En el marco del décimo primer
aniversario del inicio de la estrategia de guerra interna de Felipe Calderón,
que desde ese 11 de diciembre de 2006 pobló de cadáveres el país, y justo en el
año más violento de las más recientes dos décadas, Enrique Peña Nieto ha
logrado armar una coalición legislativa, política y mediática para que en
México no haya más ley que la del Ejército y la Marina, con toda su lógica de
muerte.
Está claro que no valen razones: No
se escucharon las objeciones de los expertos en la Cámara de Diputados, que
aprobó la Ley de Seguridad Interior sin más, ni se atendieron los argumentos en
el Senado, que anoche la ratificó en comisiones y que está en curso hacerlo en
el pleno.
Tampoco valen para los senadores que
maneja Peña, los del PRI y los testaferros de Felipe Calderón –y toda la recua
de opinadores en medios–, las objeciones de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), y tampoco del Alto Comisionado de la ONU para los
derechos humanos, el organismo de naciones que vela por la vigencia de éstos.
Y si no ha
escuchado a estos organismos, menos lo
ha hecho con las instituciones de educación superior del país, como la UNAM, la
Universidad de Guadalajara y la Iberoamericana, y con mayor razón ningunea a
las organizaciones no gubernamentales.
Un procedimiento así no corresponde a
un Estado democrático de derecho, sino a una dictadura, un gorilato en el que
el Ejército podrá matar. Ya lo hace, está ampliamente documentado, pero en el
futuro lo harán bajo la protección de una ley que terminará afectando hasta a
sus defensores de hoy.
El poder civil se ha desvanecido y,
en los hechos, el Ejército y la Marina asumen el control del país, pero no para
combatir a los criminales –que aun con las tropas en las calles siguen
delinquiendo–, sino para liquidar toda inconformidad social, política y
electoral.
El primer
compromiso que deben asumir los aspirantes a gobernar México es convalidad o
hacer el compromiso de abrogar esta legislación que deshonra al propio Ejército
y a sus promotores.
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