La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió
este día una recomendación a las autoridades federales y al municipio de Benito
Juárez, en Quintana Roo, debido a la remoción de un manglar para la realización
del “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar).
En un
comunicado, el organismo aseveró que el
desmonte y despalme de la vegetación de humedal, sin plena observancia de la
legislación ambiental, incurrió en actos y omisiones que “violentaron los
derechos humanos, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad”.
La CNDH, explica el comunicado, “detectó
irregularidades relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de
las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo
por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).”
Además, esta misma dependencia otorgó permisos de
chapeo y desmonte en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en favor del
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La omisión de medidas eficaces para
garantizar el desarrollo sostenible y la resiliencia, el combate a los efectos
del cambio climático, la detención e inversión de la degradación de las tierras
y frenar la pérdida de la diversidad biológica, son para la CNDH, la
demostración de que existió una indebida fundamentación y motivación en las
autorizaciones emitidas.
Por su
parte, añadió, el municipio de Benito
Juárez y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no
verificaron debidamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de las
autorizaciones otorgadas.
Ante todas estas “violaciones”, la
Comisión “recomienda a la Semarnat y al municipio de Benito Juárez diseñar e
implementar un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica, con
participación de sociedad civil y al Fonatur, para suprimir las prácticas
administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o
actividades que afecten o dañen los manglares, y desarrollar medidas de
protección a esas áreas”.
Además, la Profepa y el gobierno de Benito Juárez
“tendrán que incrementar la inspección y verificación en materias de impacto
ambiental, cambio de uso de suelo y vida silvestre, en terrenos con vegetación
de humedal, y en especial con presencia de manglares, en dicha entidad, e
iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa a que
haya lugar, hacerlos del conocimiento de la autoridad competente y darles seguimiento
hasta su conclusión”.
La Semarnat, añade el comunicado, deberá
rastrear e identificar resoluciones que aprueben o prorroguen autorizaciones de
impacto ambiental, y de haber sido otorgadas sin acatar la normatividad
vigente, deberán promover juicios de lesividad; asimismo, deberá garantizar que
sus unidades administrativas soliciten opinión o dictamen técnico en materia de
vida silvestre; y desarrollar criterios técnicos actualizados y estandarizados
de evaluación y otorgamiento de autorizaciones.
“Todas las
autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de la
queja administrativa que presente ante la instancia correspondiente por las
irregularidades señaladas; incorporar copia de esta Recomendación en los
expedientes de los servidores públicos involucrados y capacitar a su personal
en derechos humanos y debida diligencia.”, concluyó el organismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.