La Comisión
Federal de Electricidad (CFE) ha
interpuesto 22 denuncias contra 17 usuarios del Estado de México que se oponen
al proyecto de modernización de la red de distribución de energía eléctrica.
Sayuri
Herrera Román, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
OP AC, organización que los defiende, explicó que estas personas son
integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica
(ANUEE) que han protestado por los
trabajos que la CFE, sin autorización, realiza en sus casas.
La abogada explicó que, de abril a
noviembre de este año, 18 personas de la ANUEE han sido detenidas de manera
injustificada en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli,
Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco por policías
municipales que los remiten ante autoridades federales.
Vía
telefónica, expuso que en cada uno de
los casos se ha logrado la libertad de los usuarios. Sin embargo, siguen los
procesos abiertos en su contra.
Mencionó
como ejemplo lo vivido por Manuel Damián Mendoza y José Pedro Moreno,
habitantes de Naucalpan detenidos “con engaños” por policías municipales, el
pasado 9 de agosto.
“Cuando estas personas, junto con
otros vecinos, solicitaron a la empresa (CFE) que les explicara sobre los
trabajos que estaban realizando en la zona, ésta les negó información, solicitó
la intervención de la policía municipal y los detuvieron.
“A ellos (a Manuel y a José) les
dijeron que la información que pedían se las iban a entregar con un juez
cívico, y cuando ya estaban a bordo de la patrulla les informaron que eran
detenidos y fueron llevados de inmediato a la Subdelegación de la Procuraduría
General de la República (PGR) en Naucalpan.”
Herrera Román dijo que ambos
permanecieron detenidos 48 horas y siguieron su proceso en libertad.
El 16 de
octubre, el juez Saúl Cota Murillo,
adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, resolvió la “no
vinculación a proceso” en favor de Manuel Damián Mendoza y José Pedro Moreno,
señalados por las autoridades federales de cometer el delito de “oposición a
obra o trabajo públicos”, previsto en el Artículo 185 del Código Penal
Federal.
El juez consideró que la imputación
consistía “en un acto de criminalización de la protesta social”, destacó la
abogada. Sin embargo, la CFE y la PGR, cada una por su cuenta, apelaron la
determinación del juez Cota.
Así, el
pasado 24 de noviembre, explicó Herrera,
la magistrada Sara Olimpia Reyes García, titular del tribunal unitario
especializado en materia penal del segundo circuito, ratificó la no vinculación
contra Mendoza y Moreno.
“Integrantes de la ANUEE se han visto
hostigados por cuerpos de policías municipales y federales en contextos del
ejercicio de la libertad de expresión y manifestación. Exigen detener los altos
cobros de luz, el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano
y expresan su oposición al proyecto de modernización, consistente en la
instalación impuesta de medidores de luz y de cableado de aluminio, sin que
esta empresa consulte o avise a las personas afectadas”, agrega, en un comunicado, el centro
de derechos humanos.
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