La empresa Obrascón Huarte Lain (OHL)
hizo negocios con las últimas cuatro administraciones priistas en el Estado de
México, donde los vínculos entre proyectos de infraestructura y el
financiamiento ilegal de campañas políticas “perpetuaron los efectos de la
corrupción”, de acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari.
“Hay evidencia suficiente, tanto en
el Instituto Nacional Electoral, como en la ahora Fiscalía General de la
República o la Auditoría Superior de la Federación, de que estos señores [OHL]
financiaron la campaña de Eruviel Ávila [Villegas] en el 2011, la [campaña]
federal de [Enrique] Peña [Nieto] en 2012, y luego la de [Alfredo] del Mazo
[Maza]” en 2017,
dijo en entrevista con SinEmbargo.
OHL México –ahora Aleatica– fue señalada esta semana
por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de
haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra de
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante los comicios electorales de
2017-2018.
Tras la acusación,
OHL aseguró no tener “relación alguna,
directa o indirecta, en las ‘campañas negras’”; también refirió que “cooperará
con las investigaciones oficiales que puedan surgir”.
Sin embargo, de acuerdo con Gargari, no es una sorpresa
que OHL financiara la campaña de guerra sucia en contra de AMLO, pues considera
que el uso discrecional de recursos públicos, la opacidad y la falta de castigo
y de aplicación de la Ley ha sido “la triste realidad del Estado de México
durante las últimas cuatro administraciones estatales”.
Para el hombre que ha denunciado y
litigado en contra de la empresa de origen español desde 2015, OHL representa
“el prototipo de la corrupción transfronteriza […] vinculado a un grupo
político, que es el grupo político del PRI del Estado de México, que se
enquista allí y que lo pervierte todo”.
Hace un año,
el litigante mencionó a SinEmbargo que
existía una “extraña” coincidencia entre los años de elección de cargos
públicos y la renegociación de contratos entre el Gobierno mexiquense y OHL
México. epn-ruiz-esparza-y-ohl
Las declaraciones de Gargari, no
obstante, tienen sustento. Entre los años 2003 y 2017, los cuatro proyectos de
infraestructura más importantes de OHL en el Edomex –el Aeropuerto
Internacional de Toluca, la Autopista Atizapán-Atlacomulco, el Circuito
Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario– iniciaron, fueron
modificados y/o concluyeron en fechas cercanas a periodos de elección popular,
fueran para Gobernador (2005, 2011 y 2017) o Presidente de la República (2012).
LA LLEGADA
DE OHL A MÉXICO.
El político
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Montiel Rojas, gobernó
el Estado de México entre 1999 y 2005. Durante su administración, en 2002, OHL
llegó a México y era una empresa poco reconocida.
Ese año –contó Díez Gargari a
SinEmbargo– OHL contrató a José Andrés de Oteyza para que encabezara a la
compañía en territorio nacional. Entonces el ex Ministro y empresario Juan
Miguel Villar Mir, íntimo amigo de los reyes de España y fundador del grupo al
que pertenecía OHL, no era investido como marqués. Sin embargo, la misma
fortuna que lo llevó a consolidar su imperio multimillonario en Europa y a
obtener un título nobiliario, le sonrió para apoderarlo en México.
Allá, en el
viejo continente, entre las décadas de
los ochenta y noventa, la corte del Rey Juan Carlos I le facilitó contratos y
préstamos que lo convirtieron en magnate.
Acá, en el nuevo continente, la
designación de Oteyza –implicado en casos de soborno a funcionarios públicos de
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– fue
una decisión estratégica ya que, de acuerdo con Gargari, se trató de “otro
individuo que sabía conseguir negocios de esta manera: con sus cuates priistas
y con la fortuna de que aquel grupo de muchachos que conocieron en la época de
Arturo Montiel Rojas –como Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo Maza– fueron
los que finalmente se convirtieron en los dueños del país en estos últimos seis
años”.
Desde los noventa del siglo pasado,
Villar Mir puso el ojo en México. Y en el 2000, inició uno de sus primeros
grandes proyectos, que fue la construcción de cinco hoteles de lujo en la
Riviera Maya. Pero 2003 sería su año de abolengo en la entidad mexiquense.
Arturo
Montiel, por ejemplo, otorgó a OHL la
licitación para ampliar, mejorar, desarrollar y operar hasta 2055 el Aeropuerto
Internacional de Toluca. Esto ocurrió en 2005, al cabo de su administración en
el Estado de México y en el marco de las elecciones locales en las que Enrique
Peña Nieto salió victorioso.
