El juez instructor del caso de la
profesora Elba Esther Gordillo, Alejandro Caballero Vértiz, falleció el
miércoles 16 de un paro cardiorrespiratorio, en su domicilio en la capital del
país.
Como titular
del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Caballero Vértiz llevaba el caso de la exjefa del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde que fue consignada por la
Procuraduría General de la República (PGR), en febrero de 2013, al inicio del
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Apenas el martes pasado, Caballero
Vértiz había negado a la PGR endurecer el aislamiento de prisión domiciliaria
de Gordillo, a quien el gobierno de Peña acusó de delincuencia organizada y
lavado de dinero.
En febrero, el juez hizo eco de la PGR para limitar sus
contactos con el exterior, pues según la Procuraduría, “podría desestabilizar
la paz y la seguridad del Estado mexicano”. Su defensa alegó violación a sus
derechos humanos.
La resolución del juez ocurrió
semanas después de que el nieto de la exlíder sindical, René Fujiwara, se
sumara a la operación electoral a favor del candidato presidencial de Morena,
Andrés Manuel López Obrador.
Juez desde
2001, Caballero Vértiz resolvió asuntos
relevantes relacionados con el narcotráfico, como la orden de aprehensión que
dictó en contra del exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero,
para que fuera extraditado a Estados Unidos.
Caro
Quintero fue posteriormente puesto en libertad por un Tribunal Colegiado, en
agosto de 2013, aunque poco después la Suprema Corte de Justicia revirtió ese
fallo. Desde entonces, el excapo se encuentra prófugo.
El juez también autorizó la
extradición de Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo, hijo de
uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.
En el gobierno de Felipe Calderón,
Caballero Vértiz también concedió el arraigo en contra del extitular de la
entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, Noé Ramírez Mandujano, acusado por la propia PGR de proteger al
narcotráfico. El funcionario obtuvo su libertad años después debido a que fue
consignado con pruebas falsas.
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