Suicidio por una injusticia.

Raymundo Riva Palacio.

René era un niño el 19 de junio de 2016, cuando la Policía Federal, según la recomendación de la CNDH dada a conocer al año siguiente, utilizó excesiva y letalmente la fuerza en Nochixtlán, y cometió graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces responsable de ese cuerpo, Enrique Galindo, para disolver un bloqueo carretero en protesta por la reforma educativa.

Los policías federales entraron en Nochixtlán en domingo, día de plaza, y el repiqueteo de las campanas alertó de la incursión. El padre de René, como muchas otras personas que no participaban en la movilización de los maestros, vio amenazada su comunidad y salieron a defenderla. La policía arremetió sin discriminación y dispararon sus armas de alto calibre. Una bala impactó en la pierna del padre de René, que fue rescatado por su hijo y sus dos hermanos. Los federales los embistieron y jalaron por las calles a René, para coronar estrellándole sus escudos en la pierna, rompiéndosela.

El padre de René era cabeza de familia y se ganaba la vida realizando varios oficios en Nochixtlán. Pero tras el disparo nunca volvió a quedar bien. El trabajo, que requería de la fuerza de sus piernas y brazos, se vio mermado por sus incapacidades físicas y la familia entró en una crisis. La economía familiar se descompuso y la crisis económica se volvió profunda. René y sus hermanos sintieron esa presión, y contra el deseo de sus padres llegaron a la Ciudad de México hace no mucho tiempo, para trabajar y enviar el dinero de regreso a Oaxaca.

De los tres, René, el mayor, era quien más golpes recibió de los federales. Le aplicaron el Protocolo de Estambul y en prácticamente todas las pruebas salió positivo. Lo habían torturado. Fue uno de los sobrevivientes de Nochixtlán que fue incorporado al Registro Nacional de Víctimas, pero nunca recibió, como sus hermanos, ningún apoyo de contención, que es un apoyo emocional al cual tenían derecho. En ese contexto se mudó con sus hermanos a la Ciudad de México y encontraron un cuarto en donde vivir en la colonia Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El sábado pasado, al mediodía, encontraron a René colgado en su cuarto. El hijo mayor de la familia agredida en Nochixtlán se había suicidado. No dejó ninguna nota que explicara su muerte. El domingo fue trasladado a su tierra oaxaqueña, donde recibió sepelio. El suicidio de René no fue un caso aislado. Al menos tres intentos de suicidio se han registrado desde la masacre de Nochixtlán entre los sobrevivientes. No hay estudios aún sobre las razones por las que han llegado al extremo de quitarse la vida algunos de quienes fueron reprimidos hace ya casi tres años, pero ni ellos ni nadie de los agredidos por la Policía Federal, sin que la indagatoria de los hechos les hubiera hecho justicia legal, han visto resultados de la investigación.

La investigación sobre lo que sucedió en Nochixtlán está detenida. “¿Qué sucedió el domingo 19 de junio donde murieron cuando menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con los pies heridos por las bombas caseras que les explotaron?”, se preguntó en este espacio en octubre de 2017. “Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, y lo que estaba informando el gobierno federal en voz del entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán ‘sin ningún tipo de incidente’, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de los mexicanos”.

En aquél entonces, Galindo refutó en privado que era falso lo escrito y que habían actuado correctamente. Quince meses después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al gobierno federal. Pero no hubo mucho más. Las autoridades federales interrogaron a unos dos mil policías y a más de 600 funcionarios. De las más de 50 víctimas en Nochixtlán, sólo se entrevistó a 30.

El abuso y la impunidad han acompañado lo que sucedió aquél domingo. Un policía que mató a un joven de 18 años fue detenido, y menos de 48 horas después fue liberado sin que haya una sola orden de aprehensión por ese crimen. Un anciano en Huitzo, a unos 40 kilómetros de Nochixtlán, que no tuvo nada que ver con los bloqueos ni estuvo en la refriega, fue detenido por policías federales que, además, le deshicieron los testículos a patadas. Tampoco se castigó a los responsables de este abuso.

La documentación que hay sobre lo que sucedió en Nochixtlán es abundante. Hay informes del Cisen que muestran la profunda infiltración del movimiento magisterial y de las mesas de tomas de decisiones, que habrían permitido, con un trabajo de inteligencia, evitar la masacre que cometieron los federales. Existen los oficios en los hospitales que narran cómo los federales pidieron que no se atendiera ni a civiles ni a maestros. Existen videos donde se muestra el uso y abuso de la fuerza policial que fueron incorporados a la denuncia de las víctimas de Nochixtlán, que no ha tenido seguimiento. Las peticiones para que fueran interrogados Galindo y el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, jamás fueron atendidas.

Nochixtlán es un caso de represión que dejó abierto el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por tanto, es una oportunidad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer justicia para aquellos que ha prometido defender.