Javier Risco.
A finales de
mayo de 2017 México conoció a María de Jesús Patricio. En su presentación
pronunció un discurso que debemos repetirnos todos los días: “mi nombre es
María de Jesús Patricio, soy nahua del sur de Jalisco. Participar como
propuesta de parte del Congreso Nacional Indígena y de los hermanos del EZLN
que también dieron su palabra, es con el fin, no tanto de trabajar en la cuestión
de llevar votos de ir a sentarnos allá en la silla maliciada, más bien nuestra
participación es por la vida.
“Es por la
organización, por la reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados
por años y años, y creo que ahora tenemos que buscar una forma para seguir
existiendo”.
No se
trataban de promesas de campaña vacías o repetidas hasta el cansancio, tampoco
apelaba a descalificar de manera burda a sus contrincantes, o simplemente de
crear un partido para perpetuar la dinámica de vivir del erario, no, Marichuy,
como le dicen sus más cercanos, hacía campaña “por la vida”, quería que el país
la escuchara con la esperanza de “seguir existiendo”.
En medio de
una ola de frentes abiertos que barre con toda agenda, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador usa la velocidad y la legitimidad para caminar en tantas
vías que a veces deja de lado las que se alejan del centro. Entiendo la
vorágine de temas y pendientes, el sexenio pasado fue una vulgar muestra de
impunidad, corrupción y cinismo, pero justo los medios de comunicación deben
servir como altavoces de historias y luchas como las de la activista Yásnaya
Elena.
El escritor
Juan Villoro, en su columna del viernes pasado en Reforma, nos da el contexto
necesario para entender el tamaño de la lucha de Yásnaya: “Durante décadas,
Ayutla Mixe tuvo rencillas con la comunidad vecina de Tamazulapam Mixe, que se
resolvían en asambleas y negociaciones. El antecedente es decisivo para
entender la postura que hasta ahora han tenido las autoridades de Oaxaca, que
interpretan lo ocurrido como un simple conflicto entre comunidades. Así se pasa
por alto que las tierras de Ayutla Mixe han sido invadidas. Quienes las ocupan
ilegalmente exigen que el agravio se legalice cediendo títulos de propiedad. La
presión ha ido en aumento y el 5 de junio de 2017 encapuchados que portaban
armas largas lanzaron ráfagas contra la población indefensa. Luis Juan
Guadalupe fue asesinado y otras siete personas resultaron heridas. Cinco
mujeres fueron secuestradas durante más de ocho meses y vejadas de la peor
manera. Ese mismo grupo paramilitar se apoderó del manantial de Ayutla Mixe y
dinamitó los tanques y los ductos de agua de la localidad. Del despojo de la
tierra se pasó al del agua, derecho garantizado por la Constitución. En dos
años este crimen no ha sido resuelto.”
Esta
comunidad de la sierra norte de Oaxaca no tiene agua potable, los pobladores
hoy viven con miedo y han resistido. En comunidad han decidido aguantar
pacíficamente, desechan cualquier posibilidad de violencia, extrañamente –y lo
digo por estos tiempos violentos– buscan la herramienta del diálogo para
resolver su conflicto. Sin embargo, no han sido escuchados, el gobierno estatal
ha archivado el tema en el cajón de conflictos comunales y no le ha dado la
importancia necesaria, lo dice claro la activista “ha habido una negligencia
sistemática”.
En pleno
invierno la sequía los ahorca, cientos de familias están en situación de
extrema vulnerabilidad, a través de su palabra, la activista busca más puentes
“buscamos cualquier organismo que permita dar una solución pacífica a esta
necesidad apremiante que es el agua y la justicia a lo que hemos vividos, somos
cinco mil personas”.
No es una
lucha por una candidatura, no se trata de rencillas sindicales, de mexicanos
robando gasolina o de simulaciones en el presupuesto federal, no, se trata de
una lucha por la vida, por el agua, para seguir existiendo.
(Es
indispensable leer a @yasnayae en Twitter)
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