Por Jorge
Carrasco Araizaga.
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación dio entrada a la controversia constitucional del Instituto Nacional
Electoral (INE) en contra de del Presupuesto de Egresos 2019, pero le negó la
suspensión con la que el organismo electoral pretendía aumentar sueldos y
recursos para su operación.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite el
juicio constitucional interpuesto por el INE la semana pasada, pero al igual
que con otros organismos autónomos le negó suspender la aplicación del
presupuesto aprobado por el Congreso para este año.
En su
acuerdo de admisión, Pérez Dayán
argumentó que el presupuesto 2019 ya entró en vigor, por lo que su suspensión
no tendría efectos restitutorios para el organismo electoral, al que los
diputados le recortaron 950 millones de pesos.
Ordenar que se le aumente el
presupuesto al INE y se permita el incremento salarial de sus empleados
implicaría dejar sin efecto el juicio constitucional, añadió el ministro.
Pérez Dayán aplicó el mismo criterio que en las
controversias promovidas por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra de la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos y del presupuesto para este año.
En el caso del juicio iniciado por el
Banco de México (Banxico), el ministro sí concedió la suspensión debido a que
como banco central, Banxico genera sus propios ingresos y no depende del
Presupuesto de Egresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados.
En su
controversia constitucional, el INE
argumentó que la reducción presupuestal le impedirá participar en la
organización de los procesos electorales que tendrán lugar este año en cinco
entidades: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
La Suprema Corte deberá resolver en
las próximas semanas los diferentes juicios que se han interpuesto en contra de
la ley de remuneraciones, según la cual nadie debe ganar más que el presidente
de la República, de acuerdo con una reforma constitucional aprobada desde el
sexenio de Felipe Calderón.
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