Por Dulce
Olvera.
De 2006 a 2012, la Secretaría de
Economía (SE) de los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y de
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) otorgaron 10 mil 658 concesiones mineras a
empresas mineras, entre ellas las de Alberto Baillères González, con vigencia
hasta 2056-2062 y que suman un conjunto de 28 millones 792 mil hectáreas, de
acuerdo con la Dirección General de Minas (DGM).
“La Ley Minera permite que las
concesiones puedan darse hasta por 50 años y ser prorrogadas por igual término.
Esta disposición convierte a las concesiones mineras en un privilegio que
favorece la especulación en las bolsas de valores, teniendo en cuenta que la
vida útil de una mina a partir de las nuevas técnicas de extracción casi nunca
rebasa los 20 años. Además de considerar que un periodo de tiempo tan largo
puede favorecer la creación de pasivos ambientales mineros y dificultar la
definición de responsabilidades y sanciones a aquellas empresas mineras que no
realicen un adecuado proceso de cierre de minas”, expone el documento “Anuario
de industrias extractivas” realizado por Fundar, CartoCrítica y Red Unidos por los Derechos Humanos
(RUDH).
Durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, de 2013 a septiembre de 2017, se dieron
otras 3 mil 190 concesiones también con vigencia de 50 años, por lo que en los
últimos 11 años se han entregado 13 mil 848 concesiones.
“La
propuesta de cambio ya sabemos en qué terminó. Se destacó Fox en la entrega de concesiones para la explotación
minera”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia
matutina del pasado 22 de febrero.
De enero a
noviembre de 2006, el último año de Fox
y primeros datos disponibles de la DGM, se brindaron 1, 573 concesiones,
principalmente en Durango, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y
Coahuila, con una extensión de 3 millones 630 mil hectáreas.
“Luego Calderón, lo mismo, más
concesiones. El general [Lázaro] Cárdenas le entregó a los campesinos 18
millones de hectáreas en su sexenio a un millón de familias campesinas […]
Calderón le entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas [más de 25
millones]”, agregó
López Obrador.
De diciembre
de 2006 a 2012, el Gobierno de Calderón
dio 9 mil 805 concesiones mineras, sobre todo en 2007 (2 mil 267), con una
extensión total de 25 millones 370 mil hectáreas.
Hasta 2011, la Dirección General de Minas hizo público
el nombre de empresas y personas físicas que recibieron las concesiones para
realizar actividades mineras, de las cuales destacan Exploraciones Mineras
Parreña, Exploraciones Mineras Peñoles, Minera Saucito (Fresnillo), que
pertenecen al tercer hombre más rico del país, Alberto Baillères González, así
como Minera del Norte de Altos Hornos de México (AHMSA), siderúrgica dirigida
por Luis Enrique Zamudio Michelsen.
Además figuran filiales de la estadounidense
Platte River Gold o de canadienses como Silver Corp y Gold Corp. Estos
beneficiados continuaron obteniendo concesiones con Peña Nieto.
Entre las empresas extractivas que
recibieron el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales,
de 2013 a 2017, repitieron Exploraciones Mineras Parreña y Fresnillo, del Grupo
Peñoles que encabeza Baillères; Mineras del Norte, de Altos Hornos de México, y
se añadió Grupo México [de Germán Larrea Velasco], cuya mina Buenavista fue
responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora en agosto de 2014.
LA
REGULACIÓN LAXA Y SUS EFECTOS.
En México, la regulación del sector minero se basa en
la Ley Minera publicada en 1992 y modificada en 1996, 2005, 2006 y 2014. La
expansión comenzó tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) que permitió la llegada de compañías mineras canadienses,
principalmente.
“Esta Ley y otros cambios que se
llevaron a cabo tuvieron como objetivo ampliar la participación de las empresas
mineras extranjeras en esta actividad, para lo cual se establecieron una serie
de medidas que les otorgan facilidades para operar los proyectos. Estas
disposiciones se mantienen al día de hoy y configuran un laxo marco normativo
de esta actividad”,
explica el documento “Anuario de industrias extractivas” (2016) publicado por
Fundar, CartoCrítica y Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH).
Entre las modificaciones figuran en la Ley
Agraria y al Artículo 27 constitucional que permitieron la compra, venta y renta de tierras ejidales y comunales;
se estableció una nueva duración para las concesiones mineras de 25 a 50 años,
prorrogables a otros 50 años más; y se otorgó el carácter de preferente a la
actividad minera sobre cualquier otro uso como el agrícola, a excepción de las
relacionadas con hidrocarburos.
“A través de esta Ley, y de manera
contraria a las obligaciones del Estado para garantizar sus derechos a la
autodeterminación y a la tierra y el territorio, se privilegian los intereses
de las empresas mineras sobre los de pueblos y comunidades campesinas e
indígenas […] además de violentar el derecho que tienen a un medio ambiente
sano, a la alimentación y al agua”, dice el informe.
Sobre el uso de agua, documenta que
“para extraer solo un centenario de oro (1.2 onzas), se requieren de 100 a 150
mil litros de agua dulce, suficientes para proporcionar agua a una familia por
un año”.
En México,
documenta, más del 54 por ciento de la
propiedad es social, por lo que se encuentra en manos de ejidos y comunidades
agrarias. El informe resalta que gran parte de los conflictos sociales
relacionados con la actividad minera tienen su origen en las diferentes formas
y mecanismos que usan las empresas para acceder al territorio.
El Centro
Prodh, cita, ha identificado diferentes
estrategias usadas por las empresas mineras para poder penetrar en las
comunidades como la “compra” de autoridades, el fomento de la división
comunitaria, la represión, la creación de grupos de choque y la entrega de
grandes cantidades de dinero a algunas comunidades, bajo un clima de
criminalización, amenazas e incluso asesinatos.
“El marco regulatorio y normativo de
la minería, así como la arquitectura institucional en torno a la misma, han
sido diseñados con el objetivo de favorecer esta actividad a través de un
modelo donde las protagonistas son las empresas mineras, especialmente las
extranjeras. Esta regulación pone en segundo término los derechos de las
personas y comunidades que viven en zonas mineras y vulnera el medio ambiente y
los bienes comunes”,
concluye.
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