Alberto
Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en
suplencia del titular de la PGR, destacó
que ya se trabaja en una iniciativa para la construcción de una Ley Nacional
contra la Delincuencia Organizada.
En el marco
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Elías Beltrán explicó que, en conjunto con las fiscalías y
procuradurías del Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, se trabaja
en un anteproyecto de la iniciativa de ley en la materia para someterlo el
siguiente año a la consideración de la Conferencia.
Lo anterior, argumentó, debido a que
“la delincuencia organizada tiene capacidades y recursos financieros
suficientes para corromper la esfera pública y así debilitar el orden
constitucional. De hecho, en la última década, en nuestro
país se ha diversificado el fenómeno delincuencial y ha traído, como
consecuencia, múltiples condiciones que favorecen la impunidad y que dificultan
la acción persecutoria del Estado”.
También
mencionó que, basada en el espíritu del
federalismo cooperativo, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
debe encontrar soluciones comunes a las necesidades de seguridad, paz, justicia
y honestidad que demanda la sociedad, particularmente en cuatro de los diez
principales problemas que afectan a la sociedad mexicana, entre ellos
inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico.
Además,
agregó, la delincuencia organizada ha
propiciado operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de mayor
violencia.
Derivado de
la necesidad de una política criminal que establezca, con claridad, las
prioridades a enfrentar respecto del conglomerado delictivo, no se puede omitir ni negar que los cuatro
grandes problemas antes mencionados por la Encuesta del Inegi: Inseguridad,
corrupción, impunidad y el narcotráfico son potencializados por el fenómeno de
la delincuencia organizada.
El
funcionario explicó:
“Esta forma de criminalidad es una
manifestación exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros
factores, por mayores términos de violencia, un alto beneficio económico de sus
acciones, una estructura criminal materialmente institucionalizada y la pérdida
de espacios públicos y descomposición del tejido social”.
El combate a
este fenómeno de violencia recae en la competencia federal, de acuerdo con la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Además, el marco jurídico actual
limita la capacidad de las instituciones locales de procuración de justicia
para combatir a la delincuencia organizada o coadyuvar en su combate.
Por ello,
sin perder de vista que se trata de un fenómeno multifactorial que no sólo debe
enfrentarse desde el ámbito de seguridad y justicia, en la Conferencia se
planteó el cómo mejorar el marco jurídico para que las 33 fiscalías y
procuradurías afronten al crimen organizado.
Este
planteamiento, en principio, pudiera generarse sobre las siguientes premisas: Reconocer que su combate debe implicar una
responsabilidad compartida, con límites debidamente identificados entre
Federación y entidades federativas.
Además, establecer una política criminal que
priorice la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos de
delincuencia organizada.
Asimismo, fortalecer las capacidades de las
instituciones de procuración de justicia locales para combatir la delincuencia
organizada, y por último establecer mecanismos de colaboración, cooperación y
coordinación para el intercambio de información en todos los órdenes de
gobierno y niveles regional, nacional e internacional.
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