron la prisión, en la modalidad de “arresto domiciliario”, argumentando
enfermedades que no podían ser atendidas en el reclusorio de Pacho Viejo.
A Ríos Alvarado se le responsabilizó
de haber ayudado a escapar a Duarte en un helicóptero que salió de Xalapa con
destino a Coatzacoalcos, así como de tráfico de influencias y abuso de
autoridad; en el caso de Nemi Dib se le señaló de acusado de los delitos de
incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del servicio
público, en perjuicio del patrimonio del Estado y por la violación a la Ley de
Obras Públicas del Estado, según la carpeta de investigación 139/2017.
El
exgobernador interino apenas duró unas semanas en el reclusorio una vez que fue
aprehendido, posteriormente tuvo vigilancia de la policía ministerial en un
hospital donde pretextó “medidas de salud preocupantes”. En el caso de Nemi Dib
permaneció en el área de prisiones cautelares por espacio de un año, hace
apenas unas semanas, le cambiaron su situación jurídica a “arresto
domiciliario” pretextando también condiciones de salud.
Con la misma benevolencia y
flexibilidad del juez, se encuentra la exjefa de prensa del priista, Javier
Duarte, Georgina Domínguez Colio quien permanece en el área privada de un
hospital público por “dolores abdominales severos”
Domínguez
Colio –bautizada como La Vicegobernadora
en el gabinete de Javier Duarte– entró en la historia por ser la primera jefa
de prensa mexicana encarcelada. Empresaria periodística, restaurantera y
hotelera, ella tiene dictada la prisión preventiva de un año por los delitos de
abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición para cometer
un ilícito. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún la investiga por
presunto peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos.
Sin embargo,
desde hace quince días no ha podido
regresar a la cárcel de Pacho Viejo por su situación de salud.
Una situación similar podría ocurrir
en próximos días, con el exfiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo
Contreras, pues a decir de su abogado, Arturo Nicolás Baltazar la Fiscalía a
cargo de Jorge Winckler Ortiz lo detuvo en junio pasado en la Ciudad de México,
pese a que en ese momento el hoy imputado contaba con una suspensión definitiva
ante cualquier orden de aprehensión.
Según
Nicolás Baltazar, el juicio en contra de
Bravo ha estado plagado de pifias y de irregularidades por parte de la Fiscalía
General del Estado a cargo de Winckler, razón por la que el Poder Judicial de
la Federación, a través de un Tribunal Colegiado de Distrito podría ordenar en
breve la liberación inmediata o la modificación de medidas cautelares del
exfiscal veracruzano.
Por el suelo quedaron las
declaraciones del actual Fiscal, Jorge Winckler quien apenas hace un par de
meses presumía que el gobierno de Miguel Ángel Yunes tenía abiertas 777
carpetas de investigación contra 300 servidores públicos del gobierno anterior.
Hoy en prisión sólo quedan el exsecretario de
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Capitan Tormenta, la exdirectora de
investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora, el exdirector general de
Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, el exdirector de la Fuerza Civil,
Roberto González El Teniente Meza y José Oscar Sánchez Tirado, exdirector de
Reinserción Social, todos ellos imputados por el delito de desaparición
forzada.
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