Raymundo
Riva Palacio.
Primero fue
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que
él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Luis
Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. Luego el presidente Andrés Manuel
López Obrador añadió a la especulación. Se dice –dijo el presidente– que cuando
se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad,
pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente
no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto por
homicidio con premeditación y alevosía. La investigación no cesó hasta el año
2000, cuando el último fiscal del caso Colosio, Luis Raúl González Pérez,
entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado
mortalmente contra Colosio, concluyó.
González
Pérez fue el último fiscal del caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría
sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma
conclusión. No fue un “crimen de Estado” ni tampoco hubo políticos
involucrados. No participó el narcotráfico ni fue la “nomenclatura”, como el
presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había
uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó
Aburto”, le comentó Miguel Montes, el primer fiscal, al reportero.
La
investigación de González Pérez incluyó la revisión de alrededor de cinco mil
fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el
asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron
identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó
ampliamente. Igual se revisó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia,
que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato,
sin encontrar anomalía alguna, salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento,
con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo
contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez.
Una amplia
mayoría de mexicanos, como el propio Salinas en agosto de 1994 reconoció en una
charla en Los Pinos, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean
coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo. ¿Evidencia?
Ninguna, respondió. Varios factores contribuyeron a la duda. Primero El
Universal, que puso en su titular principal que Colosio había sido “víctima de
un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de
una priista en Tijuana.
Después, los
mismos corresponsales reportaron que el Aburto de Lomas Taurinas, donde se dio
el crimen, había sido cambiado, con el apoyo de dos fotografías de Aburto en la
primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete
y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato,
mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado.
Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales
que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la
ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado
dos veces Aburto.
En el
imaginario colectivo no había cabida para un asesino solitario. El crimen se
había dado en medio de una crisis en la campaña de Colosio, incapaz de
organizar una estrategia que lo posicionara, y frente al protagonismo de Manuel
Camacho, que se había ofrecido como negociador para la paz en Chiapas con el
EZLN, que le había arrebatado la atención de la opinión pública. Pero nada
había logrado cuajar judicialmente hasta que llegó Pablo Chapa Bezanilla, quien
asumió la fiscalía del caso Colosio el 16 de diciembre de 1994. Chapa Bezanilla
le dijo días antes de asumir al reportero: “Voy a meter a la cárcel a Carlos
Salinas y a José Córdoba”. ¿Al expresidente y su poderoso coordinador de
asesores? “Se oye bien”, le comentó el reportero. “¿Hay pruebas?” El fiscal
respondió: “No, pero las obtendré”.
Chapa
Bezanilla no pensó en la conspiración por generación espontánea. Quien le
incubó la idea fue Alfonso Durazo, apestado políticamente en ese momento, y que
había sido secretario particular de Colosio cuando fue titular de Desarrollo
Social, y en la campaña. Durazo estaba convencido de que Colosio había sido
asesinado por órdenes de Salinas. En esa misma línea de pensamiento, este
sábado en su cuenta de Twitter, el hoy alto funcionario federal escribió: “El
asesinato de Luis Donaldo no puede entenderse al margen de la tensión entre
renovación y continuidad que caracterizó, desde el poder, a la disputa por la
sucesión presidencial de 1994”.
Esa
declaración evoca el conflicto entre Colosio y Camacho –a quien cuando acudió a
la funeraria, Durazo le negó la entrada–, y sugiere que el asesinato obedeció a
que el candidato representaba la renovación, que sin decirlo deja entrever que
Salinas estaba arrepentido del candidato, y Camacho era la “continuidad”. Sin
especificarlo, Durazo afirma que el asesinato de Colosio fue un “crimen de
Estado”, a lo cual se sumó el presidente López Obrador. Camacho, que luchó del
brazo de López Obrador durante una década, está muerto. Salinas vive en Londres
y ya se verá si le da rango de interlocutor y le responde.
Pero la
verdad siempre la escriben los vencedores, sin importar los hechos, y dictan
para la historia lo que es importante, lo que es real, y lo que va a pasar.
¿Qué viene? Una nueva investigación sobre el Caso Colosio, bañada en política y
vestida con el traje que le hizo Durazo a Chapa Bezanilla hace 25 años.
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