Por José Gil
Olmos.
¿Por qué si en redes sociales, en la
opinión pública y en el sector empresarial hay tantas críticas en contra de
Andrés Manuel López Obrador, las encuestas señalan que tiene un 80% de
aprobación ciudadana? ¿Cuáles son las razones de esta disociación entre quienes
pregonan que la Cuarta Transformación de este gobierno es una transformación de
cuarta y amplios sectores de la población que siguen confiando en el
presidente?
¿Por qué el sector empresarial,
representado por Mexicanos contra la Corrupción, siguen una estrategia
mediática de denostación denunciando los casos de cohecho en el gobierno actual
sin hacer lo mismo con los empresarios que han hecho de la corrupción un gran
negocio, mientras que no mejoran las condiciones laborales de sus trabajadores?
¿Qué papel ha tenido el empresariado en el proceso de democratización del país?
Los 100 días del gobierno de López
Obrador ofrecen una oportunidad para hacer estos y otros cuestionamientos sobre
un presidente y su gobierno que ha roto cartabones a los que no acostumbramos
durante 90 años de gobiernos del PRI y PAN que, en el ejercicio del poder, no
mostraron ninguna diferencia: la complicidad en la corrupción y el impulso del
capitalismo más atroz que ha beneficiado a un mínimo de la población compuesta
por empresarios, banqueros, inversionistas y grandes comerciantes, contra el
resto de la población cuyos márgenes de bienestar se han ido deteriorando y
reduciendo hasta llegar a los límites de la marginación.
La disociación entre la crítica más
feroz de los sectores conservadores y el apoyo mayoritario de la población
reflejado en las recientes encuestas, tal vez se deba a que una gran parte de
la gente sigue creyendo en el discurso de López Obrador y en sus intenciones de
mejorar la situación precaria que se vive día a día.
Se mantiene una percepción social
favorable hacia las acciones del presidente para combatir los vicios
privilegiados del grupo gobernante: la corrupción, la desigualdad económica, el
amiguismo, el compadrazgo, el crimen institucionalizado, el influyentismo y
otros males.
Por otro
lado, existe una percepción social
desfavorable hacia los empresarios a los que no se les ve interesados ni
comprometidos en combatir en sus filas la corrupción, el lavado de dinero, los
negocios millonarios, el desdén a las leyes para beneficio propio, la
concentración de la riqueza, la opacidad en sus declaraciones de impuestos, los
privilegios al amparo de las influencias y la falta de compromiso social.
Nada es
casual, todo es causal. Hay causas que
explican la enorme expectativa ciudadana que genera el gobierno de López
Obrador a pesar de sus contradicciones en la estrategia de combate al crimen
organizado, el retiro del subsidio a las agrupaciones de la sociedad civil, la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el
despido de miles de burócratas, la cancelación de la reforma educativa…
La razón esencial es que López
Obrador le sigue hablando a la gente y no a los sectores económicos y políticos
que se han beneficiado de las políticas neoliberales en las últimas cuatro
décadas. Sus interlocutores directos son esos grupos sociales a los cuales se
les privó por muchos años de los beneficios económicos, se les marginó de las
políticas financieras y se les dio un trato de segunda con dádivas
paternalistas mediante programas de gobierno asistencialistas.
En sentido
contrario, los empresarios,
inversionistas, banqueros y grandes comerciantes, se han alejado de la gente y
sólo han buscado el beneficio de las políticas públicas de los últimos cinco
presidentes. La llegada de López Obrador a la presidencia la vieron como una
amenaza a sus intereses, calificando negativamente su política, acusándola de
populista, anacrónica y autoritaria.
Pero no se dan cuenta que ellos, los
más beneficiados del modelo económico, han sido por años los grandes ausentes
de las acciones de cambio que requiere el país para salir de la crisis, que han
carecido de un discurso que los acerque a la gente y de compromisos que
impulsen cambios sociales que beneficiaría a todos.
Por cierto… Hace una década la Secretaría de Hacienda
informó que 400 grandes empresas en el país generaron ingresos por casi cinco
billones de pesos y que amparados en privilegios fiscales apenas pagaron 1.7%
de Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2011 se denunció que el sector privado
adeudaba 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con
reportes de Hacienda, y que la mitad de ese monto –232 mil millones de pesos–
lo concentran 60 consorcios cuyos dueños siguen siendo los mismos que hoy
critican a López Obrador. A la mitad de la administración de Enrique Peña Nieto
las autoridades fiscales perdonaron 188 mil millones de pesos en impuestos a
diversas empresas por cancelación y condonación de créditos fiscales, de los
que tan solo 15 empresas han concentrado la mayor parte de los beneficios, de
acuerdo con el informe ‘Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para
unos cuantos’, del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
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