El 25 de
febrero de 2003, el Sistema de Caminos
del Gobierno del Estado de México (SCEM) otorgó a la compañía Concesionaria
Mexiquense (Conmex) –filial de OHL México con 51 por ciento de las participaciones–
el permiso para “proveer servicios para el Circuito Exterior Mexiquense” hasta
diciembre de 2030, “a efecto de asegurar su mantenimiento y conservación”,
según lo establecido en el “Título de Concesión” de ese año.
Nueve meses más tarde, el 27 de
noviembre de 2003, el Gobierno de Arturo Montiel Rojas creó a la empresa
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) para
que se encargara de “modernizar, expandir y promocionar” el aeropuerto estatal,
de acuerdo con lo establecido en la “Gaceta del Gobierno” (registro DGC no. 001-1021).
Dicha compañía fue creada para durar
99 años –hasta el año 2102– con una estructura tripartita: 49 por ciento de las
acciones en manos de privados; 26 por ciento perteneciente al Gobierno del
Edomex; y el 25 por ciento restante como participación del Gobierno federal.
A finales de
2005, la administración de Montiel selló
su trato con OHL México, que el 27 de julio de 2006 adquirió el 49 por ciento
de la AMAIT por 1.1 millones de pesos.
EXTRAÑAS
COINCIDENCIAS.
Sin considerar la concesión del
Aeropuerto Internacional de Toluca, los tres principales contratos de OHL en el
Edomex fueron una inyección de capital, sobre todo concentrada en el periodo de
Gobierno de Arturo Montiel Rojas, cuyo Circuito Exterior implicó el pago de 24
mil 921 millones de pesos a OHL.
Le siguieron el Viaducto Bicentenario
durante el mandato (2005-2011) de Enrique Peña Nieto con 10 mil 071 millones y
la carretera Atizapán-Atlacomulco del periodo de Eruviel Ávila Villegas
(2011-2017), con un costo de 9 mil 500 millones de pesos.
“Fíjate como todo el caso de OHL está
siempre vinculado al calendario político. Las ampliaciones de plazo, por
ejemplo, que las otorgan ya sea un poquito antes o un poquito después de que
termina una administración”, comentó Gargari en 2018 a SinEmbargo.
Casi dos años después de obtener la
concesión de la AMAIT, el 7 de mayo de 2008, la empresa de origen español
obtuvo la concesión por 30 años (hasta 2038) del segundo piso del Periférico, a
través de su filial Viaducto Elevado Bicentenario.
Seis y medio meses antes, el 23 de
octubre de 2007, el dictamen técnico de la licitación pública (no.
SCEM-CCA-01-07) del proyecto determinó que OHL era la mejor opción para
“construir, explotar, operar, conservar y mantener” el Viaducto Elevado.
Años
después, en 2012 y a unos meses de haber
sido elegido como el nuevo Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila
Villegas anunció la extensión de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense
por 21 años más (hasta 2051), de acuerdo con lo establecido en la modificación
al “Título de Concesión” de diciembre de 2012. Asimismo, el priista autorizó
los incrementos de tarifas para 2013 y 2021.
Los políticos y los empresarios en el
Edomex, de acuerdo
con Gargari, “adoptaron el método de
decir: ‘vamos a hacer las ampliaciones de tarifa en dos [momentos]. Las
incrementas por inflación en enero o febrero; y después de la elección, le das
el otro golpazo a la ciudadanía’”.
El 28 de
marzo de 2014, la SCT falló a favor de
OHL –a través de su filial Concesiones México– para “construir, operar,
explotar, conservar y mantener la autopista de altas especificaciones
Atizapán-Atlacomulco” (en el Edomex) por 30 años (hasta 2044), refiere el sitio
“Proyectos México” del Gobierno federal.
Para
noviembre de 2016, siete meses antes de
la elección de Gobernador del Estado de México, el Gobierno federal amplió de
30 a 60 años la concesión de OHL en la autopista Amozoc-Perote de Puebla (hasta
2063) y autorizó un incremento escalonado de seis por ciento anual en las
tarifas de la vialidad, por un periodo de seis años (hasta 2022).
Dos meses
después de las elecciones, en agosto de
2017, fue avalado el cobro de las tarifas máximas de peaje en el Viaducto
Bicentenario, ya bajo la administración de Alfredo del Mazo Maza
(2017-presente).
Inclusive, el 29 de mayo de 2017, el ahora Presidente
López Obrador reveló que la SCT le entregó a OHL la concesión de la autopista
Atizapán-Atlacomulco porque estaba financiando la campaña política de del Mazo.
“El fallo de la Secretaría fue darle
por 30 años la concesión a OHL, argumentando que la otra empresa que
participaba, Promotora de Desarrollo de América Latina, no es solvente, cuando
en realidad se trató que [OHL] es la favorita de [Enrique] Peña [Nieto] y es
una de las [empresas] que está ayudando a [Alfredo] del Mazo a ganar”, mencionó.
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